Jesús Esquivel.
Aprovechándose de los ataques de Donald Trump a los migrantes
mexicanos, de amistades políticas y de la irresponsabilidad de la Secretaría de
Relaciones Exteriores. El Priista Enrique
Salomón Rosas Ramírez, cónsul de México en San Bernardino, California, y amigo
del exgobernador de Chihuahua César Duarte, creó una sospechosa organización
para embolsarse 30 mil dólares que habían sido destinados a la defensa de los
connacionales en Estados Unidos.
Con documentos
oficiales, copias de contratos, evidencias fotográficas y declaraciones de
funcionarios mexicanos, Proceso desmadeja la estratagema de robo del cónsul
Enrique Salomón Rosas Ramírez –quien se dice amigo de César Duarte, al cual se
atribuye un desfalco superior a los 3 mil millones de pesos al erario estatal
durante su gestión como gobernador en Chihuahua– para exponer un caso de
corrupción evidente y hurto de 30 mil dólares destinados a la defensa de los
inmigrantes mexicanos en Estados Unidos.
Oriundo de Tamaulipas y enviado el 1 de mayo de 2016 como
cónsul de México a San Bernardino por la entonces canciller Claudia Ruiz
Massieu, Rosas Ramírez aprovechó la
falta de rigurosidad para auditar el uso legal de los recursos de las
dependencias diplomáticas en Estados Unidos por parte de Luis Videgaray,
titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para embolsarse
tranquilamente los 30 mil dólares.
En enero de 2017 y
frente al endurecimiento de la política migratoria y ataques sin fundamento a
los migrantes mexicanos provenientes del presidente Trump, el gobierno de
Enrique Peña Nieto destinó 1,000 millones de pesos para que se repartieran
entre los 50 consulados de México en territorio estadunidense.
Los recursos enviados a
través de la SRE tenían como objetivo único cubrir los costos de la
contratación de abogados migratorios y organizaciones civiles avaladas por el
gobierno de Trump para representar y asesorar a los indocumentados mexicanos
afectados por la política migratoria del mandatario republicano.
La asesoría legal de
abogados y organizaciones civiles serviría para asistir a los migrantes en caso
de que tuvieran posibilidades de resolver su situación irregular de residencia
en Estados Unidos.
Con la canalización de los recursos la cancillería bajo las
órdenes de Videgaray estableció el programa Fortalecimiento a la Atención de
Migrantes en Estados Unidos (FAMEU), como lo define el oficio PME104 667.17 de
la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior (DGPME).
El documento de Videgaray.
Con fecha 27 de abril de 2017, la SRE emitió en un comunicado
oficial dirigido a los 50 consulados la Bitácora de Actividades que detalla los
requisitos para la contratación de abogados migratorios y de las organizaciones
civiles.
En el numeral tres, que alude a los “requisitos” para la
suscripción de los contratos, el documento indica: “La organización deberá
contar con la debida acreditación ante el Board of Immigration Appeals (BIA) o
a partir de enero de 2017, por la Office of Legal Acces Programa (OLAP), para
todos los temas que involucren el ámbito migratorio. Se deberá incluir una
impresión de pantalla en la que aparezca el nombre de la organización y fecha
de impresión… NO/no se autorizará la contratación de servicios si no cumplen
con todos los requisitos arriba señalados”.
Bajo el esquema
formulado por Videgaray, todas las organizaciones que se integraran al FAMEU
tendrían que impartir dos tipos de talleres de asesoramiento a la comunidad
migrante. Uno, para que conocieran sus derechos sobre las acciones
constitucionales estadunidenses; otro para elaborar diagnósticos migratorios y
especificar las vías legales a los casos de irregularidad de residencia.
El oficio de la SRE
dejaba perfectamente claro a los titulares de los 50 consulados que era requisito
indispensable que las organizaciones civiles contratadas contaran con el aval
del Departamento de Justicia de Estados Unidos por medio del BIA para que, con
ello, se garantizara la legalidad de sus acciones y evitara algún fraude
migratorio.
Cada uno de los consulados, se suponía, exigiría a las organizaciones civiles para la impartición
de los talleres los documentos que las acreditan ante la BIA y evidencia
documental de las actividades y eventos para poder comprobar que cumplían con
el asesoramiento a los migrantes mexicanos.
En cumplimiento de la orden de la SRE, Rosas Ramírez instruyó al personal del consulado en San Bernardino a
que ponderara los posibles abogados migratorios y organizaciones civiles que
deberían contratar.
En agosto de 2017 quedó
conformada la lista de los asesores, en la que Rosas Ramírez ordenó
personalmente que se incluyera a la organización Caminemos Juntos USA-MEX,
junto con las otras siete y las cuatro firmas de abogados migratorios con las
que se signaron convenios de prestación de servicios.
Además de esa agrupación,
las demás contratadas por el consulado en San Bernardino fueron: Mision Hispana
Foundation, The Carolyn E. Wylie Center for Children Youth and Families, LULAC
of Riverside Council 3190, CONORCO de Michoacán Tata Vasco de Quiroga, San
Bernardino Community Service Center, INC., Todev Legan Center, INC. y Ponoma
Economic Opportunity Center.
