Las autoridades mexicanas entregan
los recursos del país a empresas extranjeras y no tienen reparo en favorecer
sus intereses, aunque para lograrlo deban incurrir en atropellos y violaciones
a los derechos de los mexicanos, acusa la familia Silveyra Arias, originaria del estado de Durango.
Y para
comprobarlo, tienen una historia que contar.
En
entrevista para SinEmbargo, Alexica y Francisco Silveyra Arias, integrantes de una familia dedicada a la
minería desde hace más de un siglo, cuentan que la Minera Electrum SA de CV,
subsidiaria mexicana de la empresa canadiense Electrum Capital Inc., los
despojó de 4 mil hectáreas de concepción minera –de donde se extrae zinc,
plomo, plata y oro–, ubicadas en Indé, municipio duranguense.
Para lograrlo, denuncian los afectados, la empresa de origen canadiense –“en
contubernio con autoridades federales”– encarceló a Leticia Arias Castro, su
madre, quien tiene 75 años, para así ejercer presión y dotar de legalidad al
saqueo del patrimonio que ha pasado por generaciones.
Información
del Instituto Fraser revela que el 74
por ciento de las concesiones de exploración de minas en la República Mexicana
pertenecen a compañías canadienses. Las compañías originarias de Canadá operan
más de 850 proyectos en fase de exploración, desarrollo y explotación en
México, según la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
Además, el Observatorio de Conflictos Mineros de
América Latina ha revelado que 37 de los casos en que 17 mineras han dañado
comunidades en América Latina, 19 han ocurrido en la República Mexicana.
Entre las
empresas canadienses que han violado el derecho al territorio, a la propiedad,
al medio ambiente sano, a la participación, a la consulta y el consentimiento,
a la legalidad y seguridad jurídica se encuentran Metallica Resources en San
Luis Potosí; Minefinders en Chihuahua; Alamos Gold en Sonora; Linea Gold Corp
en Chiapas y Oaxaca; Gold Group en Veracruz; Almaden Minerals en Puebla;
Excellon en Durango, y First Majestic Silver Corp en Coahuila y Zacatecas, y la
propia Electrum Capital en tierras duranguenses.
CONTUBERNIO
ENTRE GOBIERNO Y MINERAS.
Los hijos de Leticia afirman que
entre el Gobierno mexicano y la empresa canadiense hay contubernio,
específicamente señalan a la anterior administración de Durango a cargo del
priista Jorge Herrera Caldera, cuando Sonia Yadira
de la Garza Fragoso se desempeñó como Fiscal general de esa entidad y, en el
ámbito federal, el Juez 59 Carlos Yarza Carranza es también acusado de
favorecer los intereses de Electrum.
“La justicia en México no existe, no
sé para qué hay leyes si [las autoridades] lo único que saben hacer voltearlas
a favor de quienes las compren […] Vemos una situación
de injusticia apoyada por las leyes y las autoridades mexicanas contra una
señora para favorecer a extranjeros a que se adueñen de los recursos de los
mexicanos”, criticó Alexica.
En el mismo
sentido, Francisco aseguró que con el
encarcelamiento de la señora Arias, la compañía canadiense busca “presionar”
para que la familia firme y ceda así los recursos mineros.
“Es presionar a que se haga lo que
ellos quieren”,
afirmó.
También dijo que tiene la seguridad de que “ha
habido una corrupción extrema en todo el procedimiento. La posesión y el
despojo fueron logradas gracias al apoyo de la autoridad, sin ninguna orden
judicial, simplemente dando dinero”.
La justicia en el México gobernado
por Enrique Peña Nieto recriminó, “está por los suelos” y “está para quien
tiene dinero para corromper a la autoridad”.
El objetivo de dicho contrato era que
la familia Silveyra y la compañía Electrum exploraran las concesiones mineras
de Scorpio SA de CV, la empresa de los Silveyra, y en caso de que hallaran un
yacimiento rico, crearían una nueva asociación para explotar.
Tras la
firma surgieron varios términos a cumplir: comenzaron con la exploración, la
empresa cumplió con ciertos compromisos establecidos al inicio del contrato; no
obstante, cuenta Francisco, éste se
desvirtuó cuando las empresas decidieron ejercer la opción de asociación y
debían pagar un valor de infraestructura para cumplir y así abrir la nueva
sociedad.
Electrum se negó a pagar la
infraestructura y exigió que antes se formara la asociación, pero la familia no
aceptó. Así que la empresa canadiense decidió adueñarse de las minas de la
familia, para lo cual creó la compañía apócrifa bajo el nombre de Minera Indé
de Durango.
Posteriormente, los Silveyra se
enteraron de la existencia de una demanda penal por fraude genérico en contra
de los padres y del propio Ernesto.
Esta historia de vericuetos legales e
incluso amenazas no es única en México.
Los abusos de las mineras canadienses
y la destrucción ambiental y a la salud de las comunidades donde operan han
sido denunciadas cientos de veces durante el actual sexenio.
