Las gestiones de Rosario Robles
Berlanga, José Antonio Meade Kuribreña y Gerardo Ruiz Esparza, cercanos al
Presidente Enrique Peña Nieto, han arrastrado observaciones sobre opacidad e
ineficiencia pese a la reiteración de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) en sus cuentas 2013, 2014, 2015 y 2016, los primeros cuatro años del sexenio.
En cada informe, el órgano
fiscalizador presenta “las áreas clave con riesgo” que considera que tienen un
“impacto considerable” en términos económicos y sociales. Entre
las auditorías dirigidas a las Secretarías del Gobierno federal destacan las
revisiones por fallas en padrones para la entrega de programas sociales, contrataciones
con deficiencias e implementación de infraestructura sin planeación ni
seguimiento, actividades que corresponden principalmente a la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol), así como a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.
Sin una política de padrones adecuada
y unificada, los recursos públicos se otorgan de manera inequitativa, repetida,
con opacidad y con el riesgo de que no se alcancen los objetivos de los
programas gubernamentales de combatir la pobreza, argumenta la ASF.
Desde la Cuenta pública 2013, la ASF
alertó a la Sedesol de Robles Berlanga (2012-2015) que no tenía integrados
todos los programas sociales al Padrón Único de Beneficiarios ni cumplía con
los objetivos. En la
Cuenta Pública de 2016 reveló que, luego
de la gestión de Meade Kuribreña (2015-2016), seguía sin atenderse el problema
por lo que continúa el mal uso de recursos y duplicidades tanto de apoyos como
de beneficiarios que no reúnen los requisitos de los programas.
En las contrataciones entre
dependencias y entidades públicas se genera un ambiente de “discrecionalidad
que propicia situaciones de riesgo de fraude y corrupción”, ya que no se cuenta
con los controles contemplados en los procesos de licitaciones públicas, asegura la ASF. Entre los casos
figuran las adquisiciones correspondientes al lanzamiento de la Cruzada
Nacional Contra el Hambre reveladas por la Cuenta Pública 2013.
“Los montos observados en las Cuentas
Públicas 2012 a 2015 por este tipo de prácticas (contrataciones) suman un total
de 3 mil 175 millones de pesos. De manera adicional, la ASF ha sido alertada respecto a
posibles anomalías suscitadas durante el año 2016, que ascenderían en principio
a mil 570 millones de pesos. Esta
situación reiterada significa una práctica de riesgo que afecta al erario al no
existir, en la mayoría de los casos, la entrega de los bienes y servicios
contratados”, expuso el informe de la Cuenta Pública 2015.
Respecto a
las obras públicas, cuando no se concluyen en los plazos convenidos y acorde
con los montos originalmente contratados impactan negativamente en el
mejoramiento social y económico de la población, determina el órgano autónomo.
La ASF ha
considerado al Nuevo Aeropuerto Internacional de la CDMX un importante tema
como parte de su fiscalización desde la Cuentas Pública 2014 a la fecha. Se
trata de la obra emblemática del sexenio responsabilidad de la SCT, cuyo
titular es Gerardo Ruiz Esparza desde 2012.
Asimismo, en materia de obra pública, el órgano emitió
a la SCT reiteradamente desde 2014 observaciones de irregularidades sobre el
Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de México y CDMX; la ampliación
del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en Guadalajara, Jalisco; el Viaducto
Conexión Interlomas-Nueva Autopista Naucalpan-Toluca; y sobre el Paso Exprés en
Cuernavaca, Morelos, donde se abrió un socavón y provocó la muerte de dos
hombres.
Respecto a telecomunicaciones, la SCT
recibió observaciones a la entrega de televisores digitales en el marco de la
transición desde la Cuenta de 2014.
CUENTA
PÚBLICA 2013
–PROGRAMAS
SOCIALES.
En nueve auditorías sobre información
sobre beneficiarios de los programas sociales halló fallas en rendición de
cuentas y transparencia por uso de recursos fuera de los dispuesto o porque no
se cumplieron los objetivos.
