A empresarios como Germán Larrea,
Claudio X. González Laporte y Alberto Bailleres les inquieta que un eventual
arribo de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia termine con los
privilegios fiscales de los que han gozado durante los últimos años. Su temor
no es infundado, pues en 2009 legisladores cercanos al actual candidato de
Juntos Haremos Historia presentaron una iniciativa de ley encaminada a terminar
con esas prebendas de la élite empresarial, que en dinero suman cientos de
miles de millones de pesos.
En 2008, las 400 empresas más grandes
del país debieron pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 850 mil
millones de pesos por concepto de impuestos. Sin embargo, gracias a la llamada
consolidación fiscal, sólo declararon 85 mil millones, es decir, sólo el 10%.
A su llegada
a la Presidencia, Enrique Peña Nieto
prometió acabar con los privilegios fiscales, pero únicamente logró acotarlos a
través de la reforma fiscal en septiembre de 2013.
Meses antes
de conocerse la propuesta fiscal, el 3 de febrero de ese año, Claudio X. González Laporte, entonces
presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios –que en 2014 se
transformó en Consejo Mexicano de Negocios tras el ingreso de Blanca Treviño de
la Vega–, hizo pública su oposición a terminar con los beneficios en materia
tributaria, ya que desde el 13 de septiembre de 2009 diputados afines a Andrés
Manuel López Obrador habían presentado una iniciativa en San Lázaro para
terminar con las prebendas fiscales de las que gozaban esos empresarios.
Hoy, a dos
semanas de la jornada electoral del 1 de julio el tabasqueño es el mejor
posicionado de los candidatos presidenciales. Si llega a Los Pinos y decide retomar su propuesta de hace nueve años,
empresarios como Germán Larrea, de Grupo México; Claudio X. González, de
Kimberly Clark; Alberto Bailleres, de Palacio de Hierro, y muchos otros dueños
de las 400 empresas más grandes del país verían minados sus privilegios.
Abel Hibert,
quien encabezó el diseño del programa
económico del candidato de Juntos Haremos Historia, aclaró que aún no definen
cuáles privilegios eliminarían, pues cada rubro es un esquema relacionado con
una ley. No obstante, aclaró que se trata de una suma “muy importante del
presupuesto y hay que revisar cómo se puede reducir dentro del marco legal”.
Los
consentidos.
Desde 1973, el gobierno mexicano
decidió otorgar a los empresarios privilegios fiscales con el objeto de
incentivar la producción y apoyarlos para la generación de empleos. Nació así
un régimen tributario que incluye exenciones, subsidios y créditos fiscales,
así como condonaciones, facilidades administrativas, estímulos y la consolidación
fiscal.
Esta última consiste en permitir a
los empresarios unificar el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de varias de
sus empresas, compensando las pérdidas de unas con las ganancias de otras, a
pesar de que legalmente estén separadas. Y dentro de esos privilegios están los
“impuestos diferidos”, es decir, los pagos en plazos.
Y aun cuando
en el Pacto por México firmado en diciembre de 2012 Peña Nieto y los dirigentes
del PRD y el PAN, Jesús Zambrano y Gustavo E. Madero, respectivamente, incluyeron
como punto 72 la eliminación de los privilegios fiscales, sólo lograron acotarlos.
La
consolidación fiscal se mantuvo, pero limitada, pues se prohibió sumar las
empresas que tuvieran pérdidas; además, se redujo de cinco a tres años el
periodo de diferimiento del pago de impuestos.
Pese a la consolidación fiscal, los
privilegios siguen siendo multimillonarios. De ello dan cuenta los números que
Larrea, dueño de Grupo México, notificó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
El empresario ha sido uno de los más beneficiados de la llamada consolidación
fiscal e impuestos diferidos en los últimos años, incluso con el acotamiento de
la reforma de 2013.
