La Auditoría Superior
Federación (ASF) detectó desvíos de hasta mil 300 millones de pesos en las
secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu) durante la gestión de Rosario Robles Berlanga, informó este día
Reforma.
De acuerdo con el diario capitalino, los desvíos se habrían realizado a través de pagos a empresas fantasma,
a las que, en algunos casos, les encargaron parte de los trabajos solicitados
por las dependencias.
La ASF realizó tres
auditorías a recursos ejercidos en 2014 y 2015, y detectó que parte de ese
dinero fue transferido a Monex y CI Banco para después ser repartido en cuentas
domiciliadas en distintos países.
Monex recibió un total
de 37.1 millones de pesos, con los que se compraron dólares que fueron
transferidos a cuentas en China, Ecuador, Bélgica, Israel y EU a nombre de
Desarrollo Comercial El Olivo y Servicios Empresariales Helte. En CI Banco se
depositaron 28.9 millones de pesos, tranferidos a America Highway Electronics
Network y Comercializadora Texdenim, en Corea del Sur, China y Pakistán.
Rosario Robles estuvo al frente de la Sedesol de diciembre de
2012 al 26 de agosto de 2015. En esta dependencia, de acuerdo con Reforma, el
desvío se hizo a través la contratación de Radio y Televisión de Hidalgo, cuyos
contratos se firmaron en marzo, mayo y septiembre de 2014, y después en enero y
febrero de 2015.
Mientras que en la Sedatu– que empezó a dirigir del 27 de
agosto a la fecha– los contratos fueron con el Sistema Quintanarroense de
Comunicación Social, firmados en julio, septiembre y octubre de 2015.
La Auditoría explicó
que con esos convenios ambas dependencias evadieron los requisitos de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
En total, Sedesol y
Sedatu subcontrataron a 84 proveedores, de los cuales, al menos 13 resultaron
ser empresas fantasmas-.
El medio nacional
explicó que las auditorías– con las claves D17002, D17011 y D17012– concluyeron
el pasado 19 de enero y su realización fue autorizada en marzo, julio y agosto
del año pasado tras recibir denuncias.
Las auditorías deberán
ser entregadas a la Cámara de Diputados y, en caso de que no los entes
fiscalizados no puedan desvirtuar las irregularidades, la ASF podrá interponer
una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).
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