Durante este proceso electoral Acción
Ciudadana Frente a la Pobreza ha recibido, del 9 de abril a ayer, 151 reportes
ciudadanos de 25 entidades del país acusando compra de votos mediante recursos
públicos: el 41 por ciento es por entrega de despensas u otros utensilios; el
36 por ciento refiere condicionamiento para recibir o no beneficios de
programas sociales como Prospera; el 18 por ciento es por entrega de dinero en
efectivo y el 5 por ciento corresponde al reparto de tarjetas con depósitos.
Del
condicionamiento reportado, el 58 por
ciento es a cambio de la credencial del INE o una fotocopia.
De acuerdo
con el portal Democraciasinpobreza.mx, herramienta basada en un formulario para
la denuncia anónima de este acto ilícito, el
voto se está comprando en 500 pesos. Aunque en el Estado de México, la entidad
con el mayor número de población con carencias, cotiza hasta en 5 mil pesos,
mientras que en la Ciudad de México el precio va de 200 a 2 mil 500 pesos,
sobre todo en Coyoacán, Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero.
Dado que la herramienta digital no es
estadísticamente representativa, no se publican los estados ni partidos donde
más se registra la compra. Que la incidencia de las denuncias recibidas sea en
el centro del país lo atribuyen al alcance de difusión del formulario.
“A mayor poder, mayor compra de
voto”, dijo Santiago Nieto, ex titular de la Fepade y ahora asesor de la
campaña del candidato Andrés Manuel López Obrador. Aclaró que no está afiliado
a Morena, continuará como académico y solo aportará con un “programa de
blindaje electoral”.
Pero,
detalló basado en su paso por Fepade y no en democraciasinpovreza.mx, este acto “lastimoso” se ha dado sobre todo
con el PRI con Prospera y en espacios geográficos con mayor marginalidad del
país, como Oaxaca, Chiapas, Puebla y Estado de México, donde comer o no ese día
“depende” de la venta del voto.
Nieto aseguró que durante esta
jornada electoral es importante que la Fepade actúe y que se vigile al TEPJF,
donde cuatro de sus magistrados “siempre termina resolviendo a favor del
gobierno, particularmente del PRI”.
Alberto
Serdán, coordinador de Acción Ciudadana, enfatizó
que esta compra de voto se da en un país donde el 50.3 por ciento vive en
pobreza y la canasta básica cuesta alrededor de 1,400 pesos mensuales.
El acto “inmoral e ilegal”, que no
ayuda a dejar de vivir en pobreza, lo hacen todos los partidos políticos a
nivel nacional, pero, precisó, depende del partido que está gobernando en esa
zona la intensidad de la compra.
A la par, en el primer trimestre de este 2018 se
disparó el gasto ejercido de programas sociales de Sedesol. El egreso en el
programa Empleo Temporal aumentó un 1,480.9 por ciento frente al primer
trimestre de 2017; el de Conversión Social un 815.5 por ciento; el de Apoyo a
Instancias de Mujeres un 237 por ciento; y el de Comedores comunitarios un
184.3 por ciento.
“De algún lado se necesita sacar el
dinero para comprar el voto”, dijo Serdán, coordinador de Acción Ciudadana.
Además, la bitácora de monitoreo a 71 medios de
Acción Ciudadana ha recopilado MIL 613 noticias de prensa sobre acciones de
compra y coacción del voto.
Entre los principales hallazgos de
este ejercicio en medios, son el reparto de tarjetas en Coyoacán, Álvaro
Obregón y Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, Chiapas, Veracruz, entre
otros, como la de “Avanzar Contigo” de la campaña del priista José Antonio
Meade.
Estas denuncias sobre uso electoral
de programas sociales contravienen la Ley General de delitos electorales. El
caso de fotocopiar la credencial del INE viola las leyes de protección de datos
personales, precisó Acción Ciudadana.
Por ello, el conjunto de más de 60 organizaciones
civiles llamó al INE y a la Fepade a consultar estas denuncias ciudadanas para
focalizar la compra de voto en el país, investigar y garantizar el voto libre y
secreto.
“El modelo de desarrollo social ha
sido pervertido para generar clientelismo de naturaleza política”, afirmó el ex
Fiscal Santiago Nieto, por lo que pidió revisar los perfiles de titulares de
SEDESOL, Sedatu y SAGARPA para que no sean solo operadores políticos.
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