Tras la denuncia que hizo El Barzón
por las amenazas de muerte contra dos de sus integrantes en Chihuahua, diversas
organizaciones defensoras de los derechos humanos exigieron a los gobiernos
federal y estatal que tomen las medidas necesarias para garantizar la vida de
los afectados.
La semana pasada los barzonistas
dieron a conocer que integrantes de la familia LeBarón “pusieron precio a la
cabeza” de Martín Solís Bustamante, actual director de Fomento Agropecuario de
la Secretaría de Desarrollo Rural en el gobierno estatal, y de Eraclio
Rodríguez, candidato a diputado de Morena por el Distrito VII.
El problema entre los barzonistas y
los LeBarón es por la disputa del agua en la región noroeste, específicamente
por el líquido de la cuenca del Río del Carmen, que surte a pozos de los
municipios de Namiquipa, Riva Palacio, Buenaventura y Ahumada, en Chihuahua.
En el caso del rancho La Mojina, propiedad de cinco
integrantes de la familia de mormones liderada por José Francisco LeBarón Soto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha
reconocido que tiene por lo menos nueve pozos que operan de manera ilegal.
“El Barzón ha denunciado reiteradamente a la
familia LeBarón de estar relacionada con la explotación ilegal de pozos de agua
en la cuenca del Río del Carmen, formada por los acuíferos Flores Magón y Santa
Clara, en los municipios mencionados, que están llevando a los límites de sobre
explotación el acuífero de la zona”, destacaron las organizaciones en un comunicado de prensa.
Sin embargo, añadieron, las
omisiones de la Conagua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa), organismos desconcentrados de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, “cuyo deber es inspeccionar y vigilar estas obras
hidráulicas, así como aplicar las sanciones correspondientes, han empeorado la
conflictividad en la región, acrecentando el clima de inseguridad, persecución,
hostigamiento e intimidación en contra de algunos miembros de El Barzón”.
Los activistas exigieron al
gobernador Javier Corral y al subsecretario de Derechos Humanos de la
Secretaría de Gobernación (Segob), Rafael Adrián Avante Juárez, entre otros,
que garanticen la vida e integridad física de Solís y Rodríguez.
A Roberto Ramírez de la Parra,
director general de la Conagua, y a Guillermo Haro Bélchez, titular de la
Profepa, les pidieron ejercer con prontitud y efectividad su deber de inspeccionar
y vigilar esas obras hidráulicas, así como aplicar las sanciones
correspondientes.
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