La ASF identificó desde entonces elementos que
ponen en riesgo la efectividad de los programas sociales, subsidios y apoyos
proporcionados por el gobierno federal, y que evitan la prevención de
discrecionalidad, desviaciones o actos de corrupción. Entre ellos, se carece de
datos completos de los conceptos, importes de apoyo o la identificación de los
beneficiarios mismos, lo cual ha impedido detectar y determinar la existencia
de duplicidades de apoyos recibidos de diferentes Secretarías, principalmente
Sedesol y Sagarpa.
Además, se utilizan padrones alimentados por
distintos organismos auxiliares, se recurre a bases de datos alternas que hacen
inconsistente y poco confiable lo reportado y se han invertido montos
importantes de recursos para la elaboración de padrones de manera transexenal a
pesar de que esta información debería estar concebida para su utilidad en el
largo plazo, determinó el órgano fiscalizador.
“Se han encontrado casos como el
otorgamiento de apoyos a personas que tendrían más de 100 años, sin contar con
la constancia de supervivencia; apoyos a beneficiarios fallecidos con
anterioridad a la fecha de la solicitud de los mismos; falta de registros de
los apoyos entregados; montos superiores a los autorizados, o a personas que no
reúnen los requisitos”, resaltó en el informe.
En 2013 la
Sedesol programó 59 mil 048 acciones para la promoción y difusión del Programa
de Pensión para Adultos Mayores (PAM), no
obstante, no definió indicadores ni metas y a 15 (341 mil 976 adultos mayores)
que solicitaron ser beneficiarios no se les aplicó el cuestionario
socioeconómico. Además, la dependencia federal reportó haber entregado apoyos
económicos al 87.6 por ciento de los adultos mayores incorporado al padrón
activo de beneficiarios, 7.4 por ciento menos que lo programado.
“No es
posible asegurar que el PAM garantice la seguridad social a sus beneficiarios,
ya que el único apoyo que otorga de forma directa es el económico, y para 2013 la Sedesol no acreditó que los
beneficiarios recibieron los apoyos a los que tenían derecho, en los montos y
periodos de tiempo establecidos en las reglas de operación”, determinó.
En 2013, el
Padrón Único de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social se integró
con la información de los padrones de 15 programas sociales con 48 millones 395
mil beneficiarios, no de todos.
“La Sedesol, al no tener integrados
todos los programas sociales al Padrón Único de Beneficiarios ni cumplir con
los objetivos, no ha atendido el problema que se trató de resolver del mal uso
de recursos, duplicidades de apoyos y de beneficiarios que no reúnen los requisitos
de los programas”,
concluyó el órgano.
Por su
parte, la Sagarpa cometió irregularidades en el Programa de Desarrollo de
Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, en otro programa de
capacitación dirigido a productores de maíz y frijol, el programa para
inversión, sustentabilidad y desarrollo, así como en Procampo, ya que se detectaron 362 productores
fallecidos que recibieron un millón 41 mil pesos.
Además, la
Delegación Estatal de la Sagarpa en
Guerrero suscribió un contrato con una empresa por 4 millones 550 mil pesos
para realizar asistencia técnica, sin que este tipo de contratación estuviera
contemplada en la normativa. Otros 327 millones 770 mil pesos, correspondiente
a los Paquetes Tecnológicos otorgados en Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz,
Estado de México y Michoacán, fue cubierto a una misma empresa sin que se
acreditara que los productores la eligieron como su proveedor.
–CONTRATACIONES.
En 22 auditorías se encontró que en
adquisiciones, contrataciones o inversiones legales hay deficiencias en su
implementación por gastos inadecuados, incumplimiento de metas y daño de
percepción ante la sociedad por parte de la Sedesol, SCT y la Sedatu.
La inexistencia de mecanismos de
control en estas adjudicaciones directas sin licitación, aunado a la carencia
de medios sancionatorios en caso de violación, ha provocado sobreprecios en la
adquisición de bienes y servicios, subcontratación de proveedores y prestadores
de servicios que no existen o que se encuentran en situación fiscal irregular u
omisa, alertó la ASF. En ciertos casos incluso se ha determinado que los
servicios o adquisiciones subcontratados no fueron prestados. Y cuando sí se
realizan licitaciones se ha presentado la simulación, por medio de la inclusión
en la lista de ofertantes de empresas vinculadas entre sí.
