Enrique Peña Nieto promulgó hoy la
Ley General de Comunicación Social, conocida como #LeyChayote, en medio de
reclamos de organismos internacionales y sociedad civil que le pedían no
avalarla porque fomenta y legaliza malas prácticas, y no cumple con los
estándares mínimos necesarios para cambiar el uso inapropiado de la publicidad
oficial.
Apenas el
pasado 3 de mayo, en el marco del Día Mundial de Libertad de Prensa, el
colectivo #MediosLibres –conformado por organizaciones, medios de comunicación,
periodistas y sociedad civil– envió una
carta abierta al presidente Peña donde lo pedían no avalar la llamada
#LeyChayote, aprobada por el Poder Legislativo en abril pasado.
La Ley General de Comunicación Social
fue promulgada este viernes por el presidente Peña en el Diario Oficial de la
Federación (DOF).
“En
cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación
y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo
Federal, en la Ciudad de México”, señala el texto firmado por el Ejecutivo
federal y el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.
La #LeyChayote entrará en vigor el 1
de enero de 2019.
Peña se ha gastado 40 mil millones de
pesos en un puñado de medios. Organizaciones nacionales y extranjeras indican
que al final de su sexenio alcanzará los 60 mil millones erogados en
comunicación social, una cifra histórica en México. Los organismos de la
sociedad civil consideran que el gasto es básicamente para comprar la línea
editorial de periódicos impresos, televisoras y radiodifusoras, además de
medios digitales.
La
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) habían demandado
al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a sus socios en el Senado de la
República que tuvieran responsabilidad y no pasaran esa Ley, que básicamente
deja en manos del Gobierno federal, otra vez, miles de millones de pesos de
pesos que gasta a su arbitrio cada año. Alertaron que su aprobación atentaba
contra la libertad de expresión.
A pesar de los llamados de alerta por
parte de la sociedad civil y organismos internacionales, la madrugada del 26 de
abril los senadores aprobaron, con 60 votos a favor y 46 en contra, la Ley de
Comunicación Social que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó
legislar al Congreso desde noviembre de 2017.
Tras la
aprobación, el colectivo #MediosLibres solicitó al presidente Peña no avalar la
legislación. En una carta abierta le recordaron su compromiso número 95 del
“Pacto por México”: la creación de una instancia ciudadana y autónoma que
supervisara la contratación de los medios con fines publicitarios.
Sin embargo,
seis años después y en la recta final de
su sexenio, esta promesa se desvaneció. Hoy el presidente, quien tenía la
última palabra para no promulgar la legislación y regresarla a su Cámara de
origen, la promulgó en el Diario Oficial.
Esta ley fue pasada a la fuerza por
legisladores sin escuchar las propuestas, críticas y comentarios de la sociedad
civil, academia, medios de comunicación y periodistas.
La sociedad civil proponía una
iniciativa que integrara al proyecto de ley de Publicidad Oficial criterios
claros y objetivos para la asignación de la publicidad oficial, establecer
controles presupuestarios, prohibir la promoción personalizada en el marco de
los informes anuales, desaparecer la existencia de los mensajes que promueven
la discrecionalidad y crear mecanismos externos de control para la evaluación y
fiscalización.
De acuerdo
con la organización Fundar, los diez
medios y empresas que han ganado más dinero por concepto de Publicidad Oficial
durante el Gobierno Peña Nieto hasta 2017 son: Televisa, con 6 mil 680 millones
de pesos; Estudios Azteca, que ha obtenido 3 mil 939 millones; Starcom
Worldwide (EU), con mil 298 millones de pesos; Estudios Churubusco Azteca, que
recibió mil 270 millones; Grupo Fórmula, con mil 045 millones; El Universal,
con mil 007 millones; Excélsior, al que le dieron 989 millones 969 mil pesos;
Starcom Worldwide (México), que ha recibido 815 millones 811 mil pesos; OEM 802
millones, con 351 millones, y SPR del Estado Mexicano, con 693 millones 344
mil.
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