El fiscal general Rodolfo Montes de
Oca y el secretario de Seguridad Estatal, Adolfo García Morales, se encuentran
al borde de la destitución por encubrir la ilegal detención de Francisco Monge
Araiza, exoperador político y gubernamental de Guillermo Padrés.
Según consta en la ejecutoria de amparo 156/2018 resuelto por
el juez primero de distrito radicado en esta capital, el fiscal fue ordenado a investigar al secretario de Seguridad y, en un
periodo de 30 días, presentar los resultados a la autoridad judicial.
Pese al mandato que venció a finales
de abril pasado, Montes de Oca se mantiene reticente a obedecer al juez, lo que
significa que ha caído en desacato sólo por proteger a García Morales.
Montes de Oca se encuentra en medio
de una encrucijada: pronunciarse contra su par burocrático en la ilegal
detención de “Pancho Platas”, como lo consigna la sentencia de la causa penal
140/2016, o desacatar la orden judicial que lo tiene al borde de la
destitución, debido a que durante el proceso del exfuncionario padrecista, él
mismo atrajo la investigación a la Fiscalía estatal por considerarla de
supuesto “interés social”.
En el caso del mando policiaco, Adolfo García Morales, su potencial destitución se debe a que se niega
a rendir su informe de autoridad porque esto le supondría revelar los nombre de
quién encabezó el operativo y los elementos de policías estatales que
ejecutaron la ilegal detención del político sonorense oriundo de Moctezuma,
Sonora.
Apro tuvo acceso a la sentencia absolutoria, la ejecutoria de amparo y a la apelación
tramitada por “Pancho Platas” y el despacho Regino Abogados, porque el señalado
y su bufete jurídico solicitaron el derecho de réplica, luego que esta casa de
noticias publicó el 12 de septiembre de 2016 el reportaje: “Pancho Platas”, el
exfuncionario de Padrés que saqueó hasta juegos infantiles.
Francisco Monge Araiza, excoordinador general del Consejo
General de Concertación para la Obra Pública, ha vivido dos años de maltratos,
vejaciones y falsas acusaciones.
Desde el 11 de septiembre de 2016 a
la fecha, el controvertido político ha entrado y salido dos veces a la cárcel,
se le imputaron los delitos de portación de un arma de fuego calibre 7.65
milímetros, 20 gramos de la droga sintética conocida como “cristal”, así como
de intentar sobornar a los agentes aprehensores con 3.5 millones de pesos.
El caso formulado por la delegación sonorense de la
Procuraduría General de la República (PGR) resultó una falacia, como consta en
la apelación 49/2018 resuelto por el Sexto Tribunal Unitario del Quinto
Circuito.
La detención.
“Pancho Platas” fue retenido
ilegalmente al interior de su vivienda la madrugada del 11 de septiembre en su
residencia de Bacadehuachi, Sonora, y no mientras circulaba en las calles de
ese poblado, como informaron falsamente las autoridades.
Cuando lo esposaron en el cuarto
principal de su residencia, los agentes -aún sin identificar- le gritaron
frente a su esposa que se trataba de un “secuestro” y le exigían que entregara
300 millones de pesos o lo “desaparecerían en ácido”. Le dijeron que, de
negarse a entregar dicha cantidad, arremeterían contra su familia, como es
posible ver y escuchar en la audiencia pública del 2 de marzo de 2018
registrada en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado Sonora.
Durante una hora y 22 minutos, Monge Araiza relató a la juez las tropelías cometidas en su contra.
Bajo juramento, señaló que los autores materiales de esta ilegal retención
fueron Humberto Robles, el priista que busca la diputación federal por el
segundo distrito sonorense y primo del actual secretario de Gobierno, Miguel
Ernesto Pompa Corella.
También señaló a Joaquín Jaime
Moreno, el alcalde de Bacadehuachi de extracción priista.
“Pancho Platas” reseñó
que lo golpearon al detenerlo, durante el trayecto, al llegar a la delegación
de PGR y en dos ocasiones mientras estuvo detenido en el Cefereso 11, donde
purgó cuatro meses de prisión preventiva por crímenes que no cometió.
Al cabo de 18 meses de juicio y
argucias legales de parte de PGR, el exfuncionario padrecista obtuvo sentencia
absolutoria por “duda razonable”, porque las pruebas aportadas por la fiscalía
mexicana en ningún momento coincidieron en lo dicho con los hechos.
Aún más. La defensa a
cargo del abogado Gabriel Regino García interpuso un recurso de apelación ante
el Sexto Tribunal Unitario por estar inconforme con el fallo de “duda
razonable” y esta autoridad judicial le concedió la razón a “Pancho Platas” y
modificó la sentencia de “absolución por exclusión de prueba ilícita”, con lo
que se confirmó que la aprehensión fue completamente ilegal.
Francisco Monge Araiza dijo
a Apro que llevará su defensa hasta sus últimas consecuencias, hasta saber la
identidad de los individuos que allanaron su vivienda en 2016, lo amenazaron de
muerte frente a su esposa que en esos días tenía dos meses embarazo y las
autoridades que le robaron dos años de su vida al fabricarle un delito.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.