La Sedesol y la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos no incorporaron a 598 mil 463 adultos mayores para
cumplir con la meta pese a haber dado bases de datos en donde manifestaron que
inclusive la habían rebasado; lo que provocó pagos injustificados a la UAEM por
179 millones 538 mil pesos; así como pagos injustificados por 14 millones 318
mil pesos por contratación de personal mayor al requerido y por servicios que
la UAEM no llevó a cabo.
La Sedesol también realizó pagos
injustificados por 318 millones 549 mil de pesos a adultos mayores que también
reciben pagos por jubilación o pensión de tipo contributivo por parte del IMSS,
ISSSTE y PEMEX; aplicó en exceso 518 millones 595 mil pesos
a gastos de operación, lo que ocasionó que se dejaran de apoyar a 82 mil 316
adultos mayores; y realizó pagos en exceso a beneficiarios incorporados al
programa por 555 millones 846 mil.
Además, no comprobó ni justificó la aplicación de
los recursos por 46 millones 547 mil pesos por concepto de Talleres, Ferias y
Casas de día transferidos a las Delegaciones Federales de la Sedesol, y de 33
millones 495 mil pesos por pagos realizados a los gestores voluntarios.
Asimismo, en los contratos celebrados con la
Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos por 857 millones 618 mil pesos para algunas acciones del Sistema
Nacional para la Cruzada contra el Hambre, la Sedesol incurrió en conductas
irregulares que propiciaron la presunta simulación de servicios y
adquisiciones, y la subcontratación de proveedores sin el perfil, ni la
capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios comprometidos. Además,
no se acreditó la realización de los trabajos ni la entrega de los bienes y
servicios a las entidades y municipios por 845 millones 483 mil pesos.
“El monto pagado por la Sedesol a
esas instituciones públicas de educación superior por 440 millones 163 mil 200
pesos fueron transferidos por siete proveedores a una empresa ajena a los
contratos y a los servicios”, dijo el dictamen.
“Además se constató que los servicios requeridos
por la Secretaría no cumplieron con los objetivos sustantivos de la Cruzada
contra el Hambre, entre los que destacan asegurar a la población objetivo que
carece de una vida digna las mejores condiciones en igualdad y la posibilidad
de acceder a una alimentación suficiente y de calidad, y a estar protegidas
contra el hambre. Sin embargo, fueron pagados sin que la Sedesol supervisara,
vigilara y constatara su ejecución, y durante la fiscalización, los hallazgos
permitieron constatar que los servicios no llegaron a la población objetivo”,
remató.
Respecto a los señalamientos a la SCT, en la
reconstrucción del Puente Coatzacoalcos I, Veracruz, se determinaron pagos
indebidos por obra pagada no ejecutada por 3 millones 250 mil y 332 millones
200 mil pesos, de los cuales se recuperaron 281 mil pesos. Además, no se contó
con la suficiencia presupuestal previo al inicio de los trabajos, lo que
ocasionó la entrega extemporánea del anticipo.
Para la carretera Viñedos Rivier-San Marcos, en
Aguascalientes, la SCT estatal no recuperó 116 miles de pesos por concepto de
ajuste de costos a la baja, se detectaron pagos por diferencias de volúmenes
entre los volúmenes estimados y los realmente ejecutados conforme al proyecto
por 11 millones 78 mil pesos. Además, la obra no se puso en operación en el
tiempo establecido en el contrato.
El Registro
Agrario Nacional de la Sedatu recibió 276 millones 978 mil pesos para núcleos
agrarios sin regularizar de los cuales
más de 207 mil millones no se cuenta con los elementos para evaluar la
razonabilidad de los costos incurridos por las contraprestaciones pagadas al
personal y gastos de campo; no se tiene documentación que acredite la recepción
de los bienes arrendados por un costo de 10 millones 871 mil pesos (dos aviones
no tripulados y 37 planeras) ni de su utilización; y se pagó papel de seguridad
para títulos, certificados y fólders por 2 millones 312 mil pesos, de los que
no se presentó evidencia que los haya recibido el RAN.
