Por lo menos nueve asesinatos de
luchadores sociales, 11 allanamientos, dos desapariciones forzadas, despojo de
la tierra y territorio, militarización, imposición de megaproyectos como minas,
presas hidroeléctricas y parques eólicos, es el resultado de la “política de
terror” implementada en los primeros 15 meses de gobierno del priista Alejandro
Murat Hinojosa, denunció un colectivo de alrededor de 60 organizaciones
civiles, sindicales y de derechos humanos.
Y exigieron al gobernador que poner un alto a
la política de terror implementada en Oaxaca por el Estado, así como a la
impunidad.
De igual
forma, responsabilizaron al gobierno de
Alejandro Murat de cualquier represalia en contra de activistas del movimiento
social oaxaqueño.
Consideran
que un año y tres meses desde la llegada de Alejandro Murat al gobierno de
Oaxaca, han sido suficientes para poner
en evidencia una política de Estado que poco le apuesta a la gobernabilidad, el
diálogo y la concertación.
Y es que en este periodo también han sido
documentadas amenazas de muerte, vigilancia con drones, espionaje, procesos
judiciales, órdenes de aprehensión y difamación contra quienes conforman el
movimiento social de Oaxaca, además de la brutal acción de rociar con ácido
muriático a integrantes de la Sección 22.
Respecto a la impunidad citaron como
ejemplo los crímenes cometidos por funcionarios de Estado y que continúan sin
castigo, como los 14 homicidios del “helicopterazo” en Jamiltepec ocurrido el
pasado el 16 de febrero.
Y es que a pesar de que se conoce
públicamente a los responsables no se ha ejercitado acción penal contra ninguno
de ellos, lo que deja claro –afirman–el sesgo con que operan los aparatos
estatales y federales de procuración de Justicia.
Otro síntoma del terrorismo de
Estado, añaden, es el aumento de la violencia generalizada sin control contra
las mujeres en Oaxaca y los 145 feminicidios que se han registrado en lo que va
del sexenio del gobernador priista.
El gobierno de Oaxaca y el gobierno federal
subrayan, se han coludido para generar un clima de terror, impunidad y
permisibilidad, pues muchos de los casos enunciados cuentan con quejas en la
CNDH y en la DDHPO, así como denuncias en Fiscalía estatal y en la PGR, sin que
hasta el momento se haya fincado ningún tipo de responsabilidad al respecto.
Otro ejemplo
claro del modus operandi del gobierno de Murat, acusan, es la ejecución de Alejandro Antonio Díaz Cruz, Ignacio Ventura
Martínez y Luis Ángel Martínez, fundador e integrantes de CODEDI, así como el
intento de asesinato a Abraham Ramírez Vázquez, quienes después de una reunión
con el gobierno del estado fueron emboscados a balazos.
Los activistas responsabilizan a
Alejandro Murat y a Enrique Peña Nieto de la vida, integridad física y
psicológica de todos y cada uno de los integrantes del movimiento social,
magisterial y popular de Oaxaca al tiempo que le advirtieron: “no dejaremos de
hacer nuestra legitima labor, y no dejaremos de ser la voz crítica”.
También hicieron un llamado a todas las expresiones
y luchas del movimiento social en Oaxaca, a los sindicatos democráticos, así
como al pueblo en general para caminar en unidad para enfrentar la embestida
del gobierno contra el movimiento social.
De igual
forma, hicieron el llamado para “hacer
uso legítimo de la movilización para detener estos tiempos de infortunio, en
donde las fuerzas retrógradas se han apoderado de la gubernatura del estado de
Oaxaca y desde ese lugar están aplicando las directrices neoliberales,
traducidas en los megaproyectos extractivistas y de saqueo de los recursos
naturales, la contaminación y sobreexplotación de la madre tierra, pisoteando
los derechos civiles y políticos, así como los laborales y ambientales”.
Finalmente externaron su preocupación por los impactos
que tendrá la Ley de Seguridad Interior, dado que abre la puerta al estado de
excepción de facto, generando las condiciones favorables a una dictadura
militar que sin duda impactará en el incremento descontrolado de tortura,
ejecuciones extrajudiciales, feminicidios, violencia contra las mujeres y
desapariciones forzadas, dado que está diseñada para acabar con las diversas
resistencias en México.
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