De acuerdo
con datos de la BMV, en 2017 Larrea
alcanzó ventas por 176 mil 155 millones de pesos, de los cuales sólo pagó al
fisco 29 mil 660 millones, y a lo largo de tres años difirió un pago de 31 mil
804 millones.
En otras
palabras, por cada peso que el dueño de
Grupo México declaró al fisco en 2017, deberá pagar 1.07 pesos a lo largo de
tres años (2018, 2019 y 2020). Se desconoce cuál será la proporción anual.
En cuanto a los 31 mil 804 millones
de pesos entregados como pagos diferidos, no entraron a las arcas del SAT en el
año fiscal de 2017, mientras que al ciudadano contribuyente sí se le exigió una
declaración de impuestos en tiempo y forma; es decir, sin prórrogas.
El año
previo –2016–, Grupo México difirió el
pago de 20 mil 968 millones de pesos, y se comprometió a liquidar esa cantidad
en 2017, 2018 y 2019.
Y en 2010, antes de que entrara en vigor la
reforma fiscal de 2013, Larrea difirió el pago de 4 mil 500 millones de pesos
de impuestos, para pagarlos a cinco años, es decir entre 2011, 2012, 2013, 2014
y 2015. Se desconoce si liquidó esa cantidad; tampoco se sabe a cuánto
ascendieron los pagos anuales.
En 2010, las 30 principales empresas que cotizan en
la BMV difirieron impuestos por un monto de 140 mil 23 millones de pesos.
Privilegios
en peligro.
La propuesta
presentada en septiembre de 2009 por diputados afines a López Obrador para
terminar con los privilegios fiscales de los empresarios sigue preocupando a
varios de ellos, incluido el propio Larrea, quien el 25 de mayo pasado envió
una carta a sus empleados donde los alerta sobre las dos propuestas de modelo
económico que están en juego en este proceso electoral.
“Enoja y
ofende la corrupción, la impunidad y la falta de seguridad en el país”, dice la
misiva. Larrea sostiene que es necesario corregir la situación. Y añade, sin
mencionar a López Obrador: “No considero que un modelo populista, ni la
amnistía sean la solución”.
Claudio X. González, dueño de la
papelera Kimberly Clark, es otro de los empresarios críticos del candidato
Juntos Haremos Historia. En febrero de 2013 se pronunció contra la eliminación
de todos los privilegios fiscales, como lo propuso el presidente Peña Nieto.
De acuerdo con los datos de la BMV,
González también ha recibido grandes beneficios fiscales mediante el esquema de
impuestos diferidos.
En 2016, por
ejemplo, Kimberly Clark tuvo ventas por
35 mil 660 millones de pesos, pagó impuestos al SAT por 2 mil 155 millones de
pesos, y decidió diferir el pago de mil 408 millones de pesos a lo largo de
tres años.
Al año
siguiente, los ingresos de la empresa
subieron a 37 mil 765 millones de pesos, por lo que declaró mil 703 millones,
pero difirió el pago de otros mil 108 millones para los próximos tres años.
Otro miembro
del grupo privilegiado, quien pidió a sus empleados no votar por López Obrador,
es Alberto Bailleres, de Palacio de Hierro. El 30 de mayo último, según informó
la agencia Bloomberg, dijo: “Voten por el candidato que tenga la mayor
probabilidad de vencer a Andrés Manuel López Obrador; es la mejor oportunidad
que tenemos de preservar el sistema económico que nos permite emplearlos”.
Bailleres es uno de los que más pagos
han diferido. Según los reportes que Grupo Palacio de Hierro entregó a la BMV,
en 2014 la empresa tuvo ventas por 22 mil 17 millones de pesos, pagó impuestos
por 339 millones 100 mil; al año siguiente sus ingresos fueron por 26 mil 17
millones; pagó 345 millones 877 mil de impuestos y decidió diferir 2 mil 472
millones para los siguientes tres años.