Para el
Programa de Modernización del Catastro Rural Nacional, el RAN no justificó el incremento en su monto por 45 millones de pesos,
y se carece de los elementos para evaluar la razonabilidad de los 160 millones
999 mil pesos gastados para las contraprestaciones pagadas al personal.
–INFRAESTRUCTURA.
En 28
auditorías sobre proyectos de infraestructura sin planeación, supervisión ni
seguimiento, la Auditoría Superior observó malas implementaciones que
provocaron gasto inadecuado o fuera de lo dispuesto, no se alcanzaron los
objetivos y afectó la percepción que la sociedad tiene hacia el gobierno.
Para el proyecto carretero
Durango-Mazatlán, los centros SCT Durango y Sinaloa y la Dirección General de
Carreteras de la SCT realizaron pagos improcedentes por 292 millones 246 mil
pesos.
En el
Regional Barrancas del Cobre Creel, Bocoyna, la SCT y el Gobierno del Estado de Chihuahua recibieron sanciones por
incumplimiento del programa de obra por 79 mil pesos; hubo volúmenes pagados no
ejecutados por 15 millones 400 mil pesos y diferencias entre los volúmenes de
obra pagados y los cuantificados en el proyecto por un millón 83 mil pesos.
Además, la obra no se había concluido hasta diciembre de 2014 y se encontraba
suspendida.
CUENTA
PÚBLICA 2014
–PROGRAMAS
SOCIALES.
La ASF
realizó en la Cuenta Pública 2014 - 31 auditorías sobre beneficiarios de
programas sociales, entre las cuales destacan observaciones a la Sedesol, SCT,
Sagarpa y Sedatu.
En el
Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, la Sedesol no propició la integración de
los Comités Comunitarios y de Contraloría Social del Programa en Baja
California, Colima, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Veracruz y
Yucatán, lo que le restó transparencia a la operación del programa. Además,
hubo pagos indebidos por 140 mil pesos a dos estancias infantiles.
También hubo deficiencias por parte de los
servidores públicos adscritos a la delegación de la Sedeseol en Jalisco, ya que
cinco estancias infantiles recibieron apoyos sin haber contado con el visto
bueno; 77 estancias infantiles recibieron apoyos sin tener las Pólizas de
Seguro vigentes; se dieron apoyos por 137 mil pesos a dos estancias infantiles
que no acreditaron la aplicación de los apoyos del Impulso a los Servicios de
Cuidado y Atención Infantil; y se otorgaron 280 mil pesos a cuatro estancias
sin haber contado con evidencia de haber cursado la capacitación inicial.
En la
Cruzada Nacional contra el Hambre, la
Secretaría de Desarrollo Social y el Municipio de Metepec, Estado de México,
recibieron observaciones por erogar 5 millones 441 mil pesos por la adquisición
de bienes muebles y la prestación de servicios sin justificar con
documentación, así como la erogación de 2 millones 123 mil pesos por el pago de
los trabajos de obra que no corresponde con los conceptos indicados en los
catálogos de tres contratos de obra pública revisados.
Por parte de la SCT, hubo fallas en
el Programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre. Para la
adquisición de televisores, la Secretaría dirigida por Gerardo Ruiz Esparza no
realizó la investigación de mercado para considerar los mejores precios y
motivó incurrir en un gasto mayor por 82 millones 325 mil pesos, además de
gastos por servicios de maniobra, entrega y descarga de televisores por 170 mil
pesos, de los que no se justificó el pago.
La ASF también destacó la falta de un registro
detallado de la ubicación y del inventario físico al cierre del ejercicio 2014
de 398 mil 775 televisores equivalente a 985 millones 636 mil pesos; y la falta
de justificación de los cambios de domicilio, y de la celebración de los
convenios modificatorios para la entrega de 89 mil televisores en un domicilio
distinto del originalmente pactado. Asimismo, hubo incumplimiento de contrato,
ya que el cambio de domicilio para la entrega de 36 mil 476 televisores no se
dio a conocer hasta un día antes de su entrega.
