Tú tan amnistía, ellos tan #leydeseguridadinterior

Salvador Camarena.

Al fin estamos hablando de inseguridad y violencia, así sea por la declaración de Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que, entre las opciones para pacificar a México, no descarta una amnistía a los victimarios.

A AMLO hay que reclamarle que toque un tema tan espinoso –negociar con criminales– y que tras poner ese asunto en la mesa no se haga cargo del mismo.

Ante ese silencio irresponsable –porque hablamos sobre todo de una materia que afecta a decenas de miles de familias–, el espacio mediático se ha llenado de condenas de toda lid, especulaciones sobre la real motivación que habría tenido el tabasqueño para sacar de la chistera tan atrabiliaria propuesta, y hasta algún reconocimiento por cómo el jefe de Morena impone la agenda (¿?).

AMLO desespera a fieles y detractores con su proceder. Pero al final de cuentas, él, que de mala gana fue en 2011 a los diálogos de Chapultepec con las víctimas, se ha metido en el callejón donde se estrellan las preguntas, que tanto cuesta a los candidatos responder, sobre qué hacemos con la violencia.

Y si en AMLO apreciamos a un tipo que peca de desarticulación en la materia, en la acera de enfrente, compuesta por el PRI pero también por PRD y PAN, el defecto es el contrario: la Ley de Seguridad Interior es muy articulada en la pérdida de derechos y la cesión del poder civil a las fuerzas armadas, por lo que uno no atina a decidir qué es peor, las palabras improvisadas del candidato eterno o la rendición de los principales partidos al orden castrense en la iniciativa ya aprobada en la Cámara de Diputados.

Entre el AMLO de: “Si es necesario… vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía, siempre y cuando se cuente con el apoyo de las víctimas, los familiares de las víctimas. No descartamos el perdón”, y lo que advierte la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ayer alertó de que la Ley de Seguridad Interior generaría “riesgos para la vigencia de los derechos humanos, no aportaría soluciones reales para los enormes retos que en materia de seguridad enfrenta el país (…), reduciría los incentivos para profesionalizar a las instituciones civiles y favorecería la consolidación del paradigma militar en materia de seguridad, el cual no ha reducido la violencia y ha aumentado las violaciones a los derechos humanos”.

En un detallado documento, el Alto Comisionado de la ONU en derechos humanos enumera catorce aspectos que le resultan preocupantes de la ley que ha pasado al Senado para su discusión (es un decir).

Destaco apenas unas cuantas líneas de uno de ellos:

“4. Sometimiento de la autoridad civil al mando militar. Cuando intervengan las Fuerzas Armadas, corresponderá a los secretarios de la Defensa Nacional y Marina proponer a un comandante de las Fuerzas Armadas para que dirijan los grupos interinstitucionales. Lo anterior cancela que la autoridad civil que encabeza las tareas previstas por la ley –según el artículo 5 la Secretaría de Gobernación– tenga la capacidad de proponer a quien dirigirá a los grupos institucionales”.

Pero hay más, mucho más, desde ambigüedad de conceptos, la ausencia de controles, indebida regulación del uso de la fuerza, afectaciones a la protesta social, ausencia de transparencia, etcétera.

Ojalá se debata por igual la ocurrencia del perdón a los criminales hecha al calor de un mitin en una de las zonas cero del dolor nacional, que la ley que no sólo perpetúa, sino que empodera la estrategia militar que no ha dado resultados.