El río Apulco que inicia en el
municipio de Zautla, Puebla, y desemboca hasta el Golfo de México está en
riesgo de contaminarse con desechos tóxicos, lo cual afectaría a once
comunidades, al medio ambiente y a los cultivos. Unidos y basados en experiencias
de otros estados, este sábado alrededor de 300 familias y organizaciones
campesinas y civiles realizaron una caravana de unos 60 autos y camiones rumbo
a la Presidencia Municipal de San Francisco Ixtacamaxtitlán para rechazar la
mina de cielo abierto que la empresa canadiense Almaden Minerals pretende
instalar en la Sierra Norte poblana.
En Asamblea
en la cabecera municipal, exigieron una
vez más al Alcalde panista Eliazar Hernández Arroyo que no autorice el uso de
suelo a Almaden, dueña del 72 por ciento de las concesiones mineras en esa
zona. Con ello evitaría que inicie la otra etapa de exploración como parte del
proyecto para extraer oro y plata en un espacio equivalente a 140 canchas de
fútbol. Sin embargo, el Alcalde panista otra vez no acudió a la invitación de
quienes dice representar.
“No sería la primera vez que no
llega”, dijo Irma
Hernández, originaria de Ixtacamaxtitlán. “Me
apena mucho decirlo, pero hicimos un primer foro al inicio de su gobierno y se
enfermó ese día; no llegó. Muchas veces nos ha dejado plantados. Se me hace una
falta de responsabilidad y de respeto hacia las personas que llevamos años
pidiéndole que haga algo. Habla de un silencio de poca importancia a esto”.
Miguel
Sánchez Olvera, campesino de Olintla, Puebla, afirmó que “ya estuvo suave, tenemos que defender la vida. En caso
necesario, tenemos que dar la vida por la vida. Estamos defendiendo el agua”.
Durante el evento exigió “que [el
Presidente Municipal] se presente porque no lo hemos visto cada vez que
participo en una asamblea. Una vez que se presentó se hizo el enfermo, que le
dio el patatús, se le quería parar el corazón y se fue. Están vendidos, nomás
le hacen al tonto. Le temen al pueblo porque ya está despierto”.
Los habitantes de Ixtacamaxtitlán y
las comunidades aledañas de Santa María, Zautla, Olintla y otras llevan casi 5
años de lucha rechazando este proyecto para evitar desastres ocurridos, por
ejemplo, en el río Bacanuchi, Sonora, por el derrame de tóxicos de una mina de
Grupo México en agosto de 2014. El proyecto minero Ixtaca afectaría las tierras
de cultivo de la población de Loma Larga, además del suministro de agua de más
de mil 600 personas. La Secretaría de Economía obligó a Almaden a que publique
su estudio de impacto ambiental el viernes 23 de marzo.
Los opositores son conscientes que
incluso podrían perder la vida por defender precisamente la vida: su agua y su
tierra, dijeron en entrevistas. SinEmbargo solicitó la versión del Alcalde,
pero no obtuvo respuesta. En febrero de 2013 declaró no estar “a favor ni en
contra de la minería”.
“Al principio de esta lucha nos
alarmamos mucho porque no nos dimos cuenta a qué hora entraron y llevaban más
de 10 años trabajando. Estábamos muy preocupados”, contó Irma. “Nos robaba el
sueño. Decíamos: ‘Somos poquitos, qué vamos a hacer ante este monstruo’. Pero
algo que nos ayudó mucho es empezar a dar información en todas las comunidades.
Mucha gente no sabía a lo que nos estábamos enfrentando. Se convocó a varias
comunidades para que nos dijeron cuáles eran nuestros derechos porque tampoco
sabíamos cuáles se iban a vulnerar si se llevaba a cabo la minera. Estuvimos de
acuerdo que serían el derecho a la vida, al agua, al medio ambiente y a la
salud”.
El sábado, la caravana y sus
consignas como “Agua sí, oro no” hicieron una parada en Sant María Sotoltepec,
población donde la empresa Almaden tiene sus oficinas.
“Al pueblo de Santa María que es muy
pequeño ya lo tienen bien dominado, bien asustado. Hace como seis u ocho meses,
a un señor ya grande el viejo ese Morgan [Poliquin, director de la empresa],
que es canadiense, le mató a un perro porque se opuso a que entrara a su tierra
sin su permiso. De un coraje, en su camioneta 4×4 le atropelló al perro”, contó Miguel.