De Sagarpa
se registraron fallas en el Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en
Núcleos Agrarios, en el Programa de Incentivos para Productores de Maíz y
Frijol, en el Programa de Fomento a la Agricultura, Programa de Apoyo para la
Productividad de la Mujer Emprendedora y en productividad de granos básicos
mediante subsidios.
Destaca que, debido a la carencia de
un padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural, la
Sagarpa no contó con información consolidada de la totalidad de los programas y
componentes del sector, con el fin de evitar las duplicidades o sesgos en el
otorgamiento de apoyos.
Para la
Sedatu hubo observaciones en la ejecución del Programa Consolidación de
Reservas Urbanas y se le requirió reestructurar el Programa de Ordenamiento y
Regulación de la Propiedad Rural.
–CONTRATACIONES
La ASF
emitió, sin considerar gasto federalizado destinado a estados, 39 auditorías
sobre adquisiciones, contrataciones o inversiones que incluyen observaciones a
Sedesol, SCT, Pemex y SEP.
Hay dos elementos que propician la
existencia de riesgos en los procesos de adquisición. El primero, cuando la
entidad pública a la que se le adjudican los contratos no posee la capacidad
técnica para cumplir con la responsabilidad adquirida y el segundo, que se
exceda el límite permitido de subcontratación de 49 por ciento, expuso la ASF.
En
erogaciones presupuestales de Diconsa, de Sedesol, se determinó que la adjudicación de los contratos por concepto de
prestación de servicios de depósito mercantil y conexos por 169 millones 259
mil pesos no está soportada en evidencia; y hubo penalizaciones no aplicadas
por 910 mil pesos por el desfase en la entrega de 40 mil 516 chamarras con
atrasos que oscilan entre 22 y 33 días hábiles.
Además, en 2014 se efectuaron pagos por 5 millones
742 mil pesos, sin que Diconsa acreditara la prestación de los servicios en los
plazos y condiciones establecidas en el contrato; así como penalizaciones no
aplicadas por 334 mil pesos.
En la
revisión de los procedimientos establecidos se observaron políticas que generan
discrecionalidad y falta de transparencia en los procesos de adjudicación,
relacionados con los estudios de mercado, asignación de pedidos o contratos a
proveedores inscritos en su padrón sin acreditar su capacidad técnica, material
y financiera, así como la integración y el resguardo de la documentación que
soporta los procesos de adjudicación.
En otra
auditoría a Diconsa sobre compra de maíz, se determinaron penalizaciones no
aplicadas por 2 millones 838 mil pesos por el retraso en la entrega de 27,534
toneladas de maíz con atrasos de entre uno y 137 días.
También se determinó que de los 21 contratos por
compras de maíz por mil 114 millones de pesos no se acreditó que los procesos
de adjudicación se realizaron con criterios de economía, eficacia, eficiencia,
imparcialidad, honradez y transparencia para obtener las mejores condiciones.
El órgano
fiscalizador también hizo una auditoría a la Coordinación de la Sociedad y el
Conocimiento (CSIC) en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT),
cuyo objetivo consistió en revisar la gestión financiera del Fideicomiso
e-México y de las Telecomunicaciones.
En ella concluyó que de los 877
millones 495 mil pesos que la CSIC ejerció durante 2014 por concepto de los contratos
relacionados con los proveedores de conectividad, el 83.6 por ciento no cumplió
con los niveles de disponibilidad contratados por lo menos en un mes durante
2014.
El 45.4 por
ciento de los proveedores se encuentran desaprovechados y de las visitas a los
81 sitios del proyecto México Conectado se detectaron deficiencias de
conectividad, filtrado de contenido, plazos de instalación, niveles de
disponibilidad, capacidad utilizada; duplicidad de redes, entre otras.
Respecto a obras en el Aeropuerto
Internacional de la CDMX, la documentación proporcionada no acreditó los
criterios de eficiencia, economía, honradez y transparencia para las
adjudicaciones directas de los contratos de obra y servicios con cargo al
proyectista.
