La Fiscalía de México deberá informar
sobre el número de personas, entre ellos funcionarios de Petróleos Mexicanos
(Pemex), que han declarado por el caso Odebrecht, indicó hoy el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El INAI ordenó a “la Procuraduría General de la
República (PGR) dar a conocer el número de personas que, hasta el 28 de agosto
de 2017, han sido llamadas a declarar por el caso Odebrecht”, detalló el
organismo en un comunicado.
La información deberá estar
desglosada por el número de servidores públicos o ex funcionarios de Petróleos
Mexicanos y, en su caso, si han declarado directivos de Odebrecht, así como dar
a conocer el número de fojas que conforman la referida carpeta de
investigación.
En respuesta
a un particular que solicitó dicha información, la PGR, por conducto de la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, señaló que los documentos que sustentan
la investigación eran considerados como reservados por cinco años o por el
periodo del cual subsistan las acciones de persecución.
Inconforme,
el particular interpuso un recurso de revisión ante el INAI, en tanto la PGR
reiteró su respuesta original.
En la sesión
del pleno, el INAI coincidió en que es
procedente el acceso a la información, previa ponderación, al existir un
interés público que prevalece sobre el supuesto de reserva, tal y como
establecen las leyes Federal y General de Transparencia.
Además, la información requerida se refiere a
aspectos cuantitativos sobre la actividad desplegada por la PGR con motivo del
caso Odebrecht, “por lo que no se solicitan aspectos específicos que pudieran
afectar, directa o indirectamente” las pesquisas.
La
constructora Odebrecht está envuelta en un escándalo tras admitir el pago de
sobornos en 12 países por unos 788 millones de dólares.
En México, el caso apuntó hasta al
director general de Pemex entre 2012 y 2016, Emilio Lozoya, acusado de recibir
10 millones de dólares de la petrolera.
El pasado
diciembre, México impuso una sanción a Odebrecht y la inhabilitó durante cuatro
años para obtener contratos públicos en el país, después de que se demostrara
el cobro indebido de 119 millones de pesos (6.2 millones de dólares) en el
proyecto de una refinería.
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