A cinco meses del sismo de 7.1 grados, los 8 mil 792 millones de pesos para la reconstrucción en la Ciudad de
México, que tomará entre cinco y seis años, no son utilizados en las
necesidades detectadas por la Comisión para la Reconstrucción porque fueron
controlados con fines político-electorales por tres diputados de la Asamblea
Legislativa, aseguraron la organización civil Nosotrxs, la oposición y
damnificados, quienes no han tenido acceso a ese dinero ni al de las donaciones
internacionales y privadas.
“Los riesgos siguen
latentes, seguimos en las mismas que hace cinco meses, sin regresar a nuestros
hogares. Muchos de nosotros sin dictámenes estructurales, en el limbo jurídico,
sin diálogo real con autoridades ni mucho menos tenemos idea de a qué podemos
acceder si es que alguna vez llegarán los recursos a nosotros”, aseguró en entrevista Vania Salgado,
de Damnificados Unidos de la Benito Juárez, quien después de que su departamento
en la colonia Narvarte se averió tuvo que regresar a vivir con sus padres en la
Delegación Xochimilco. Ahora hace más de dos horas a su trabajo.
Luego de la renuncia de
los comisionados Ricardo Becerra, Mauricio Merino y Katia D’artigues por la asignación
de recursos al margen de la Comisión para la Reconstrucción, este fin de semana
el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, envió a la Comisión de
Gobierno de la Asamblea Legislativa, coordinada por el perredista Leonel Luna
Estrada, una iniciativa para modificar el artículo 13 y 14 del decreto de
Presupuesto de Egresos de 2018 para “dar certidumbre” al uso de recursos para
la reconstrucción. Luna se comprometió a trabajarlo en conjunto.
Sin embargo, la
organización Nosotrxs y Morena consideraron la iniciativa “tardía” e
“insuficiente”.
Los diputados señalados
de controlar los recursos públicos son Leonel Luna Estrada, de la Comisión de
Gobierno (PRD), Mauricio Toledo Gutiérrez, presidente de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública (PRD), y Jorge Romero Herrera (PAN), lo han negado
desde finales de enero. “Todo lo relativo al uso de los recursos públicos está en la cancha de
la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México”, instancia a quien la ALDF le
entregó el jueves los proyectos aprobados que solicitaron las distintas
dependencias y delegaciones para la reconstrucción, aseguró el Diputado Leonel
Luna.
En este marco de
señalamientos, este fin de semana los asambleístas Leonel Luna y Mauricio
Toledo fueron electos por el PRD como diputados federales plurinominales. Mauricio Toledo, ex delegado de
Coyoacán, fue señalado el 3 de enero por Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) de haber reventado con violencia un mitin en esa demarcación de la
candidata a la gubernatura capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, en el cual
periodistas resultaron heridos. Además, la ciudadana Martha Patricia Reyes
asistió al evento y dos días después murió en un hospital.
“El tema de la
reconstrucción no les interesa, sino sus carreras políticas. Ya están nominados
para otros puestos también legislativos en el orden federal”, acusó Vania, damnificada de Benito
Juárez.
Los damnificados Pacífico 223 de Coyoacán afirmaron que “el
tiempo de vida de las estructuras dañadas no responde a los tiempos electorales
y cinco meses después del sismo del 19 de septiembre, un gran número de
familias no tenemos claridad sobre el futuro de nuestros inmuebles”.
De acuerdo con el
Secretario de Finanzas, Edgar Amador Zamora, se han ejercido los recursos
públicos para la reconstrucción en un 35 por ciento por la Agencia de Gestión
Urbana y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
Luis F. Fernández,
director ejecutivo de Nosotrxs, dijo en entrevista que la organización civil
vigilará que los recursos por 7 mil 753 millones 999 mil pesos ya asignados
lleguen a su destino y que estén fundamentados en el informe presentado por la
Comisión para la Reconstrucción, porque “hay una desvinculación” entre lo asignado por las Comisiones
de la Asamblea coordinadas por estos diputados perredistas y el diagnóstico
realizado por los comisionados luego de más de 150 visitas a lugares críticos y
la conversación con miles de damnificados capitalinos.