Entre ellos,
se adjudicó directamente un contrato de
obra pública sin contar con el proyecto ejecutivo que permitiera ejecutar
ininterrumpidamente los trabajos; se pagaron volúmenes adicionales en el
ejercicio de 2014 sin que se hubiera celebrado el convenio modificatorio; no se
vigiló ni controló la realización de los trabajos en sus aspectos de calidad,
costo. Por lo que se refiere al costo de la obra, se determinaron pagos
indebidos por 67 millones 837 mil pesos.
–INFRAESTRUCTURA.
En las
auditorías correspondientes a la revisión de la Cuenta Pública 2014, en materia
de obra pública la ASF observó la existencia de problemas recurrentes en
planeación, contratación y ejecución de los trabajos; modificaciones al
Proyecto Ejecutivo original, lo que provoca incrementos en el monto de
inversión o prórrogas en la operación; y limitaciones en el control y
supervisión de los proyectos.
“Las
contrataciones en materia de obra pública constituyen un área prioritaria para
implementar nuevos y mejores mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas, ya que ha sido reconocido, inclusive a nivel internacional, que éstas
pueden prestarse fácilmente a actos de corrupción”, alertó el órgano.
Además de la Semarnat, SEP, Sedena y Sedatu, la
Auditoría emitió 62 auditorías a la SCT sobre el Tren Interurbano
México-Toluca, en el Estado de México y CDMX; el Paso Exprés en Morelos; la
ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en Guadalajara, Jalisco, y el
Viaducto Conexión Interlomas-Nueva Autopista Naucalpan-Toluca, en el Estado de
México.
En el Tren Interurbano-México Toluca,
la Cuenta Pública 2014 reveló que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
y el Gobierno del entonces Distrito Federal gastaron 622 millones 796 mil de
pesos por obra pagada no ejecutada; 318 millones 116 mil pesos por obra no ejecutada;
y 24 millones 494 mil pesos por pago de servicios no ejecutados.
La SCT, por conducto del Centro SCT Morelos,
durante la construcción del Paso Exprés en Cuernavaca realizó pagos indebidos
por 25 millones 241 mil pesos relacionados con acero de refuerzo y concreto
hidráulico; también hubo diferencias en los registros internos de la entidad
con respecto a los importes autorizados en el Presupuesto de Egresos de la
Federación y Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014 por 23 millones 411 mil
pesos; así como una omisión en la aplicación de 267 mil pesos por retenciones y
penas convencionales por atrasos en el programa de ejecución de los trabajos.
Durante la
ampliación del Tren en Guadalajara, la Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal de la SCT fue señalada por deficiente evaluación de
las propuestas de los licitantes; sustitución de la mayoría del personal
propuesto durante las licitaciones por personal que no cumple con el perfil y
experiencia; entrega extemporánea de anticipos para la ejecución de las obras
públicas; subcontratación de empresas y de trabajos no autorizados para
subcontratar; y pagos improcedentes por 3 millones 83 mil pesos, debido a
diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los realmente ejecutados.
Finalmente, la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, a través de la Dirección General del Centro SCT Estado de México,
durante la construcción del Viaducto en Interlomas-Toluca hizo un pago indebido de 23 millones 552
mil pesos por la incorrecta integración de los precios extraordinarios.
CUENTA
PÚBLICA 2015
–PROGRAMAS
SOCIALES.
En la Cuenta Pública de 2015, la ASF
volvió a advertir sobre la existencia de una problemática general en los
padrones de beneficiarios de los programas de subsidios y apoyos
identificándola como un área clave con riesgo al carecer de unificación.
Por ello, se
ha observado la necesidad de que la Sedesol estructure e implemente una
política eficiente que permita identificar las duplicidades y omisiones de
datos en los padrones de distintos programas; evitar la focalización inadecuada
de los lugares, comunidades y beneficiarios que más necesitan la atención del
Estado; erradicar la ineficiencia y falta de transparencia en la asignación y
la aplicación de los recursos federales; incentivar el cumplimiento de los
objetivos de la política distributiva, y proporcionar información estratégica
para identificar, analizar y monitorear sus resultados para la toma de
decisiones respecto de la eficiencia y eficacia de las políticas públicas.
–CONTRATACIONES.
Las
contrataciones realizadas entre dependencias y entidades públicas constituyen
un área en la que se registra recurrencia de prácticas que propician desvío de
recursos públicos. La problemática identificada por la ASF alcanza niveles
importantes de recursos públicos.
