Jenaro
Villamil.
El dato es brutal y directo: de 23 encuestas
levantadas y difundidas entre el 1 de noviembre de 2017 y el 3 de marzo de
2018, en ninguna aparece el candidato priista José Antonio Meade en primer
lugar, y sólo en cinco el penta secretario figura en segunda posición, muy
lejos del morenista Andrés Manuel López Obrador, y en otras cinco está en
“empate técnico” con el panista Ricardo Anaya.
Peor aún: la cacería de la Procuraduría General de la
República (PGR) en contra de Ricardo Anaya no ha ayudado en nada a Meade
durante las tres últimas semanas. El único beneficiado es López Obrador, que
consolidó su ventaja de dos dígitos ante el queretano con diferencias entre 17
y 16 puntos porcentuales, según los sondeos de Ipsos y de Parametría,
respectivamente, divulgados el 1 y el 3 de marzo.
El sábado
pasado, en Guadalajara, Jalisco, Meade
vivió en carne propia lo que significa una mala planeación de su campaña y su
falta de conexión y carisma. Su visita al estadio Omnilife, sede del “rebaño
sagrado” de las Chivas, trascendió no por lo que dijo sino por las rechiflas y
gritos de “¡fuera, fuera!”, ante un impávido Jorge Vergara. Hasta ahora, éste ha
sido el peor momento de su campaña, apenas disimulada en los medios impresos y
electrónicos, pero ampliamente difundida en las redes sociales.
Apenas dos
días antes, Meade vivió las mieles del
elogio y el aplauso entre la comunidad de los banqueros mexicanos. No era para
menos. Si un sector ha sido beneficiado al grado de la ilegalidad en este
sexenio, éste es el de los bancos privados mexicanos. En estos seis años han
tenido ganancias históricas. Tan sólo en 2017, Bancomer registró ganancias por
45 mil millones de pesos. Como exsecretario de Hacienda, Meade les dio todo, y
su antecesor Luis Videgaray los encumbró más.
El fervor de
los banqueros por Meade es contrastante
con la ausencia de ruta y de apoyo social en su campaña presidencial. Frente a
esta desesperación, el gobierno de Enrique Peña Nieto y el propio equipo de
José Antonio Meade “soltaron al tigre”.
Es decir, hacen lo único que les queda como
instrumento de poder en estos momentos: lanzar una campaña mediática grotesca
contra López Obrador, acusándolo de “amenazar” con generar violencia social
(una vez más, la estrategia del miedo), y perseguir a Ricardo Anaya señalándolo
de triangular fondos privados y de hacer negocios con “empresas fantasmas”.
¡Y lo dice
Meade! El exsecretario de Desarrollo
Social que nunca supo, nunca vio, nunca sancionó a la red de más de 80 empresas
fantasmas de la “Estafa Maestra”.
El pasado lunes 12, el PRI dio un
salto cualitativo en su guerra contra Anaya. Un auténtico “salto del tigre” que
puede resultar un peligroso boomerang. La secretaria general del partido, Claudia Ruiz Massieu, acudió a la Organización de Estados Americanos
(OEA) y acusó a Ricardo Anaya ante el organismo interamericano de mentir para
“presionar e inhibir” a las instituciones de procuración de justicia mexicanas.
“Su actitud
ha sido la de evadir la rendición de cuentas y crear una distracción mediática
para construir una falsa imagen de víctima, que le permita eludir su obligación
de rendir cuentas ante la ley y también ante los mexicanos, a quienes ahora
defrauda con su deshonestidad política, intelectual y patrimonial”, afirmó Ruiz
Massieu.
¿Se da cuenta la excanciller de lo
que está haciendo? ¿Están abriendo las compuertas los propios priistas a la
injerencia abierta y franca de la OEA en las elecciones presidenciales de 2018?
¿No les bastó el error histórico de Enrique Peña Nieto de recibir en agosto de
2016 a Donald Trump, entonces candidato republicano, como si fuera jefe de
Estado en Los Pinos? ¿Están dispuestos a la intervención de la OEA en los
procesos judiciales internos en plena campaña electoral? ¿A quién pretenden
engañar con esta estratagema?
Si Freud
fuera analista político definiría el
caso del PRI y de José Antonio Meade como un caso patológico de transferencia:
acusan a Anaya de lo que ellos han aplicado con exceso e impudicia durante este
sexenio. Responsabilizan a López Obrador de una furia social que ellos
generaron en este gobierno.
La
desesperación peñista se produce días
antes de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos realice su informe sobre la situación de los 43 normalistas
desaparecidos de Ayotzinapa. Es el gobierno de Peña Nieto y la PGR los que
estarán en el banquillo de los acusados.
La
“indignación” del PRI ante las truculencias de Anaya o las advertencias de
López Obrador sólo puede interpretarse
como un gran ejercicio de simulación en los momentos más oscuros del final del
peñismo.
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