La presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Nashieli Ramírez Hernández,
solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la realización de
“audiencias públicas” para analizar las impugnaciones presentadas contra la Ley
de Seguridad Interior (LSI) debido al “interés nacional e internacional” que
genera la legislación.
Luego de
presentar una controversia constitucional contra la LSI ante la Oficialía de
Partes de la Corte, explicó que ante la
controversia que ha suscitado la aprobación de la ley, la CDHDF solicitó en el
documento entregado este lunes “que en su análisis los ministros de la SCJN
incorporen las audiencias públicas y que les den una prioridad”.
La ombudsperson
capitalina añadió que la petición a los
ministros de la Corte se justifica en el “interés nacional e internacional de
la ley, porque impacta a la vida y convivencia de todos los mexicanos”.
En el caso de la controversia
presentada este lunes, explicó que la CDHDF impugna los artículos 31 y tercero
transitorio de la LSI, al considerar que la legislación “invade nuestra
competencia y no nos permitiría cumplir cabalmente nuestra obligación de
protección y garantía de derechos”.
Según
recordó, en dichos artículos se obliga a
los organismos públicos autónomos como la CDHDF a proporcionar información que
genere, administre o tenga en posesión, “no obstante de quien se trate ni de la
condición que tenga como víctima ni la vulneración de la que haya sido objeto,
lo cual genera una condición de riesgo para ellas”.
Ramírez Hernández puntualizó que la
CDHDF es “un órgano que trabaja sobre la privacidad y los datos personales de
personas que están siendo sujetos a procesos de protección, no sólo de sus
datos sino de su integridad física y su vida como puede ser una persona
desaparecida o que ha sido torturada”.
Al resaltar
que por la forma que está redactada la
LSI persisten “riesgos básicamente para las víctimas, que estarían a la deriva
porque no tendría protección su información”, Nashieli Ramírez destacó que
en febrero próximo la CDHDF apoyará con
un amicus curiae las acciones de inconstitucionalidad y las controversias
constitucionales presentadas por la Cámara de Diputados, la de Senadores, la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), el
ayuntamiento de Cholula y las impugnaciones que se sumen.
El cuarto
visitador de la CDHDF, Juan Carlos Arjona, explicó que además de las víctimas,
el mismo organismo público se vería afectado, toda vez que el artículo 31 de la
LSI, “establece no en una situación de poder colaborar o coordinar esfuerzos,
sino que impone una obligación de deber”.
Es decir, que si el Ejecutivo o, en su caso, las
Fuerzas Armadas exigen información a la CDHDF, “bajo esta ley no nos podríamos
oponer o de lo contrario ello nos derivaría en responsabilidades
administrativas, según el artículo de esta misma ley, lo que derivaría hasta la
destitución de las personas que están encargadas de los organismos autónomos”.
Al insistir que es “inaceptable” que
el Ejecutivo solicite información a un órgano autónomo, el funcionario insistió
en que la CDHDF tiene “la obligación de proteger los derechos ARCO (acceso,
rectificación y oposición), de proteger la información que las víctimas nos
comparten y nos ponen a nuestro resguardo para hacer investigaciones”.
El visitador
advirtió que, teniendo la CDHDF entre sus “funciones proteger la información de
estas personas, el hecho que la pidan otras autoridades las puede poner en mayor
riesgo”.
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