Un
importante número de universidades públicas han fungido como proveedores en
este tipo de adjudicaciones pese a que las instituciones públicas de educación
superior tienen como finalidad la docencia y la investigación, y no deben
prestarse a la comisión de actos de corrupción, añade.
En el caso de la SCT, destaca una
nueva auditoría a la adquisición de Televisores para la Transición a la
Televisión Digital Terrestre, en la cual se observó el incumplimiento del plazo
establecido para la dotación de teles; pago de bienes con problemas técnicos por
467 millones 746 mil pesos en 2015 y por 275 millones 457 mil pesos en 2014; y
deficiencias en el control de inventarios que repercutieron en faltantes en
inventarios por 31 millones 46 mil pesos.
Respecto a
la Sedesol, en el programa “Seguro de vida para jefas de familia” hubo deficiencias en la operación y
supervisión del uso de los recursos ejercidos por la falta de documentación
para sustentar erogaciones por 20 millones 491 mil pesos; y pagos en demasía a
4 mil 126 beneficiarios por 20 millones 47 mil pesos.
Asimismo, en el programa “Comedores Comunitarios”
hubo deficiencias en la operación y comprobación de los recursos del programa,
toda vez que se efectuaron gastos de operación que representaron el 6.6 por
ciento del presupuesto total asignado; registros erróneos o incompletos de la
información que integra la Base Registral del programa; y se autorizó la
instalación de 204 comedores en localidades que no están consideradas zonas de
atención prioritaria.
–INFRAESTRUCTURA.
Para la
Cuenta Pública 2015, la muestra auditada ascendió a 188 mil millones de pesos
vinculada con infraestructura y obra pública dado el peso presupuestal, así
como su impacto en distintas dimensiones. Como
resultado de la labor de fiscalización de la ASF, ha quedado de manifiesto que
“subsiste” la existencia de problemas recurrentes en torno a planeación,
contratación y ejecución de los trabajos; modificaciones al proyecto original
que incrementa el monto de inversión o atrasa la obra; y limitaciones en el
control y supervisión de los proyectos, determinó el órgano.
De los 411 riegos relacionadas con
obras públicas o infraestructura, 244 incluyen vulnerabilidades vinculadas con
Desfase entre Resultados Esperados y Obtenidos (59.4 por ciento) y 110 con
Afectación al Erario Público (26.8 por ciento).
La ASF ha
fiscalizado al Nuevo Aeropuerto Internacional de la CDMX desde las Cuentas
Públicas 2014 y 2015. En particular, se revisaron los procesos de planeación,
contratación y ejecución de obras y servicios. A partir de esas revisiones, se
determinaron problemáticas en el nivel salarial en la gerencia de proyecto; el
costo de proyecto ejecutivo del edificio terminal; las retenciones por atraso
en la ejecución de los trabajos; pagos por ajuste de costos; integración de
precios unitarios; y pago de servicios.
Además de
las auditorías a esta obra emblemática del sexenio, de las otras realizadas a
la SCT destaca que la ASF volvió a
realizar observaciones al Tren Interurbano México-Toluca, donde vio problemas
en la liberación de los derechos de vía; alcances de la barrera de protección;
trabajos no ejecutados; volúmenes de acero estructural y pagos a personal de
supervisión en los contratos de servicios, por lo que se observaron
irregularidades por 137 millones de pesos.
En el Tren
Urbano en Guadalajara otra vez detectó
problemas por elaboración del proyecto; un pago en el concepto de suministro y
colocación de acero de refuerzo, y pagos indebidos por 26 millones de pesos.
Sobre el polémico Paso Exprés en
Morelos vio precios unitarios extraordinarios (alcances, indirectos y
financiamientos) y fallas en la calidad de la obra.
Respecto al Viaducto Conexión
Interlomas-Nueva Autopista Naucalpan-Toluca, señaló fallas en la calidad de
obra; rendimientos de la mano de obra, materiales y equipos en precios
unitarios extraordinarios; incremento en costo y retraso en terminación de la
obra.
