Morena y la publicidad oficial.

Gabriel Sosa Plata.

Vía Twitter pregunté al Diputado federal de Morena, Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, por qué votó a favor de cuestionada ley de publicidad oficial. No recibí respuesta. Supongo que el legislador no tiene tiempo ni ganas de responder preguntas de la ciudadanía ni tampoco precisar el sentido de un voto. Así, como de adorno, están sus redes sociales, como para la mayoría de los funcionarios públicos.

El que respondió fue el coordinador de los diputados de Morena, Virgilio Caballero. Lo hizo en una entrevista que concedió a la periodista Carmen Aristegui la semana pasada. Justificó a su compañero. Dijo que se equivocó porque, efectivamente, durante la sesión de la Comisión de Gobernación, en la que se votó el dictamen, el Diputado Ojeda Anguiano argumentó en contra del contenido de la ley propuesta.

“Lo que él calculó -dijo Caballero- es que llevando al Pleno de la Cámara podría realmente discutirse en serio, como no lo estaba haciendo la Comisión de Gobernación, y por eso votó a favor… Hubo una pésima interpretación apresurada de lo que había que hacer”.

¿Pésima interpretación? ¿una equivocación? En política nada es casual y mucho menos con políticos tan experimentados. La firma a favor en el dictamen correspondiente es clarísima.

Me preocupa el voto de Morena porque puede interpretarse, en vísperas de las elecciones del primero de julio, como un mensaje a los medios de comunicación (y políticos) que quieren preservar un modelo que históricamente ha dañado la libertad de expresión, el periodismo crítico e independiente y el derecho a la información. Es además contrario a lo que ha defendido ese partido desde su creación.

La Ley General de Comunicación Social, que cuenta con el respaldo del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, mantiene como se ha dicho la discrecionalidad en el gasto de la publicidad gubernamental y la facultad de la Secretaría de Gobernación para palomear las estrategias y los programas de comunicación social, así como sus respectivas campañas. En consecuencia, no se tomó en cuenta la propuesta de diversas organizaciones -con base en las mejores prácticas internacionales- de crear un Consejo independiente o una Comisión externa, que vigile la asignación de la pauta propagandística con criterios transparentes, objetivos y equitativos.

Otra enorme deficiencia es que en la ley no se establece un sistema imparcial, externo, que mida las audiencias, los ratings, los tirajes, el número de lectores, para evitar lo que sucede ahora con medios que reciben recursos de la publicidad oficial, pero que no tienen radioescuchas, televidentes ni lectores; mucho menos contenidos de calidad. Tampoco incorpora criterios de pluralidad para evitar que se privilegie, como hasta ahora, a un puñado de medios de comunicación.

El voto del Diputado Ojeda Anguiano podría revertirse cuando el dictamen llegue al pleno de la Cámara de Diputados. Ahí sabremos si Morena realmente se equivocó o si utiliza una propuesta de ley para fortalecer lazos con medios de comunicación, beneficiarios de la publicidad oficial, en el marco del proceso electoral de este año y en el que su candidato a la presidencia aparece en primer lugar en las encuestas. Algo similar a lo ocurrido en 2006 con la ley Televisa. Entonces no existía Morena, pero la mayoría de los partidos políticos y los candidatos, incluido Andrés Manuel López Obrador, avalaron formal o informalmente una ley contraria al interés general, que afianzaba la concentración de frecuencias en pocas manos y que además tenía vicios de inconstitucionalidad, como se demostraría un año después.

El vicecoordinador de Morena en el Senado, Zoé Robledo, informó que una vez que llegue la minuta a la Cámara revisora, presentarán una propuesta alterna para revertir los vicios de la ley. Es una buena señal, pero sus legisladoras y legisladores poco podrán hacer para que sea aprobada por el PRI y sus partidos satélites, tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado.

Pese a esto, será interesante observar el voto del resto de los partidos porque nos permitirá tener un indicio del tipo de relación que se desea con los medios de comunicación mediante los recursos del erario.

Por ejemplo, en la Comisión de Gobernación, sólo el panista Juan Pablo Piña votó en contra del dictamen, pero cinco (sí, cinco) de sus compañeros de partido no votaron y otro panista se abstuvo. ¿Extraño? No lo creo. El PRD también dio un voto del Diputado Rafael Hernández Soriano en contra, pero su colega Horensia Aragón tampoco votó. Y ojo: también el Diputado de Movimiento Ciudadano, el jalisciense Salvador García González, cuyo partido está en coalición nacional con el PAN y el PRD, votó a favor, pero se salvó de un cuestionamiento similar al que tuvo Ojeda Anguiano. ¿Sucederá algo similar cuando la ley sea votada en el pleno?

NOTICIAS DE NOTIMEX.

¿Recuerda que aquí cuestionamos la sesgada cobertura periodística de Notimex del proceso electoral y su apoyo al candidato del PRI, José Antonio Meade? A partir de quejas presentadas por dos ciudadanos a la defensora de las audiencias de dicha agencia, Maricruz Zamora, Notimex respondió que “ha dado una cobertura informativa equitativa a todos los actores políticos que participan en esta jornada electoral 2018” y “que la cobertura que se da a los contendientes está en función de su actividad pública, así como de su presencia en redes sociales”.

Luego ofreció números sobre las notas publicadas en el periodo que va del 14 de diciembre de 2017 al 14 de marzo de 2018: “José Antonio Meade, 597 notas; Andrés Manuel López Obrador, 412; Ricardo Anaya, 395; Armando Ríos Piter, 77; Margarita Zavala, 64; María de Jesús Patricio, 49; Jaime Rodríguez Calderón, 48; Pedro Ferriz de Con, 20 y Edgar Portillo, 9”. En cuanto a las y los aspirantes a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México: “Mikel Arriola registró 165 notas; Claudia Sheinbaum, 118, y Alejandra Barrales, 115”.

A dicha respuesta, la defensora de la audiencia respondió el 22 de marzo que “se confirma… mayor cobertura cuantitativa al candidato Meade; lo que no se justifica periodísticamente y sí resulta preocupante, lamentable y de urgente solución, pues es mandato de ley de creación de la agencia ‘coadyuvar al ejercicio del derecho a la información… con auténtica independencia editorial’”. Por ello emitió diversas recomendaciones, entre éstas que la agencia elabore un documento serio de análisis cuantitativo y cualitativo sobre el manejo editorial.

Notimex respondió que realizar “una reflexión cuantitativa y cualitativa sobre el manejo editorial… implicaría para esta Entidad, verter consideraciones y expresar una opinión sobre los contenidos y proceso informativo, lo que se aleja de un elemento fundamental que debe ser observado en el quehacer periodístico: la objetividad”. Luego explicó que la agencia ya “informó en datos duros, cuál ha sido su actividad informativa respecto de cada candidato, partido o coalición, indicando bajo qué elemento objetivo se ha realizado”.

Con dicha respuesta, Notimex afirma estar en lo correcto. No es así. Las evidencias de un manejo editorial parcial han sido claras y debiesen ocupar al Consejo Editorial Consultivo para tomar cartas en el asunto, lo antes posible, para corregir el rumbo ante las próximas elecciones. Resulta también desalentadora la nula autocrítica de este órgano del Estado mexicano y la ausencia de propuestas alternativas para tener mecanismos de autorregulación más eficaces que fortalezcan su función periodística y su credibilidad.