Este miércoles se declara
oficialmente la segunda Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en
Veracruz. La primera, por violencia feminicida, se decretó en 11 municipios, el
23 de noviembre de 2016. Ahora, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres (Conavim), a través de la Secretaría de
Gobernación, declara esta segunda alerta por agravio comparado (AVGAC); es
decir, por existir en la entidad un marco normativo o una política pública que
violenta los derechos de las mujeres, en específico los sexuales, reproductivos
y de salud.
Equifonía,
Colectivo por la ciudadanía, autonomía y libertad de las Mujeres, la
organización civil firmante de la solicitud de esta alerta argumentó, al pedirla, que, en el estado, las mujeres se enfrentan con
regulaciones restrictivas, así como con diversos obstáculos para el acceso a
servicios para un aborto seguro cuando han sido víctimas de una violación
sexual o cuando su salud está en riesgo.
A pesar de la existencia de causales
de no punibilidad (aquella conducta a la que se tiene la posibilidad de aplicar
una sanción o pena jurídica) contempladas en el marco normativo de Veracruz,
todavía hay falta de conocimiento y capacitación, aunados a prejuicios sexistas
y temores en el sector salud y en los operadores de justicia, lo que impide a
las mujeres acceder a la interrupción legal del embarazo y las criminaliza.
María de la
Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional contra el
Feminicidio (OCNF), señala que en ese
estado se tienen registrados 500 casos de menores de edad violentadas sexualmente
y, sin embargo, “la autoridad se niega a autorizar los abortos, argumentando
que el marco legal les genera incertidumbre, y que ellos no practican abortos
voluntarios, cuando todos son voluntarios”.
No
cumplieron.
Una vez solicitada la alerta de género
en el estado, se estableció un grupo de trabajo para generar un informe sobre
la situación en la entidad y emitir recomendaciones. El gobierno de Veracruz
tenía seis meses para cumplirlas, de lo contrario, se declararía la AVGAC.
De acuerdo
con el informe de este grupo, la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que del 1° de enero de 2015 al 30
de abril de 2016 se iniciaron 15 investigaciones ministeriales y siete carpetas
de investigación por el delito de aborto. Además, el grupo documentó al menos
nueve casos de mujeres encarceladas por homicidio, todas ellas vivían en
condiciones de pobreza al momento de ser denunciadas. La mayoría son indígenas.
Por lo tanto, una de las
recomendaciones clave fue que el titular del ejecutivo presentara al Congreso
la iniciativa de reforma a los artículos 149, 150 y 154 del código penal. “Esta
medida tan importante no se cumplió”, afirma Araceli González Saavedra, directora de Equifonía.
El texto
vigente del artículo 149 señala que comete el delito de aborto quien interrumpe
el embarazo en cualquiera de las etapas. La propuesta de reforma solicitada era
estipular que el aborto es la interrupción del embarazo después de la décima
segunda semana de gestación.
El artículo
150 asienta que a la mujer que se provoque o consienta que se le practique un
aborto, se le sancionará con tratamiento en libertad, consistente en la
aplicación de medidas educativas y de salud. La reforma solicitada iba en el
sentido de cambiarlo por: la aplicación de medidas específicas e integrales con
respeto a los derechos humanos.
Además, el grupo de trabajo estimó
pertinente solicitar la revisión del primer enunciado del Artículo 154, que a
la letra dice: “el aborto no es punible cuando”. En opinión de las expertas, la
concepción de no punibilidad implica una criminalización, aun cuando no medie
una sanción o una pena después de un proceso penal.
González
Saavedra señala también, que en el estado
de Veracruz las mujeres continúan enfrentando una regulación restrictiva para
el aborto, en la que destaca la ausencia de la causal de riesgo para la salud.
“Es importante la ampliación de las causales para el aborto legal, sobre todo
la de salud, que no está considerada en la legislación de Veracruz, solo se
considera cuando está en riesgo la vida de la mujer”, explica.
La
coordinadora del OCNF afirma que el
gobierno de esta entidad ha mostrado cerrazón ante la salud reproductiva de las
mujeres. “Tenemos todos los recursos jurídicos y legales y vamos a pedir que el
gobierno de (Miguel Ángel) Yunes diga cómo van a cumplir, porque no les importa
que se decrete la alerta. Algunos diputados declararon eso, que no les importa
que les decreten mil, que ellos defienden la vida desde la concepción. Lo de
atender las recomendaciones fue una simulación, pero nosotros vamos a pedir que
se establezca una ruta de acción y pruebas de avance”.
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