CUENTA
PÚBLICA 2016
–PROGRAMAS
SOCIALES.
Hasta 2016, la Sedesol no había
identificado el universo de programas de desarrollo social, ni de los gobiernos
estatales y municipales que deberían estar incluidos en el Padrón Único de
Beneficiarios. Por ello, seguía sin haber certeza sobre el número de beneficiarios
que los programas atienden.
“A 12 años de que la Ley General de
Desarrollo Social y su reglamento ordenaran la integración del Padrón Único, la
Sedesol registró un avance de 18.4 por ciento, equivalente a la incorporación
de 28 de los 152 programas de desarrollo social señalados por el CONEVAL”, dijo
la ASF.
Los alcances de este padrón se han
visto “limitados” al no haberse atendido a cabalidad las disposiciones del
marco legal aplicable, por lo que no se ha convertido en una herramienta que
proporcione una certeza razonable sobre la equidad y la eficacia de los
programas de desarrollo social. Esta situación incrementa el riesgo de que
persista la falta de focalización de los lugares, comunidades y beneficiarios
que más necesitan la atención del Estado.
De la misma forma, este entorno
propicia condiciones de ineficiencia y falta de transparencia en la asignación
y la aplicación de los recursos federales, concluyó el órgano.
–CONTRATACIONES.
En la Cuenta
Pública 2016, se identificaron subcontrataciones
derivadas de adquisiciones realizadas entre la Sedesol y la Universidad
Autónoma de Zacatecas; entre la Universidad Politécnica de Chiapas, la Sedatu y
el ISSSTE; entre la Universidad Mexiquense del Bicentenario y la Sedatu, entre
otras.
Respecto a esta contratación entre la
Sedesol y la universidad pública zacatecana, se determinaron deficiencias en la
asignación y pago de los servicios de arrendamiento de vehículos terrestres,
toda vez que se identificaron asignaciones tardías entre 3 y 42 días de 91
vehículos a los usuarios finales; se pagaron servicios de 73 vehículos con
tarifas superiores por 419 mil pesos.
La Universidad Autónoma de Zacatecas
subcontrató la prestación de servicios por 6 millones 623 mil 900 pesos de
manera posterior (30 días naturales) a que entregó los servicios a la Sedesol.
Además, de los 190 prestadores de servicios profesionales contratados, se
efectuaron pagos a 108 prestadores de servicios por 21 millones 750 mil pesos
sin acreditar que sus servicios contribuyeron a dar cumplimiento al convenio
con la dependencia, y de un prestador de servicios que recibió pagos por 29
millones de pesos no se acreditó que se contó con el contrato correspondiente.
Con respecto a los servicios de
administración y ejecución para la organización, logística y diseño de los
eventos interinstitucionales de la Sedesol, se efectuaron pagos de más al
prestador de servicios por 66 millones de pesos.
“Se reitera
la recomendación que se ha realizado a la Secretaría de la Función Pública
(SFP) para que la información sobre este tipo de adquisiciones sea incorporada
al sistema CompraNet, con objeto de reducir las condiciones de opacidad en las
que se han desarrollado estas operaciones y dar pie a un entorno apropiado de
transparencia y rendición de cuentas”, emitió la ASF.
–OBRA
PÚBLICA.
Con base en
las 136 auditorías a inversiones físicas practicadas sobre la Cuenta Pública
2016, y en línea con los hallazgos de revisiones previas, la ASF ha categorizado cuatro causas principales que propician las
deficiencias en los procesos relacionados con los proyectos de infraestructura:
problemáticas en la planeación y programación de los trabajos; debilidades de
carácter técnico; insuficiencias económicas, y fallas de ejecución.
La ASF señaló en su última entrega, donde volvió a
auditar al NAICM y las otras tres obras públicas mencionadas, que la definición
de los proyectos de infraestructura responde a consideraciones de “índole
política a expensas de valoraciones de carácter social o económico”, lo cual
provoca que se definan fechas de terminación de los trabajos que, en muchos
casos, no son realistas. Además, las bases de licitación son “inadecuadas o
incompletas”, y es frecuente que las tareas de supervisión y control de las
obras no se realicen cabalmente.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.