En 2016, ganó 31 mil 160 millones de
pesos, de los cuales declaró 362 millones 596 mil al SAT y optó por diferir el
pago de 2 mil 314 millones para los siguientes tres años. En 2017 sus ventas
ascendieron a 32 mil 512 millones de pesos, de los cuales pagó en impuestos 259
millones 914 mil y decidió diferir otros 2 mil 16 millones.
Datos
ocultos.
El pago real de impuestos, la
devolución de los mismos a las grandes empresas y los impuestos que difieren
son verdaderas cajas negras cuyas cifras sólo conocen las autoridades del SAT.
Sin embargo,
en octubre de 2009 el SAT envió por
error una nota de dos hojas a un diputado que no pertenecía al grupo de
legisladores abocado a indagar los montos que pagaban las empresas.
Según la
nota, cuya copia tiene Proceso, la
consolidación fiscal, que se contempla en la Ley del Impuestos sobre la Renta,
“permite que alrededor de 400 grandes grupos empresariales, mismos que en
conjunto acumularon ingresos por 4.96 billones de pesos en 2008, tengan una
carga fiscal de apenas el 1.7 % en promedio. Esto equivale a pagar apenas 85
mil millones de pesos por concepto de ISR.
“En un esquema normal de causación
del ISR, que es el segundo por los contribuyentes que no consolidan
fiscalmente, la carga fiscal, tomando en consideración las deducciones
operativas y beneficios que la propia ley del ISR establece, se calcula, debe
fluctuar entre el 10 y el 17%, dependiendo del giro de la empresa, su régimen
fiscal y su capacidad económica”.
Y revela: “Lo anterior implicaría que esos 400
grandes grupos paguen en lugar de 85 mil millones de pesos, como lo hicieron en
el ejercicio 2008, 10 veces más; esto es, alrededor de 850 mil millones de
pesos.
“Como
ejemplo tenemos a algunas grandes
empresas del sector cosmético que en 2008 tuvieron ingresos acumulables por más
de 7.6 mil millones de pesos y sólo pagaron alrededor de 220 millones de
pesos.”
En otras
palabras, de no existir el régimen de
consolidación fiscal, la recaudación podría haber alcanzado los 850 mil
millones de pesos, equivalentes en ese tiempo a 42 años del presupuesto de la
UNAM o al pago del costo de 70 refinerías.
Con base en
las modificaciones fiscales y obligaciones gubernamentales que se han aprobado
de 2008 a la fecha, el gobierno federal
tiene el deber de informar el “presupuesto de gastos fiscales”, que incluye las
exenciones fiscales, así como la consolidación, los impuestos diferidos y todos
aquellos privilegios de los que gozan los grandes empresarios.
De acuerdo con esos reportes,
elaborados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se estima que para
el presente año todos los privilegios impliquen un costo para la federación de
338 mil 698 millones de pesos. Sin embargo, los datos presentan incongruencias
con respecto a lo que las empresas reportan a la BMV.
El documento prevé también que por
diferimiento de impuestos se afectará al fisco por un aproximado de 25 mil 639
pesos, lo cual resulta ilógico, pues en 2017 tan sólo una empresa –Grupo
México, de Germán Larrea– pospuso el pago de 31 mil 804 millones.
Abel Hibert,
el asesor económico de López Obrador,
estima que este 2018 los privilegios fiscales –lo que se conoce como
“presupuesto de gastos fiscales”– superarán los 300 mil millones de pesos. No
obstante, aclara que él y su equipo están revisando las cifras.
De llegar López Obrador a la
Presidencia, entonces se definirá cuáles privilegios serán modificados y cuáles
se cancelarán.
En los
encuentros del equipo económico de López Obrador con los empresarios, éstos han
pedido no modificar los regímenes especiales, aunque no han profundizado en el
tema.
“A ellos –dice Hibert– les preocupa
más que la certidumbre fiscal y cómo cumplir sus compromisos fiscales sin tanto
riesgo, sin tanta regulación; van más por la parte de simplificación
administrativa.”
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