El académico Mauricio Merino, coordinador de Nosotrxs y quien
se encargaba de vigilar la transparencia en la Comisión para la Reconstrucción,
especificó este lunes en una columna
periodística que el Comisionado de Gobierno, Leonel Luna, autorizó estos más de
7 mil millones de pesos a diez dependencias del Gobierno de la ciudad al margen
de la Comisión y sin especificar ni sustentar en qué proyectos se emplearán.
“El oficio que tuve en
mis manos autoriza el gasto de 43 partidas, de las que solamente cuatro parecen
tener algún desglose. El resto incluye cantidades que generan la impresión de
haber sido calculadas sin sustento en proyectos ejecutivos. Se trata,
literalmente, de un reparto de recursos públicos que no corresponde con un
esfuerzo previo de planeación sobre las tareas a seguir”, escribió. Hay
una sola partida de 960 millones de pesos para la Secretaría de Obras Públicas,
500 millones para la Secretaría de Desarrollo Social, 700 millones para la
Agencia de Gestión Urbana y 120 millones para la Secretaría del Medio Ambiente,
documentó.
La ciudadana Vania Salgado, de Damnificados Unidos Benito
Juárez, agregó vía telefónica que “de
las 43 partidas, no hay nada para Iztapalapa, siendo que ha sido una de las
delegaciones más afectadas. He estado en la colonia la Planta y es terrible
en la situación que persisten. ¿Con qué justificación se dan esas asignaciones?
Sin duda se presta a que sea una asignación clientelar a las circunscripciones
de estos tres diputados que se decidieron autofacultar con funciones
ejecutivas”.
Luis F. Fernádnez, de
Nosotrxs, explicó que, aunque la intención del Jefe capitalino de enviar una
iniciativa fue buena, los recursos ya fueron asignados desde el jueves 15 de
febrero, cuando el Comisionado de Gobierno, Leonel Luna, firmó el oficio.
“Por más que se diera
esta reforma, el mal ya está hecho. Tendría que echarse para atrás el oficio y
reasignarse de forma distinta conforme lo estableció la Comisión para la
Reconstrucción y no conforme los tres legisladores decidieron. [Con los damnificados] ya se habían
definido cuáles eran las necesidades en términos presupuestales”, afirmó
Fernández.
Para echar atrás el oficio, el director ejecutivo de Nosotrxs dijo que se está averiguando la
naturaleza del documento porque el Jefe de Gobierno no podría hacerlo, ya que
es una Ley que viene por instrucción de la ALDF. “La única forma sería a través
de los propios firmantes de los oficios”, dijo.
César Cravioto, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena
de la ALDF, quien ha señalado a los tres
diputados desde diciembre, también dijo en entrevista que la iniciativa enviada
por Miguel Ángel Mancera, fue “bastante tardía” y es “insuficiente” porque
además de los 8 mil millones de recursos de la reconstrucción también debió
abordar los alrededor de 7 mil millones de recursos de los excedentes de las 16
delegaciones para determinar su asignación.
Ya que habrá un periodo extraordinario para este tema,
Cravioto pidió que, además de los
cambios al artículo 13 y 14 del Presupuesto 2018, también se modifique la Ley
de Reconstrucción para obligar a que una Comisión de Damnificados pueda darle
seguimiento porque en este reglamento “también se les facilita a estos
diputados hacer lo que quieran”.
El ex comisionado
Ricardo Becerra también acusó en su carta de renuncia del viernes que el gasto
de 8 mil millones de pesos “no tiene relación alguna con el diagnóstico de las
necesidades de las personas afectadas por el sismo”. Tras más de 150 visitas y diálogo en
lugares críticos de la capital del país, la Comisión detectó la urgencia de
certeza jurídica para los damnificados, anular el riesgo para ellos; y estudios
de suelo y reforzamiento.