La campesina Pascual, de Zautla y
presente en el mitin, dijo que su familia de doce personas depende del cultivo
de maíz, trigo y cebada. Teme que con la operación de la minera las tierras
queden dañadas y ya no se den sus productos. “Nos va a afectar a toda nuestra
Madre Tierra”,
aseguró entre consignas de sus compañeros y vecinos. “No hace falta oro / no
hace falta plata / cuidemos nuestra tierra porque el cianuro mata”, los
manifestantes gritaban. Marcelino, otro campesino, cargaba un letrero con la
leyenda “Por el agua libre de cianuro y la sierra libre de explosivos”. Para la
instalación del proyecto minero se prevé explotar cerros cerca de Santa María.
“Que esta minera devastadora se salga
de aquí. No la queremos”, exigió Francisca Zamora. Los cientos de presentes se
unían con el grito “fuera” contra la minera. Una anciana chiflaba y gritaba
furiosa: “Que se vayan a su tierra. ¡Que se larguen!”.
ACCIONES DE
MINERA A LA BAJA.
El proyecto
minero que Almaden pretende hacer en el municipio de Ixtacamaxtitlán, con más
de 25 mil habitantes, es a través de dos de sus filiales, minera Gorreón y
minera Gavilán, las cuales adquirieron desde 2003 y 2009 las concesiones
mineras Cerro Grande y Cerro Grande II que abarcan un territorio de más de 14
mil hectáreas. En informes a sus
inversionistas, la empresa dirigida por Morgan Poliquin ha negado que la zona
esté habitada. Mucho menos reconoce que haya población indígena en oposición, y
la ha descrito como un terreno “vacío” o “nulo”.
Pese a los
engaños de la minera Almaden, el valor de la acción de la empresa valía 82
centavos el lunes frente a los 2.84 dólares que valía hace cinco años, cuando
comenzó la lucha. Hace siete años tuvo su máximo histórico de 4.89 dólares. En el mitin en Santa María los opositores a
la minera gritaban: “Inversionistas / si no quieren perder / no creas en las
mentiras que dice Almaden”.
“La acción
ha decaído totalmente. Ustedes ya han hecho un gran avance”, aseguró el sábado
entre aplausos de la asamblea Benjamín Cokelet, director de la organización
PODER que ha acompañado la lucha de casi un lustro. “Los inversionistas de la empresa saben lo que está pasando, el
gobierno mexicano y de Canadá saben lo que está pasando. El proyecto quizás
está en su último aliento. Si no lo hacen por ustedes, háganlo por sus hijas,
hijos, nietos, nietas. Este proyecto va a envenenar el agua, el medio ambiente
y su propia salud. Estamos a tiempo de detenerlo”, agregó.
Diana Pérez,
la abogada del caso, dijo en entrevista que la minera está en una primera etapa
de exploración en la cual necesita solo un informe preventivo aprobado por
Semarnat y ya han entregado siete. Para poder avanzar al siguiente pasó de
exploración necesitan licencias, autorizaciones y permisos de dependencias del
Estado, entre ellas la del cambio del uso de suelo tanto federal como local que
es la que expide el Presidente Municipal, Eliazar Hernández, quien, afirmó la
abogada, se comprometió a no otorgar el cambio de suelo del municipio. Pero ha
evadido la presión de la gente para que se comprometa en una sesión de cabildo,
expuso la litigante.
“Las licencias que necesitan para
pasar a la fase de explotación del proyecto aún no tienen ninguna de ellas. No
tienen ni concesión de agua, de cambio de uso de suelo forestal otorgado a
nivel federal. Ellos presumen a sus inversionistas que están en una etapa de
exploración avanzada. Tienen oficialmente desde 2009 en una exploración, así
que no sé qué tan avanzado pueda ser eso”, ironizó.
Julio César
Laureano, estudiante del Centro de Estudios de Desarrollo Rural (Cesder) en
Zautla, dijo en entrevista que a los
inversionistas les están ocultando cierta información como que no hay
comunidades indígenas y no hay resistencias, “pero es todo lo contrario”. A ellos les prometen que va a haber
carreteras, hospitales, escuelas y que la gente va a tener empleos, “pero a
costa de qué y normalmente son temporales”, cuestionó.
“Sabemos que las empresas mineras
tienen muchos intereses económicos, pero nosotros vemos como interés el tema de
la vida. Para nosotros es más importante la vida y el agua que un metal como el
oro y la plata que no se bebe, no se come no se respira; no es indispensable”, dijo Laureano.
Miguel Sánchez Olvera, campesino de
Olintla, Puebla, aseguró que actualmente están bien con la naturaleza, pues “se
da bien” el frijol, el maíz y productos básicos para vivir.
“Estos nos vienen a ilusionar que si
dejamos que entren empresas a sacar oro o plata que vamos a tener dinero, que
es el progreso para nuestros pueblos, que somos ignorantes porque no les
permitimos que entren. Muchos de nuestros hermanos están en contra de nosotros,
que somos alborotadores, que no queremos que haya progreso. Pero esto no es
así. El progreso no es como nos lo pintan. No somos un pueblo tonto, somos un
pueblo originario que siempre ha existido. Yo soy totonaco y hablo mi lengua;
yo sé que ahí está la sabiduría de nuestros antepasados. Manejamos la
astrología, la medicina; no estamos peleados con la tecnología ni con la
ciencia”, afirmó.
