El 12 de
julio de 2017, cuando todavía estaba oscuro en la mañana, alrededor de las 7:00
horas, el suelo se abrió en el Paso Exprés, a la altura de la colonia
Chipitlán, y un vehículo con dos personas a bordo cayó al fondo del socavón
abierto en la muy reciente inaugurada obra del gobierno federal.
Al final, luego de más de seis horas de labor, el
vehículo fue sacado a la superficie, pero los dos hombres que lo ocupaban
habían perdido la vida por asfixia. Desde entonces han pasado ocho meses, las
familias de Juan Mena López y su hijo Juan Mena Romero recibieron una
indemnización del gobierno federal y la empresa constructora, como reparación
por la muerte de sus familiares, y nada más.
A partir de
que ocurrió el socavón han sido
denunciadas una serie de irregularidades y anomalías en la planeación, licitación,
construcción y financiamiento de la obra, mismas que no se han investigado,
tampoco se han corregido los problemas de la construcción, ni se ha castigado a
los involucrados.
Es más, a
pesar de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició entonces una investigación y luego hubo una denuncia en la
Procuraduría General de la República (PGR), ambos procesos están prácticamente
congelados y ocho meses después no hay ningún resultado.
De acuerdo
con Alejandro Smith Vázquez, presidente de la Federación de Colegios y
Asociaciones de Profesionistas del Estado de Morelos (FCAP), desde hace más de un mes se encuentran
congelados los procesos en contra de funcionarios y exfuncionarios, así como
contra las empresas involucradas, lo que “es totalmente reprochable”.
Por ello, exigió que lo más pronto posible, incluso
antes de iniciar las campañas electorales, lo que ocurrirá en dos semanas, se
deslinde responsabilidades de aquellos que permitieron la construcción,
licitación y operación del Paso Exprés de Cuernavaca.
“Es totalmente reclamable a la
autoridad investigadora, que debe rendir ya los informes y determinaciones y,
en su caso, las sanciones que deben de aplicarse a quienes incumplieron o
quienes tengan alguna responsabilidad. El congelamiento del asunto no da
confianza a la sociedad civil de que se está buscando verdaderamente a los
responsables, quienes quiera que sean”, señaló Smith Vázquez.
Por el
contrario, en lugar que las cosas sean más trasparentes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) reservó
“ilegalmente” toda la información relativa a la licitación y ejecución de la
obra.
En
respuesta, el Colectivo por el Rescate del Paso Exprés de Cuernavaca presentó un recurso ante el Instituto
Nacional de Acceso a la Información (INAI) para que esta decisión sea revertida
y la sociedad tenga acceso a esa información.
De acuerdo
con Larisa de Orbe, del Colectivo, a pesar de que han tenido varias reuniones
con los funcionarios federales, a los encuentros no han invitado a los
representantes de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).
Y el último acuerdo, de corregir los perfilados, rayado de la carretera, no
sólo no ha sido cumplido, sino que además se realizaron más en otros lugares.
El problema es que los perfilados
provocan que los vehículos zigzagueen, lo que, combinado con las velocidades
superiores a 110 kilómetros por hora, convierten a algunas partes de la vía
rápida en una trampa mortal, según los propios especialistas.
Ocho meses
después de ocurrido el socavón, no hay
ningún funcionario castigado. La SCT lo más que hizo fue relevar al entonces
delegado, mientras que el gobierno de Morelos, el principal aplaudidor de la
obra, simplemente se mantiene el silencio respecto de una construcción con
enormes riesgos para la población.
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