El mes
pasado, José Luis Abarca Montejo, hijo
del líder comunitario asesinado Mariano Abarca Roblero, acudió a buscar
justicia con las autoridades canadienses luego de que en México se le negara
durante 8 años.
José y su
familia han señalado durante este tiempo que
la minera canadiense Blackfire Exploration ordenó a sus empleados asesinar a su
padre, quien emprendió una campaña contra la contaminación del agua de los
ríos y los daños al suelo que originaba
la mina de barita.
En el país, se castiga incluso con la
muerte a quienes levantan la voz para que se respeten sus territorios, usos y
costumbres, salud y medio ambiente. Las propias autoridades entregan al
extranjero los recursos, afirmó.
Anteriormente,
en diciembre pasado, un grupo de
pobladores de la comunidad de Ixtacamaxtitlán, acompañados de activistas,
también visitó Canadá para instar al Gobierno de aquel país y a los
inversionistas a prevenir más violaciones de derechos humanos y daños
ambientales asociados con un proyecto que se desarrolla en la región ubicada en
Puebla, instaurado por la compañía Almaden Minerals, originaria de ese país
norteamericano.
LETICIA:
CASTIGO POR ENCIMA DE LA LEY.
De acuerdo
con el maestro David Peña Guzmán, abogado de la señora Arias, la mujer de 75 años está acusada de un
fraude genérico por 100 millones de pesos, previsto en el Artículo 386 del
Código Penal Federal, en el que se señala que “comete el delito de fraude el
que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace
ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido”.
En el caso
de la señora Arias, al ser un delito que
rebasa 500 salarios mínimos, el delito puede sancionarse con prisión de tres a
doce años y una multa de hasta 120 veces el salario.
Para 2016, la mujer que radicaba en Chihuahua es
detenida junto con Ernesto, en El Paso, Texas, tras regresar de una consulta
médica. Madre e hijo permanecieron un año con cuatro meses en el Centro de
Reclusión para Migrantes en el estado del país vecino del norte.
En
cumplimiento de la orden de aprehensión girada
por el Juez 59 Carlos Yarza Carranza, la madrugada del 13 de octubre de 2016,
la señora Arias llegó al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha
Acatitla, en la Ciudad de México.
El Artículo
75 Bis del Código Penal del Distrito Federal señala que “cuando la orden de aprehensión o el auto de formal prisión
se dicte en contra de una persona mayor de 70 años o de precario estado de
salud permanente, el juez podrá ordenar que la prisión preventiva se lleve a
cabo en el domicilio del indiciado o procesado bajo las medidas de seguridad
que procedan”.
Aunque la
señora Arias tiene 75 años cumplidos, el
Juez 59 la negó la prisión domiciliaria el 25 de octubre de 2017 y el
Magistrado Rafael Guerra confirmó dicha negativa el pasado 29 de enero.
Yarza
Carranza, recordó el abogado, determinó que la única medida cautelar que hacía
justicia al caso era la prisión preventiva oficiosa, cuando los delitos que
ameritan dicha medida son homicidio doloso, genocidio, violación, traición a la
Patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, corrupción y tráfico de menores,
además de los que atentan contra la salud, todos ellos previstos en el Código
Penal Federal.
Por ello, el abogado afirma que a la
adulta mayor se le ha dado un trato similar al que recibiría un violador,
homicida o secuestrador.
“Es un atropello, es una injusticia.
[Su encarcelamiento] es completa y absolutamente injusto, no tiene nada de
legal […] De acuerdo con el señor Juez 59, mi cliente que es una señora de 75
años, a la que se le acusa de un delito no violento y patrimonial, representa
el mismo riesgo que una persona acusada de violación, homicidio, secuestro o
trata de personas”,
manifestó.
No obstante,
destacó, “parece que la secuestrada es
ella”.
“Vive una especie de secuestro
institucional. Como abogado me doy cuenta de que estoy frente a un asunto
diferente. Las personas que lo están resolviendo no lo están haciendo
observando la Ley. Hay momentos en los que no se siente que soy una defensa, se
siente como si estuviera en la negociación de un rescate porque la compañía
canadiense habla de una negociación”, denunció.
El periódico
La Jornada informó en enero de 2005 que el Consejo de la Judicatura del
Distrito Federal (CJDF) determinó que dicho Juez “incurrió en irregularidades
de tipo administrativo al determinar, de manera incorrecta, la prescripción de
un delito, con lo cual benefició a un presunto homicida que fue liberado al
quedar cancelada la orden de aprehensión”.
Finalmente, Alexica y Francisco
aclararon que el trato que Leticia recibe en el centro penitenciario no es
distinto al que se les brinda a otras internas, es decir, no es víctima de
abusos, ya que la familia solicitó apoyo de la Comisión de Derechos Humanos
(CDH) capitalina y el organismo público ha vigilado el tema.
La familia hizo un llamado a las
autoridades mexicanas a actuar con legalidad.
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