Congreso de Veracruz aprueba nueva ley en materia de desaparición de personas.

Diputados de la Sexagésima Cuarta Legislatura aprobaron la nueva Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz, cuyo objetivo -según la Gaceta Legislativa- es establecer la distribución de competencias y las formas de coordinación entre el estado y sus municipios, para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas y esclarecer los hechos, en una entidad donde el registro oficial es de tres mil 600 desaparecidos tan solo en el sexenio del priista Javier Duarte.

Mientras, en lo que va del bienio del panista-perredista Miguel Ángel Yunes Linares no existe un concentrado oficial de cifras de personas desaparecidas y en cuantas de estas participaron autoridades policiacas.

Esta ley aprobada por unanimidad en el Congreso local busca prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como los delitos vinculados señalados por la Ley General.

La iniciativa aprobada es un híbrido integrado por los diputados Rogelio Arturo Rodríguez García y su grupo legislativo de Morena, así como de la diputada María Josefina Gamboa Torales del PAN, con la que buscan establecer el Mecanismo Estatal de Coordinación en Materia de Búsqueda de Personas; crear la Comisión Estatal de Búsqueda; garantizar la protección integral de los derechos de las personas desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero; así como la atención, asistencia, protección y, en su caso, reparación integral y garantías de no repetición, en términos de esta Ley y la legislación aplicable.

“De igual forma, está el garantizar la participación de los familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas; así como garantizar la coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir Información, aportar indicios o evidencias, de acuerdo con los lineamientos y protocolos emitidos por el Sistema Nacional”.

Colectivos acusan abandono gubernamental.

En la aprobación de la ley estuvieron presentes representantes de los 13 colectivos de familiares de personas desaparecidas que existen en la entidad, quienes aplaudieron este logro, pero recriminaron el abandono en que la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene la búsqueda de los desaparecidos, así como la parálisis en la exhumación de distintas narco-fosas a lo largo y ancho de Veracruz, pretextando la falta de presupuesto.

Del Colectivo Solecito, Rosalía Castro recriminó que la FGE y la SSP ya retiraron el acompañamiento en la exhumación de Colinas de Santa Fe, mientras que el gobierno del estado ya les retiró el apoyo de maquinaria pesada.

Castro, madre de Roberto Carlos Casso, desaparecido desde diciembre de 2011, lamentó que, aunque requieren hacer una nueva búsqueda en un área estimada de dos kilómetros cercana a la laguna de San Julián, pues madres de desaparecidos han sido alertadas que podría haber “puntos” de más fosas clandestinas, el gobierno de Yunes Linares ya les retiró la maquinaria para comenzar las exploraciones.

María Elena Gutiérrez, del colectivo “Buscando a Nuestros Desaparecidos y Nuestras Desaparecidas de Veracruz” aplaudió la aprobación de dicha ley, pero lamentó que ahora el trabajo “será llevarla a cabo”, pues expuso que la actual administración de Yunes prometió mucho, “pero se logró muy poco”. Además, advirtió que los colectivos tendrán que ser vigilantes de las autoridades, sobre todo luego de la designación de Marcos Even Torres como nuevo Fiscal Anticorrupción.

Gutiérrez puso como ejemplo que en la Academia de Policía de El Lencero y los alrededores las búsquedas de fosas quedaron detenidas.

En la nueva ley se prevé un Banco Nacional de Datos Forenses, como herramienta del Sistema Nacional que concentre las bases de datos de las entidades federativas y de la federación, así como otras bases de datos que tengan información forense relevante para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas.

También el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas, para concentrar la información forense procesada de la localización, recuperación, identificación y destino final de los restos tanto de la Federación como de las Entidades Federativas.

Los servidores públicos que incumplan injustificadamente con alguna de las obligaciones previstas en esta Ley y que no constituyan un delito, serán sancionados en términos de lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado.