El
presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl
González Pérez, condenó el homicidio del
periodista Juan Carlos Huerta, y advirtió que mientras “los responsables no
estén en la cárcel” la espiral de violencia contra el gremio “tiene el riesgo
de continuar”.
González
Pérez resaltó que con la muerte de
Huerta -ocurrida esta mañana en Villahermosa, Tabasco- suman 134 reporteros
asesinados en los últimos 18 años.
Tras
destacar que en los últimos tres años de
gobierno de Enrique Peña Nieto “la violencia contra periodistas se ha
sostenido”, el ombudsman lamentó que el homicidio ocurriera justo en el primer
aniversario del asesinato de Javier Valdez, corresponsal de La Jornada en
Sinaloa y fundador de periódico local Ríodoce.
El
presidente de la CNDH recordó que en
febrero de 2016 emitió la recomendación general número 24 relacionada con los
ataques a periodistas, misma que fue llevada a la Conferencia Nacional de
Gobernadores (Conago), donde los mandatarios se comprometieron a “asumirla como
política pública”.
En un
comunicado, el organismo dio a conocer
que envió visitadores adjuntos al estado de Tabasco para apoyar a la familia de
Huerta, y solicitó al gobierno de Arturo Núñez medidas cautelares para
salvaguardar la vida y seguridad de los deudos del periodista.
De igual
manera, exigió a las autoridades
competentes “una investigación pronta e integral que prevenga que este caso
quede en la impunidad, investigación que necesariamente deberá contemplar como
una de sus líneas la vinculada a la labor periodística que desempeñaba la
víctima”.
El organismo
puntualizó que desde el año 2000 la
mayoría de los crímenes de periodistas “permanecen impunes, por lo que la
CNDH hace un enérgico llamado a que se revisen y actualicen los esquemas de
protección para periodistas y defensores de derechos humanos, así como que las
instancias encargadas de la investigación de estos casos asuman como prioridad
el esclarecimiento de los mismos”.
Por su
parte, José Antonio Lara Duque, presidente del Centro de Derechos Humanos
“Zeferino Ladrillero” (CDHZL), alertó
que la crisis de violencia en contra de periodistas y defensores de los
derechos humanos en México podría recrudecerse.
Después de
conocerse el asesinato de Juan Carlos Huerta en Tabasco, Lara Duque dijo que esta situación -inédita en
México- podría aumentar exponencialmente en el marco de las próximas elecciones
en nuestro país.
De acuerdo
con el abogado, el clima de impunidad e
inseguridad va en aumento en casi todo el territorio nacional, en contra de la
actividad periodística y de los defensores de las garantías individuales, ya
que el asesinato de Juan Carlos Huerta es el cuarto que se registra en 2018 en
nuestro país.
“Van 43 comunicadores asesinados
durante en el sexenio de Enrique Peña Nieto y es el número
116 desde que México experimentó un cambio en su régimen con el ingreso a la
presidencia de la República de Vicente Fox Quesada través del Partido Acción
Nacional (PAN).
“Particularmente
este 15 de mayo es cuando se cumple un año del asesinato del escritor y
periodista Javier Valdez en Sinaloa, y en el marco de una jornada que se lleva
a cabo en todo el mundo para recordar la importancia que tiene el ejercicio
periodístico profesional”.
Prosiguió: “México vive una crisis de violencia
inédita contra pueblos originarios, comunidades indígenas, periodistas y
defensores de los derechos humanos, derivado de las políticas neoliberales
impuestas en las últimas décadas”.
Lara Duque recordó las palabras de Jan Jarab,
representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (OACNUDH), en el marco de las campañas políticas: que
el ambiente de violencia podría incrementar a consecuencia de su magnitud y la
cultura política de nuestro país.
Explicó que la construcción de
mega-proyectos (sumamente contaminantes de nuestro medio ambiente), la
violencia exacerbada hacia las mujeres, la constante criminalización de la
organización y protesta social, así como la intervención armada del Estado en
los territorios, ha dejado a cientos de personas desaparecidas, encarceladas o
asesinadas por integrantes de grupos paramilitares.
De igual
manera, agregó, la mercantilización, el
aniquilamiento de la cultura y memoria histórica, así como la precarización del
empleo, la exclusión social-territorial, la falta de acceso a la justicia y el
acceso a derechos básicos como vivienda digna, agua, electricidad y servicios
médicos, han hundido al país en una espiral de violencia.
“No vamos a parar nuestro trabajo
social hasta que cesen las agresiones por parte del Estado y terminen los
ataques sistemáticos y permanentes contra nuestros territorios, nuestros
recursos y nuestra vida, del lucro y la barbarie que el capitalismo-neoliberal
representa”, apuntó.
También acusó la intención del Estado “de blindarse
a través del despliegue de leyes represivas como la Ley Eruviel y la nueva Ley
de Seguridad Interior, para legitimar el despliegue del uso de la fuerza física
en casos de protestas y manifestaciones populares; para herirnos o asesinarnos
y, aun así, salir impune”.
Añadió: “Es urgente contar con un protocolo
integral (administrativo, legislativo, judicial) de protección a personas
defensoras (entendiendo a toda persona que actúe en la defensa de los derechos
humanos en un sentido amplio y pacífico, sin necesidad de estar adscrito a una
organización o asociación, o estudios profesionales previos) que tenga como fin
evitar la posible agresión o criminalización del Estado”.
También hizo ver que la lucha por nuestros derechos
humanos es tarea de todos, y “sólo juntos y organizados podremos ganar la
batalla frente a tanta violencia, inseguridad e impunidad. El camino hacia ese
horizonte de comunidad y prosperidad es, pues, algo que tendremos que seguir
construyendo de la mano”, concluyó.
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