El peligro del fraude.

José Gil Olmos.

Conforme se acerca el 1 de julio, la inquietud sobre un posible fraude ha comenzado a manifestarse en varios medios y en las redes sociales. La ventaja que mantiene Andrés Manuel López Obrador a poco más de un mes del día de la votación ha generado esa sospecha de que habrá un fraude de dimensiones inopinadas para no reconocer su triunfo.

Esta inquietud y sospecha están alimentadas por varios elementos, uno de ellos es el desempeño que han tenido tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Las dos autoridades han dado señales de que no hay equidad ni imparcialidad en sus decisiones, por ejemplo, a pesar de las irregularidades en las firmas presentadas se dio el registro a las candidaturas de Jaime Rodríguez y Margarita Zavala. Por otro lado, la declaración del presidente del INE, Lorenzo Córdova de que no habrá un reconocimiento del ganador la misma noche de la elección si está cerrada la votación, ya genera inquietud entre los actores políticos y sociales.

Las sospechas de un probable fraude también son generadas por la tentación del uso de programas cibernéticos y sociales del gobierno de federal para manipular la votación como ha ocurrido de manera secular; asimismo por la presión que están generando los empresarios más poderosos del país para inclinar la balanza en favor de Ricardo Anaya, y también las denuncias de que ya empezó la compra de votos en las zonas rurales más pobres del país.

Como parte de este contexto de incertidumbre, en las últimas semanas han surgido un par de versiones sobre la compra del voto, ambas coinciden en que hay un “cochinito” en las finanzas gubernamentales de 10 mil millones de pesos que serán destinados para la compra de 10 millones de votos a favor de José Antonio Meade. Esto que parece una leyenda electoral ha comenzado a cobrar vida en redes sociales generando un malestar sobre todo entre los seguidores de López Obrador.

La sola sospecha de un posible fraude para el 1 de julio es más que preocupante si se toma en cuenta que existe una población muy enojada, a la que solo le falta una chispa para encenderse y dar lugar a manifestaciones violentas en las calles.

Un ambiente de crispación social no le conviene a nadie, ninguno de los candidatos se beneficia con la posibilidad de un fraude. El ganador de la elección solo podrá ser reconocido por un proceso legítimo y legal, sin manchas ni sospechas de manipulación del voto.

En caso contrario, si alguno de los aspirantes llega mediante un proceso electoral sucio y empañado, difícilmente podrá gobernar pues ni con el apoyo de las fuerzas policiacas y armadas logrará tener una situación de paz propicia para conducir el país.

Si alguien tiene en mente la intención de implementar un fraude en esta elección, pensando que no habrá conflictos sociales como en 2006 cuando fue evidente la intromisión del gobierno, se equivoca. Las condiciones en el país son totalmente distintas ahora y no sólo por el enojo ciudadano.

Hay otro grupo poderoso que sí se beneficiaría de una situación de desorden social: el crimen organizado que aprovechando la situación puede generar más caos y una situación de ingobernabilidad propicia para entronizarse.

Por cierto… El segundo debate quedó mucho a que deber, el formato, aunque novedoso, no permitió el desarrollo de las propuestas; los candidatos se enredaron en dimes y diretes; los ciudadanos participantes llegaron con preguntas previamente acordadas; y los conductores, sobre todo Yuriria Sierra, se excedieron en su papel protagónico. Así, nadie sale ganando.