Rocío Nahle García, aspirante al
Senado de la República, insistió en que el decreto firmado por el presidente
Enrique peña Nieto tiene el objetivo de privatizar el agua, y por ello, Morena prepara
un amparo para impugnarlo.
Existe “preocupación” por ese decreto
–publicado el miércoles 6 en el Diario Oficial de la Federación–, y en ese
sentido ya se empezó a trabajar con el senador Luis Humberto Fernández para
“aceitar” la defensa legal, informó.
De acuerdo con Nahle, al no lograr el
número de senadores para emitir la controversia constitucional o la acción de
inconstitucionalidad “se recurre a impugnar a través del amparo, para que no
pase el plazo requerido y lograr soportar esta acción privatizadora hasta que
tome protesta Andrés Manuel López Obrador (sic), y se tenga la mayoría en el
Senado y la mayoría en la Cámara de Diputados para echar abajo semejante
barbaridad”.
Dijo que Peña Nieto le dio vuelta al Congreso de la
Unión ante “el rechazo” de la oposición para entregar concesiones, y finalmente
emitió decretos que eliminan la veda para la extracción del líquido y que pueda
utilizarse para la minería y el fracking de hidrocarburos.
“Por más de 70 años no hemos
necesitado la sobreexplotación ni la privatización del agua para la extracción
de hidrocarburos, y el fracking es una técnica muy cuestionada con gran impacto
ambiental, por ello se deben de tomar decisiones de sustentabilidad
privilegiando siempre el cuidado al medio ambiente”, puntualizó durante la entrevista.
El pasado
miércoles 6, en pleno proceso electoral, Peña
Nieto firmó un decreto que autoriza el “reordenamiento” de 295 de 757 cuencas
hídricas del país, las cuales representan el 55 por ciento de las aguas
superficiales.
DICHO DECRETO PERMITE MODIFICAR LAS
“VEDAS EXISTENTES” para la explotación de las cuencas
hídricas Y ABRE LAS PUERTAS PARA MODIFICAR LAS CONCESIONES.
Según la
coalición Agua Para Todos, se trata de
una privatización de facto, porque al levantar la veda se abren las puertas
para comercializar 55 por ciento del agua existente, a través de organismos y
operadores empresariales, que pueden operar a nivel municipal y entregar las
concesiones a empresas mineras, de hidrocarburos, turísticas y, sobre todo,
inmobiliarias.
Nahle García
informó que en el caso de Veracruz hay
preocupación por sus 10 cuencas hidrológicas por que 35 por ciento de aguas
superficiales mexicanas atraviesan nuestro territorio, y, dijo, que en la
entidad se organizan para sumarse al amparo que se prepara.
Por
separado, el director de la Comisión
Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la Parra, negó la privatización
del agua y aseguró que difícilmente se darán concesiones en esta
administración. Sacar el tema “en este momento es un ataque falso con el
objetivo de obtener un beneficio de carácter electoral… todos ustedes ya saben
quién es y a quién me refiero”, recalcó en clara referencia al candidato
presidencial Andrés Manuel López Obrador.
En rueda de
prensa, el funcionario federal dijo que le daba “tristeza” tener que salir a
aclarar los decretos en materia hídrica publicados la primera semana de junio
en el Diario Oficial de la Federación, que
en redes sociales se ubicaron como una privatización del agua “por la puerta de
atrás”.
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