Acabar con las pensiones sólo por vergüenza.

Georgina Morett.

Estamos de acuerdo que la historia es cíclica, pero no es posible que sigamos con los mismos temas y sin ningún avance durante 14 años. El tema de las pensiones de los expresidentes se discutió en el Congreso desde 2004, donde por cierto también se habló de las pensiones de los integrantes y directivos de la banca de desarrollo, de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza, entre otros organismos.

Ahora el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, puso el tema en el debate político y si bien es cierto que podemos criticar estos emolumentos por su monto, porque no tienen reglas para otorgarse y se obtienen con sólo 6 años de trabajo, mientras cualquier trabajador necesita 30 años, también lo es, el hecho de que el dinero que el país se ahorraría es mínimo.

Esta propuesta se discutió en 2004 por iniciativa del entonces diputado Miguel Alonso Raya, quien no sólo se refirió a las pensiones de los expresidentes, sino también de la banca de desarrollo, lo que llevó a que se supiera que el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, también recibía una pensión de más de 60 mil pesos por parte de Nafin.

En esta discusión, que como muchas otras sólo cobran vida en momentos electorales, pero que no logran acuerdo entre las distintas fuerzas políticas hay varios puntos que analizar.

De acuerdo con el experto en temas de transparencia, Ernesto Villanueva, las pensiones de los expresidentes se pagan por 2 acuerdos presidenciales, uno del sexenio de Luis Echeverría y otro de Miguel de la Madrid, pero los dos carecen de la firma del mandatario además de que no fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que su validez legal es nula, quizá por usos y costumbres.

En el libro Beneficios ex Presidenciales de Ernesto Villanueva se señala que en el acuerdo del 31 de marzo de 1987 se decidió entregar la pensión vitalicia con los siguientes lineamientos: el monto equivalente al salario de un secretario de estado, seguro de vida y gastos médicos mayores, además de que los expresidentes dispondrán de la asignación de hasta 25 empleados de la federación quienes estarán a su servicio directo, les pagan el servicio telefónico y las verificaciones, tenencia, entre otros gastos.

Pero todos estos beneficios al no estar en el DOF son inconstitucionales, por lo que si hubiera voluntad política se acabaría con estas pensiones y es innecesario que se discuta en el Congreso.

Además, en el Presupuesto de Egresos de la Federación no se transparentan las pensiones, lo que sí sabemos, es que un secretario de estado tiene un salario mensual de 214 mil 995 pesos que es lo que les corresponde recibir a los expresidentes y a las viudas el 80 por ciento.

Imposible saber de dónde sacó López Obrador el costo de cinco millones por expresidente, pero de acuerdo con información publicada en El Financiero además de estas pensiones el expresidente que sale más caro es Felipe Calderón, ya que eroga mensualmente 816 mil 758 pesos para el personal adscrito a su cargo.

Mientras que el expresidente Vicente Fox gasta 472 mil 424 pesos y el expresidente Ernesto Zedillo tan sólo 51 mil 357. Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo renunciaron al pago de la pensión, aunque este último todavía cobra la del Banco de México; Felipe Calderón informó que la dona.

Dentro del presupuesto el gasto es mínimo, pero en un país con casi 54 millones de pobres, deberían quietarlas por vergüenza.