Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, preso
desde el 20 de diciembre de 2017, acusado de desviar 240 millones del erario de
Chihuahua, calificó de “psicópata” al gobernador Javier Corral, y aseguró que
juega con la inteligencia de los chihuahuenses al manipular el proceso que se
sigue en su contra.
Por ello, convocó a los sectores empresarial,
académico y social de la entidad, a integrar a un representante para que acuda
a las audiencias y analice a detalle las pruebas que el Ministerio Público
presenta en su contra.
En
entrevista exclusiva con El Diario de Chihuahua, concedida desde el Centro de
Rehabilitación Social (Cereso) número 1 de Aquiles Serdán, donde permanece
recluido, el exsecretario general del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) consideró que su juicio se sigue
bajo la consigna de Corral, a quien señaló por encabezar un manejo perverso de
la comunicación sobre el caso.
“Todo es creado en una mente enferma,
perversa, que tiene temor de las consecuencias que habrán de resultar cuando
salga a la luz pública la verdad de esta farsa. Corral debe estar muriéndose de
miedo de que se aclare su mentira”, expresó.
Gutiérrez
Gutiérrez, apodado “La Coneja”, entabló
contacto vía telefónica a la redacción de El Diario, ayer al filo del mediodía,
para denunciar que fue llamado minutos antes de que comenzara una audiencia con
el juez local, que tendría lugar en una de las salas penales del Cereso de San
Guillermo, sin darle oportunidad a que estuvieran presentes los abogados que
forman parte de su defensa.
La autenticidad
de la llamada fue corroborada horas más tarde con su abogado defensor, Antonio
Collado, así como dos fuentes cercanas al empresario y político priista.
“Me convocan a una audiencia cinco
minutos antes, giran la instrucción de que me bajen, sin la posibilidad de
tener un defensor, eso es sólo una muestra más de cómo están manejado mi caso”, denunció.
La audiencia, cuya cancelación
confirmó posteriormente la Fiscalía, tendría lugar en el complejo penitenciario
para evitar el traslado de Gutiérrez, luego de los hechos acontecidos la noche
del pasado viernes 11, cuando un intenso despliegue de policías estatales evitó
que agentes federales lo trasladaran al Reclusorio Norte de la Ciudad de
México.
De hecho, desde ese día (el viernes), el acceso de
salida del Cereso de San Guillermo, donde está recluido, permanece bloqueado
por un camión blindado de la Fiscalía General para obligar a que la entrada y
salida sean por un mismo y controlado acceso.
Acusado de participar en el desvío de
240 millones de pesos de recursos públicos del gobierno estatal a campañas
electorales del PRI, Alejandro Gutiérrez se consideró un preso político de
Javier Corral, con quien, dijo, previamente sólo tuvo contactos ocasionales
durante sus respectivas carreras como legisladores.
“Por eso he pedido a mis abogados que
inviten a representantes de los sectores, gente representativa sin intenciones
partidistas ni vínculos con el gobierno. Que se enteren y participen
directamente en el análisis de las pruebas, más allá de los dichos y chismes de
algunos protegidos (testigos)”, enfatizó.
El
coahuilense detalló que la instrucción a
su defensa la realizó el pasado fin de semana, motivado por comunicaciones que
le han hecho llegar colegios de abogados y algunos empresarios.
“La mejor forma de detener el
desarrollo de una entidad es con la inseguridad jurídica, con el temor de que,
por un capricho o por un arranque de locura, se pierda la libertad. Por eso
creo que hay un interés de que las cosas se aclaren”, expuso.
Añadió: “Me interesa mucho que los chihuahuenses se
den cuenta del comportamiento, inclusive de los jueces; tenemos videos de cada
una de las audiencias que se han realizado. Que elijan (los sectores) a un
representante y lo introduzcan en el caso, que participen en la información y
en las carpetas, que busquen cualquier prueba que ellos sientan les permita
formar un criterio, y comprueben si hay un mensaje, una llamada o siquiera si
me conocían los que ellos dicen. Que se den cuenta de que no existe una prueba
real en mi contra, que se enteren cuál es mi responsabilidad, dónde estaba y
qué hacía… Eso es bien importante”.
Indicó que, desde su perspectiva, el gobernador de
Chihuahua asume características que podían encajar en la evaluación de un
psicópata, por lo que manifestó sentir temor, toda vez que su seguridad ha
estado en riesgo en el penal.
“Lo he denunciado porque por supuesto
que temo por mi integridad física… Por supuesto que sí”.
Esos hechos,
abundó, quedaron debidamente asentados ante la Comisión Nacional de Derechos
Humanos y la Procuraduría General de la República (PGR), ante su desconfianza
en las autoridades del ámbito local
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