Vania, de Damnificados
Unidos Benito Juárez, lamentó la salida del ex Comisionado Ricardo Becerra ya
que lo considera honesto y trabajador.
“Lo que estábamos
trabajando con él y su equipo era que la Ley se cumpliera, que se pagaran los
dictámenes estructurales y que se llevara a cabo un proceso limpio de
reconstrucción de los edificios. Todo eso se quedó pausado. Es una lástima que
sea una crisis política y no técnica”, aseguró.
Se cuestionó si el nuevo Comisionado tendrá las facultades
para poder decidir conforme a un diagnóstico real de las necesidades a dónde
deben dirigirse los recursos o si se continuará con las asignaciones aprobadas
desde diciembre. De acuerdo con Luis F. Fernández, de Nosotrxs, tanto Becerra como Merino reiteraron hoy
que no regresarán a la Comisión. Los damnificados de Pacífico 223 de Coyoacán
concordaron en que la pérdida de Becerra y Merino “afecta directamente a la
comunidad de damnificados de la CDMX”.
USO ELECTORAL DE RECURSOS PARA RECONSTRUCCIÓN.
En este contexto de elecciones en julio, la organización Nosotrxs, la oposición en la Asamblea Legislativa y
damnificados aseguraron que la asignación sin desglosar de recursos públicos
para la reconstrucción se presta para uso clientelar.
“Nos preocupa porque
dejan a los damnificados en la última prioridad para el uso para fines
político-electorales de los recursos; una cantidad enorme de recursos
distribuidos de manera discrecional. La ineficacia en el uso de esos recursos
es lo que más daño puede hacer a los damnificados”, afirmó Luis F. Fernández, director
ejecutivo de Nosotrxs.
El Coordinador de Morena en la ALDF, César Cravioto, coincidió en que “es un uso indiscriminado
de recursos y un manejo absolutamente clientelar de los mismos”, afirmó.
“Nosotros hemos venido diciendo todos los errores que [estos diputados] han
cometido y no nos han hecho caso. Han dicho que no tiene razón Morena”.
Vania Salgado afirmó que “lo
único que hicieron [estos tres diputados] fue ser juez y parte para poder
asignar de manera clientelar los recursos del fondo de la reconstrucción
mientras que nosotros los damnificados no hemos recibido ninguna ayuda, solo
los 9 mil pesos del apoyo para la renta anterior a la Ley de Egresos”.
El tema de las
donaciones de otros países y del sector privado, agregó, “es otro tema opaco
del que nadie tiene información al respecto”.
A nombre de
Damnificados Unidos de Benito Juárez, denunció en entrevista “opacidad” en la
asignación de los recursos por parte de la ALDF y de la Secretaría de Finanzas, dado que desconocen la actual
situación del Fondo de Reconstrucción compuesto por 5 mil millones de pesos,
parte de los más de 8 mil millones aprobados en diciembre en el Presupuesto
2018. El resto sería para distintas dependencias, pero “no hay transparencia, no sabemos en qué dependencias se dan y en qué
montos, ni tampoco la justificación”.
Asimismo, los
damnificados de la delegación Benito Juárez requirieron ser parte de mecanismos
de supervisión, transparencia y rendición de cuentas respecto a la asignación
de sus recursos, “donde podamos acceder en tiempo real para saber en qué se está
gastando el Fondo para la Reconstrucción”, dijo Salgado.
La ciudadana Vania aseguró
que desde la discusión de la Ley de Reconstrucción exigieron un diálogo con los
asambleístas, pues “no era normal” que el órgano legislativo supervisara la
asignación de los recursos en lugar de una auditoría autónoma. Sin embargo, no
fueron escuchados. Luego pidieron una reunión con los tres asambleístas junto
con el Secretario de Finanzas para conocer las asignaciones, pero sigue estando
en el aire.
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