AMLO: separar el poder político y el económico.

Alejandro Calvillo.

En varias ocasiones López Obrador ha descrito uno de sus encuentros en sus recorridos por el país: “Hace relativamente poco, un migrante poblano, un hombre mayor en San Quintín, Baja California, se acercó y me dijo: ‘licenciado, así como Juárez separó la Iglesia del Estado, usted busque, procure con el apoyo del pueblo, separar al poder económico del poder político'”.

No sabemos si este encuentro sucedió antes o después de su discurso ahí mismo, en San Quintín, cuando iniciaba su campaña a la presidencia de la República el 29 agosto de 2017. AMLO, frente a uno de los sectores más pobres del país, señaló que así como Benito Juárez separó la Iglesia del Estado, él separaría el poder económico del poder político y añadió: “solo teniendo mayoría en el Congreso de la Unión se podrá separar al poder económico del político y con ello lograr la transformación que necesita el país”.

La comparación entre el dominio que la iglesia ejerció sobre el Estado en el pasado y el que ejerce actualmente el poder económico sobre el Estado, no es banal, es una realidad que no sólo se agudiza en México con los altos niveles de corrupción, es también un proceso global del que se salvan pocas naciones. Para dar una idea de la magnitud de esta interferencia está el caso de la industria petrolera y minera del carbón en los Estados Unidos, que a través de la administración Trump ha logrado que el país que es el mayor emisor, por mucho, por persona, de gases de efecto invernadero a la atmósfera, desconozca los acuerdos internacionales para combatir el cambio climático, un fenómeno que nos arroja a crisis globales dramáticas: hambrunas, millones de migrantes ambientales, sequías, eventos climáticos más severos, etc.

Existen gobiernos que de cierta manera logran preservar el ejercicio del poder para el bien común y no para la protección de los intereses económicos de los más poderosos. Sin embargo, una gran parte de los gobiernos se alían a estos intereses y les sirven a través de políticas fiscales que les reducen el pago de impuestos, les realizan condonaciones de deuda y les establecen enormes facilidades fiscales, les abren las puertas para que interfieran en la elaboración de leyes, normas y reglamentos a gusto de las propias corporaciones. Congresos, como el mexicano, inundados de sus cabilderos que seducen a partidos y sus dirigentes, que influyen y controlan a comisiones claves para resguardar sus intereses, para mantener sus prácticas, sus beneficios privados y sus daños públicos.

La penetración de los grandes poderes económicos es brutal, en todos los órganos de Gobierno, en el poder legislativo, en el ejecutivo; en los medios de comunicación, en las instituciones académicas, en la creación y propagación de una ideología que pone la responsabilidad en las personas y argumenta que el mercado lo es todo, que el mercado se regula a sí mismo y que el Estado no debe de intervenir. Lo vemos en Estados Unidos con el debilitamiento de la Agencia de Protección Ambiental poniéndola en manos de quien ha estado en contra de este organismo, lo vemos en sus ataques a los Acuerdos de Paris sobre el cambio climático, lo vemos en la apertura de regiones de conservación a la explotación petrolera y la minería, en el debilitamiento de los apoyos sociales, de la cobertura de salud y educación.

De cumplir su promesa de separar el poder económico del poder político, Andrés Manuel López Obrador estará estableciendo un Gobierno totalmente contrario al de Trump, donde el poder de un grupo poderoso de las grandes corporaciones está determinando las políticas.

Trump y su administración, tras la parafernalia de sus tweets y teatro público con la que atrae la atención, tras bambalinas está destruyendo las regulaciones de protección ambiental y de salud que se venían construyendo en los Estados Unidos durante sexenios, está destruyendo la política social y agudizando aún más las desigualdades en ese país. Las regulaciones fueron producto de fuertes luchas sociales, de repuestas a desastres creados por grandes corporaciones, y por la evidencia científica que ha demostrado los daños de ciertos productos y prácticas industriales. Sin controles, un sinnúmero de actividades que se enfocan exclusivamente en las ganancias económicas, pasan los costos ambientales y de salud a la sociedad en su conjunto, privatizan ganancias, socializan daños.

La penetración y dominio del poder económico sobre el político es un proceso que ha llegado al extremo a través de una etapa de capitalismo salvaje. El propio capitalismo había ofrecido mejoras a las condiciones de vida, había ofrecido cobertura en salud, oportunidades de estudio, durante el llamado Estado del Bienestar. Esto lo demostró en varias naciones, sin embargo, con el neoliberalismo se entregó el poder a las grandes corporaciones, en unas naciones más, en otras menos, y la política se ha puesto al servicio de los intereses económicos, agudizando las desigualdades y la posibilidad de ascenso social.

Aquí en México hemos visto y documentado la entrega de la política contra la obesidad a la gran industria de los alimentos ultra-procesados y las bebidas azucaradas. Le entregó Salud y COFEPRIS a la gran industria el diseño del etiquetado frontal de alimentos y bebidas para que nadie lo entendiera, y la regulación de la publicidad dirigida a la infancia de los alimentos y bebidas no saludables para convertirla en una simulación. Y no sólo eso, la gran industria utiliza a los representantes del Gobierno mexicano para oponerse en la Organización Mundial de Comercio a las políticas contra la obesidad de otros países, argumentando, junto con las grandes corporaciones, que esas políticas son barreras al libre comercio. De esta manera actúa, incluso, contra las políticas recomendadas y apoyadas por la Organización Mundial de la Salud. La interferencia de las grandes corporaciones ha penetrado hasta lo más profundo las instituciones de nuestro país para ponerlas a su servicio.

El reto de separar el poder político de la interferencia de los poderes económicos es enorme para el Gobierno entrante y se pondrá en juego su capacidad para hacerlo. La penetración es profunda en instituciones públicas y en todos los partidos políticos. En la propia negociación del TLCAN, del lado mexicano, están actuando personajes con un objetivo claro de establecer compromisos en el tratado que impidan el desarrollo de políticas que puedan afectar los intereses de las grandes corporaciones. Lo hemos demostrado en el caso de las políticas contra la obesidad y cómo las corporaciones de la chatarra y las bebidas azucaradas, a través de sus cabilderos presentes en las renegociaciones, quieren dejar asentado en el tratado que se impida la posibilidad de establecer, por ejemplo, etiquetados de advertencia en estos productos, como los que se han establecido en Chile, se han aprobado en Perú y se impondrán en Canadá.

Si en realidad se pretende separar al Estado de los intereses de las grandes corporaciones, hay que extirpar su penetración desde raíz, como si se tratara de sacar hierba mala de un cultivo, de lo contrario, con los rebrotes, volverán a dominar. Si no se actúa, si no se extirpa la hierba mala, las epidemias de obesidad y diabetes, que ya fueron declaradas emergencias epidemiológicas, se agudizarán aún más en México, el país que tiene el mayor consumo de chatarra y uno de los mayores de bebidas azucaradas en el mundo.