EVITAR
CONSULTA A COMUNIDAD.
La abogada
Diana Pérez explicó que si el Alcalde
Eliazar Hernández da el permiso de uso de suelo se estaría violentando el
derecho al agua, a la salud, a un medio ambiente sano, a la vida misma y a
otros como a la alimentación. Sin embargo, la empresa no ha realizado la
consulta libre, previa e informada que le exige el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“En el
tercero de los siete informes preventivos que Almaden presenta para ser
aprobado, la Semarnat le condiciona que
debe hacer la consulta a pueblos indígenas. La empresa se amparó en contra de
esa condicionante y la Semarnat siguió otorgando los siguientes informes
preventivos sin hacer mención alguna a la consulta”, expuso.
Ante ello los pueblos han levantado
actas de Asamblea comunitaria o ejidal declarando sus territorios libres de
proyectos ante registros públicos o agrarios. “Se están adelantando a que la
autoridad venga para preguntarles si quieren o no el proyecto. Ellos tienen la
decisión con documentos que no”, afirmó Pérez.
En febrero
de 2018, Juan Pablo Gudiño Gual, el
director jurídico de GMI Consulting, quien elaboró la Evaluación de Impacto
Social de Almaden, declaró que en Ixtacamaxtitlán no existe población indígena.
Pero cinco instancias gubernamentales (Semarnat, Inegi, Sedesol, Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas) reconocen la presencia indígena en el municipio.
Miguel
Sánchez Olvera, campesino de Olintla, Puebla, afirmó que la lucha de familias enteras es para no permitir que esta
empresa canadiense contamine su río. “Viene a despojarnos con engaños desde los
gobiernos municipales, federal y estatal. Es un ecocidio a nuestros pueblos
originarios”, dijo a este medio.
“Ellos nos vienen a decir que no
somos dueños de nuestro territorio. Nosotros somos originarios, dueños
milenarios y vienen a destrozar desde nuestra cultura, nuestra forma de vivir,
convivir y practicar nuestra espiritualidad. No vamos a permitir a empresas
trasnacional y nacionales que vienen junto con nuestros gobiernos. La tierra no
se vende. Se ama y se defiende. El agua también”, agregó Sánchez Olvera, quien vive en
el distrito Zacatlán de las Manzanas. Ahí, contó, actividades industriales de
extracción de arcilla se han adueñado de su agua, ya que al pueblo le dan doce
horas por semana de suministro.
Ante ello,
Julio César Laureano, a nombre del Centro de Estudios de Desarrollo Rural
(Cesder), exigió “que se hagan consultas
reales, no hechas por debajo del agua o con convenios con las autoridades
correspondientes para que en papel plasmen que realmente las comunidades están
a favor de las empresas”.
La abogada
Diana Pérez expuso que han emitido
varias acciones legales en contra de las diferentes autoridades que se
encuentran autorizadas para el desarrollo del proyecto. El 7 de abril del 2015
se interpuso una demanda de amparo por un ejido llamado Tecoltémitl del
municipio de Ixtacamaxtitlán, el cual señalaba a la justicia federal la
violación del derecho a la autodeterminación, tierra, territorio y
consentimiento como tal para la emisión de títulos de concesión mineras.
“Este juicio después de tres años
está ya en una fase final, en la cual estaríamos esperando en los próximos
meses tener una resolución del caso, lo cual significaría entrar al análisis de
derechos humanos del ejido y también se señaló el análisis de la
inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley minera”, explicó.
También se hizo un juicio de nulidad en contra del
último informe preventivo Ixtaca IV, ya que se le hizo saber a la Semarnat que
Almaden ya había sobrepasado la normativa oficial mexicana. Pero no han tenido
respuesta de los juzgados.
La empresa
Almaden ha seguido sus pasos, dijo Irma Hernández, originaria del municipio. “La mira está en el proyecto que quieren
hacer a como dé lugar, esa necedad, aunque ya dijimos que no queremos”.
Por ello, “nos queda claro que
nuestros gobiernos no nos van a apoyar en esta protección de la vida y del
cuidado de la tierra, si no somos nosotros los que vivimos en las regiones”,
concluyó Irma, originaria de Ixtacamaxtitlán. “Estamos al pendiente y debemos
tener claridad que con violencia no se puede ganar una lucha, sino que tenemos
que buscar muchos mecanismos sin que tengamos que perder vidas, aunque sabemos
que eso puede pasar”.
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