Los ministros de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación están en aprietos. El gobierno de Enrique Peña Nieto
quiere que los jueces constitucionales reviertan el fallo del Tribunal
Colegiado que echó abajo, de tres plumazos, las investigaciones de la
Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa.
La técnica jurídica, según expertos
constitucionales, ni siquiera da margen para la intervención de la Corte y
mucho menos revertir la polémica sentencia firmada por los tres magistrados del
Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno de Circuito, con sede en Reynosa,
Tamaulipas.
En su controversial fallo, que para
las autoridades es excesivo, los magistrados ordenaron la creación de una
Comisión de la Verdad y prácticamente desecharon las actuaciones de la PGR en
más de tres años de investigación, el más grande en la historia de la
Procuraduría.
El caso se salió del control del
gobierno de Enrique Peña. Su escenario era que en los próximos meses se
tuvieran las primeras consignaciones por secuestro y homicidio, evitando toda
referencia a crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada y, en
consecuencia, la responsabilidad del Estado mexicano.
La única
manera en que la administración de Peña Nieto recupere espacio ante las
organizaciones sociales nacionales que patrocinan a los familiares de las
víctimas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de
Naciones Unidas, es a través de una intervención de la Corte que limite los
alcances de la resolución de los magistrados.
No sería el
primer servicio de la Corte al Ejecutivo en momentos de apremio. En 1998,
durante el sexenio de Ernesto Zedillo, una mayoría de ministros apoyó el
anatocismo, el cobro de intereses sobre intereses en momentos en que para ese
gobierno era crucial obtener recursos fuera de los impuestos.
A pesar de las violaciones
constitucionales argumentadas, la Corte aprobó esa medida que sigue atentando
contra los bolsillos de los mexicanos.
En 2005,
cuando Vicente Fox necesitaba argumentos jurídicos para el desafuero de Andrés
Manuel López Obrador, citó a los ministros a Los Pinos. Solícito, el entonces
presidente de la Corte, Mariano Azuela se convirtió en asesor informal del
Ejecutivo, lo que provocó una crisis entre los ministros.
El gobierno
de Felipe Calderón también requirió a la Corte en momentos de apremio y logró
que el máximo tribunal diluyera las responsabilidades por el incendio de la
guardería ABC en Hermosillo Sonora, en el que murieron 49 niños. Estaban
implicados funcionarios de ese gobierno y de su antecesor.
Las presiones contra los ministros
fueron intensas. “No te pusimos ahí para esto”, fue el mensaje desde la
Secretaría de Gobernación para uno de los ministros que buscaba escalar las
responsabilidades.
Las presiones siguieron con el caso
de Florence Cassez. Se resolvió hasta que se fueron Calderón y su secretario de
Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Ahora Peña Nieto requiere a los
ministros. El Poder Judicial también es un poder político y hace política.
Vamos a ver de qué está hecho cada uno de los ministros.
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