La Auditoria
Superior de la Federación (ASF) detectó
irregularidades en el manejo de 222 millones 940 mil pesos transferidos al
gobierno estatal, en 2016, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública (FASP).
Incluso
descubrió que con ese dinero se privilegió el gasto en “Tecnologías,
Infraestructura y Equipamiento Policial”, pero
no se destinó un solo peso al Programa para la Especialización de las
Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas.
De acuerdo
con el informe de la ASF, esos recursos
federales fueron administrados directamente por el secretario de Finanzas
Héctor Apreza Patrón, aspirante a diputado plurinominal local por el PRI, y la
titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Nybia Solís Peralta.
La funcionaria estatal es operadora
del exgobernador René Juárez Cisneros, recientemente nombrado coordinador
general de la campaña del candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade
Kuribreña, en la
cuarta circunscripción que abarca los estados de Guerrero, Tlaxcala, Morelos,
Puebla y la Ciudad de México.
El organismo
fiscalizador revisó una muestra de 187 millones 645 mil pesos, cantidad que
representó el 85.3% del total, y detectó
“un probable daño” a la Hacienda Pública Federal por un monto de 20 millones
158 mil pesos, según el informe de la ASF emitido en noviembre de 2017,
pero dado a conocer públicamente a finales de febrero de este año.
De esa cantidad, al menos 990 mil
pesos corresponden a una obra no ejecutada y 19 millones 258 mil pesos a un
subejercicio de los recursos federales transferidos en 2016.
“Al 31 de diciembre de 2016, el
gobierno de Guerrero no había ejercido 89 millones 552 mil pesos, cifra que
representa el 40.2% de los recursos transferidos, incluyendo depósitos a otras
cuentas, y al cierre de la auditoría, el 30 de junio de 2017, aún no se ejercía
el 8.6% (19 millones 258 mil pesos)”, indica el documento.
Añade: “Esta irregularidad del gobierno de
Astudillo generó un impacto negativo en los objetivos y líneas de acción de los
ejes en materia de seguridad pública y provocó un retraso en las acciones de
los Programas con Prioridad Nacional (PPN)”.
La ASF
constató que el gobierno estatal transfirió
al Fideicomiso para la implementación del sistema de justicia penal la cantidad
de 928 mil 700 pesos para la construcción de un Centro de Atención Temprana en
el municipio de Arcelia, en la región de Tierra Caliente, pero la obra fue
cancelada y los recursos no han sido reintegrados a la cuenta del fondo.
En ese sentido,
determinó que también existe “un
probable daño” a la Hacienda Pública Federal por un monto de 990 mil pesos,
considerando 61 mil pesos que generaron los intereses de los recursos
depositados en una cuenta bancaria y que se encuentran desaparecidos.
De igual
manera, observó que los funcionarios del Consejo Estatal de Seguridad Pública realizaron depósitos “a una cuenta no
específica” por 2 millones 436 mil pesos, y realizaron pagos “que no
corresponden” al objetivo del fondo por 2 millones 667 mil pesos.
Al respecto,
la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental estatal, que
encabeza Mario Ramos del Carmen, inició un procedimiento administrativo para
deslindar responsabilidades en el expediente RS/IA/258/2017.
La ASF también comprobó que el equipo de cómputo y
de radio comunicación adquirido por el Consejo Estatal de Seguridad Pública con
recursos del FASP en 2016 se encontraban “almacenados en una bodega, sin
resguardo oficial y en desuso”.
De acuerdo
con el informe, los PPN a los que el gobierno de Astudillo destinó mayores
recursos del FASP –durante el periodo que va de 2016 al 30 de junio de 2017–
fueron: Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación
Policial, con 40.4% (90 millones 202 mil pesos), y Desarrollo del Sistema de
Justicia Penal y Sistemas complementarios, con un 17.9% (39 millones 827 mil
pesos).
En
contraparte, los PPN que menos recursos
recibieron fueron: Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas
de Seguridad Pública, con 0.7%, y Sistema Nacional de Atención de Llamadas de
Emergencia y Denuncias Ciudadanas, con 1.3% de los recursos.
El Programa para la Especialización
de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas no recibió un solo
peso de los recursos
del FASP en 2016, advierte el informe de la ASF.
Para el
Programa de Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial se destinaron solo 27 millones 212 mil
pesos, y la certificación del personal del sistema de Seguridad Pública estatal
“presenta un avance insuficiente”.
Falta de
policías.
En 2016 el gobierno estatal reportó la existencia
de una fuerza policial de 6 mil 881 elementos, de los cuales 3 mil 304
uniformados están en la SSP, mil 406 en la FGE, mil 518 en la Policía Auxiliar
y 653 en el sistema carcelario.
Es decir que
en Guerrero existe un promedio de 1.9 policías por cada mil habitantes, cifra que se encuentra por debajo del
parámetro de 2.9 policías por cada mil habitantes recomendado por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El informe
de la ASF concluye que los objetivos y metas del FASP se cumplieron
“parcialmente”, porque algunos
indicadores registran insuficiencias, dado que presentan un subejercicio del
8.6% al 30 de junio del 2017, así como un incremento de los principales
delitos: homicidios dolosos, extorsión y robo de vehículos.
En junio de
2016, Proceso publicó el reportaje titulado: “En Guerrero se esfuman fondos
contra la violencia”, basado en un informe de la ASF de noviembre de 2015,
donde se advirtió sobre “un probable daño” al erario por 19 millones 802 mil
pesos ejercidos durante 2014 –último año de gestión del exmandatario Ángel
Aguirre Rivero– y 2015, cuando gobernaron el interino Rogelio Ortega y, a
partir de octubre del mismo año, Héctor Astudillo.
La revisión
detectó la adjudicación directa de contratos millonarios a empresas y la compra
irregular de armamento que involucra al Ejército, así como la adquisición de un
sistema de espionaje telefónico para la FGE, donde las autoridades estatales no
presentaron documentos para comprobar esos gastos, incurrieron en diversas
irregularidades en materia de adquisiciones y violaron indicaciones del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal.
La ASF
concluyó que el mal manejo de los recursos federales provocó “el incumplimiento
de las metas” del combate a la delincuencia en Guerrero, y emitió 20
observaciones que generaron tres recomendaciones, una solicitud de aclaración y
17 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, pero a la fecha
el caso sigue impune.
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