En Guanajuato, aquel famoso slogan de
que es una “tierra de oportunidades” se ha hecho realidad…pero para el crimen
organizado.
La violencia se desbordó en
Guanajuato, estado con mayor crecimiento en la incidencia de homicidios
dolosos, delito en el que se ubica en el primer lugar a nivel nacional por
número de casos y cuarto por cada 100 mil habitantes.
Cifras del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP) revelan que entre enero y abril de 2018 en
la entidad gobernada por el panista Miguel Márquez, se registraron 642
ejecuciones a tiros.
Se trata de una cifra tres veces
mayor a la registrada en el mismo periodo de 2015, cuando hubo 179 casos.
Peor aún, la cifra de 2018 es mayor a la ocurrida
durante todo 2015, año que registró una incidencia de 600 casos.
El SESNSP advierte que Guanajuato es el cuarto lugar
a nivel nacional en el número de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes
con una tasa de 12.9, solo por debajo de Colima (26.7), Baja California (22.9)
y Guerrero (21.1)
El
Financiero-Bloomberg buscó la opinión de las autoridades de Guanajuato sobre
este tema, pero al cierre de la edición no había respuesta a la petición de
hablar con el procurador de justicia de la entidad, Carlos Zamarripa Aguirre.
Informes de autoridades federales,
locales mexicanos y de la DEA, agencia antidrogas de Estados Unidos, revelan
que en Guanajuato hay presencia de al menos cinco grupos del crimen organizado.
El grupo predominante es el Cártel de
Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero también operan en aquella entidad células
de Los Zetas, el Cártel del Golfo, Los Caballeros Templarios.
Según la DEA
estos grupos mantienen una batalla por
el control del tráfico de drogas en la entidad. Pero también hay una disputa
clara por el control del robo de hidrocarburo en la red de ductos de más de 700
kilómetros en la entidad.
A esa disputa se suma el emergente
grupo autodenominado Cártel de Santa Rosa de Lima o Cártel de Guanajuato, que
apareció en octubre pasado para declarar la guerra al CJNG en el robo de
hidrocarburos. Ese grupo es encabezado por José Antonio Yépez Ramírez, 'El
Marro', en Irapuato.
Los actos de violencia son de tal
magnitud que ha habido semanas que, en horas, se suman más de 40 ejecuciones.
Entre los hechos más recientes, destaca el ocurrido el viernes pasado, en
Salamanca, donde seis policías de tránsito municipales fueron asesinados en un
ataque de un grupo armado.
En notas
periodísticas se reproducen palabras del funcionario Zamarripa Aguirre, quien
advierte que el 85 por ciento de los homicidios en el estado están relacionados
con el crimen organizado, y más directamente ligados al huachicoleo (robo de
hidrocarburos).
El
funcionario advirtió que el robo de hidrocarburo es un tema que preocupa pues
no se ha podido detener, pese a los esfuerzos que incluyen cientos de
detenciones y clausura de tomas clandestinas.
De acuerdo con los datos oficiales,
los municipios de León, Silao, Celaya, Salamanca y Apaseo el Grande son sólo
algunos de los municipios donde hay una mayor incidencia de homicidios.
El año pasado Guanajuato fue la
entidad con más tomas clandestinas de combustible durante 2017, según reportes
de Pemex.
En su más reciente reporte, de mayo,
la paraestatal colocó a Guanajuato entre las cinco entidades con más casos de
robo de combustible durante marzo; las pérdidas anuales como consecuencia de
este delito rondan los 30 mil millones de pesos.
La criminalidad en Guanajuato ha
hecho de todo menos descender. El 25 de mayo pasado el estado sumó, tan sólo en
cinco días, la cifra de 51 homicidios.
Entre los
hechos más recientes, destaca el
ocurrido el viernes pasado, en Salamanca, donde seis policías de tránsito
municipales fueron asesinados a consecuencia del ataque de un grupo armado.
Cinco de los
uniformados murieron en el lugar y otro más fue trasladado por la Cruz Roja;
sin embargo, murió al llegar al hospital.
Al día
siguiente, el sábado por la noche, al
menos cinco personas fueron ejecutadas y sus cuerpos descuartizados para ser
esparcidos, junto con narco-mensajes, en dos puntos de Apaseo El Alto.
Autoridades encontraron cinco torsos
y tres cabezas, en lo que presumen una disputa entre células del crimen
organizado relacionadas con el robo de combustible.
Dos semanas antes, se sumaron también
crímenes de políticos, como el asesinato del candidato de Morena a la alcaldía
de Apaseo el Grande, José Remedios Aguirre.
La fiscalía de estado acreditó
entonces la relación del candidato con un grupo implicado en el huachicol, al
revisar el contenido de su teléfono, sus contactos, las llamadas que recibió y
las que realizó. “Eso ha dado una información basta, muy amplia que sin duda
viene a corroborar un hecho lamentable como es el que él está involucrado con
un grupo delictivo dados los vínculos telefónicos que se tienen en este
aparato”, dijo
entonces el procurador Carlos Zamarripa.
“Detrás de todo esto hay un mercado
de droga muy rentable del crimen organizado, de plata y plomo. Las ejecuciones
tienen que ver con eso. Es muy difícil para un estado enfrentarse a todo esto
por una política de drogas equivocada a nivel nacional”, dijo al respecto de la crisis,
Santiago Roel, director de la organización Semáforo Delictivo.
Lo cierto es que no ha habido estrategia
estatal o federal que resuelva la crisis. Ni el programa Escudo, donde se
gastaron 2 mil 700 millones de pesos, ni los 3 mil 200 elementos de la Policía
Militar que llegaron a la entidad y ocupan un cuartel donde el gobierno del
estado invirtió en su construcción 375 millones de pesos, han contribuido a
reducir los índices de violencia.
Tan sólo
ayer, elementos del Ejército y policías estatales hallaron el cuerpo de un
joven ejecutado, en la comunidad de Santiaguillo de García, Salamanca.
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