Los despachos de abogados migratorios contratados son
Immigration Law Offices of Hadley
Bajramovic PC, Jesus Eduardo Arias ESQ., LLM, Elyse Kaplan Law, Beaman Law,
Garcia Immigration Law Group APLC y The Law Offices of Rosa Elena Sahagún.
Con la excepción de
Caminemos Juntos USA-MEX, todas las organizaciones civiles y los despachos
legales contratados por el consulado en San Bernardino cuentan cabalmente con
los requisitos irrevocables definidos por la SRE.
Una organización sin registro.
La organización
integrada por Rosas Ramírez a la lista de asesores no tiene registro del BIA;
como presidente funge su amigo Fernando Guzmán Aparicio, quien aun cuando
afirma que la agrupación tiene 10 años de experiencia en la zona de San
Bernardino, ésta fue dada de alta el 2 junio de 2017 ante el sistema tributario
estadunidense (Internal Revenue Service).
Como corroboró Proceso al
revisar los documentos legales registrados ante el gobierno de Estados Unidos,
la organización civil designada por Rosas Ramírez se creó oficialmente unos
días antes de que se erogaran los 1,000 millones de pesos en el FAMEU, que
duraría de junio a diciembre del año pasado.
Este semanario confirmó
que otra irregularidad de Caminemos Juntos USA-MEX, además de su inexistente
historial de atención a la comunidad migrante es que la razón social en la que
supuestamente se encuentran sus oficinas “de fácil acceso” al público ubicadas
en el 26188 Mountain Ranch Road, Moreno Valley, California, código postal 9255,
es en realidad el domicilio donde vive Guzmán Aparicio.
Se trata de una casa
habitación en una zona de difícil acceso, ya que se ubica dentro de un
vecindario para uso no comercial. En la casa se observan los Mercedes-Benz
propiedad del presidente de Caminemos Juntos USA-MEX.
El 14 de julio de 2017, el
Departamento Migratorio del consulado mexicano en San Bernardino le envió una
carta a Guzmán Aparicio en la cual le solicitó el registro de su organización
ante el estado de California, sobre todo porque no contaba con el BIA, y pese a
todo recibió los 30 mil dólares que le asignó y autorizó Rosas Ramírez para la
impartición de talleres a los migrantes mexicanos.
“Nuestras oficinas,
ubicadas en la ciudad de Moreno Valley, son de fácil acceso para los usuarios,
sin embargo, aclaro que, debido al volumen de asistentes en los talleres que
desarrollamos, éstos se llevan a cabo fuera de nuestras oficinas, en salones de
eventos y aulas escolares de nuestras organizaciones aliadas”, respondió Guzmán Ramírez al
consulado.
Otra de las evidencias del caso de corrupción en San
Bernardino quedó constatada en
declaraciones al reportero hechas por personal del consulado mexicano que pidió
el anonimato por temor a represalias de la SRE.
“A partir de que
Caminemos Juntos USA-MEX firmara el contrato, corroboramos y fuimos testigos de
cómo el empleado local Mario Santiago recolectaba firmas entre las personas que
acudían al consulado para realizar cualquier trámite. Caminemos Juntos USA-MEX
utilizó esas firmas recolectadas dentro del consulado como presunta evidencia
de que impartía los talleres bajo el argumento de que quienes lo recibieron
imprimieron su firma como comprobación de haberlos recibido”, expone a Proceso uno de los
denunciantes y testigo de los hechos.
Es inexplicable por qué
razón la cancillería a cargo de Videgaray obvió el incumplimiento de
condiciones por parte de Caminemos Juntos USA-MEX, pese a haber recibido los
documentos oficiales que lo comprueban al momento de que el consulado a cargo
de Rosas Ramírez le entregó la lista y documentación de las ocho organizaciones
civiles y seis despachos migratorios que contrató.
Los contratos.
Este semanario tiene
copia de los dos contratos asignados a Caminemos Juntos USA-MEX y de toda
comunicación oficial entre el consulado en San Bernardino con Guzmán Aparicio,
así como los oficios de la SRE.
Respecto a las otras
siete organizaciones civiles contratadas por el consulado a cargo del priista
tamaulipeco, todas presentaron sus registros como tales ante el estado de
California, su acreditación con el BIA y su historial como impartidoras de
servicios comunitarios en esa región Este de Estados Unidos.
Desde que llegó como
titular del consulado de San Bernardino, Rosas Ramírez se ha caracterizado por
su prepotencia, abuso de poder y uso de recursos públicos y del personal diplomático
para su beneficio.
Los funcionarios que hablaron con Proceso rememoran que en
julio de 2016, a sólo tres meses de
asumir como cónsul, el amigo del exgobernador César Duarte –quien se encuentra
prófugo– organizó un singular convivio con motivo de su cumpleaños, amenizado
por un grupo de mariachis.
La fiesta se efectuó en
horas de oficina, según las fotografías entregadas al reportero, y utilizó a
personal del consulado para amenizar el evento, lo que provocó malestar entre
funcionarios de la sede diplomática.
En una de las fotos se observa a una funcionaria del
Departamento de Poderes Notariales del consulado bailando con Hugo René Oliva
Romero, el cónsul adscrito.
Los excesos del
festejado no tuvieron límite. Puso a cantar a Martín Barbosa, encargado del
Departamento del Registro Civil, tras enterarse de que su subalterno canta por
las noches en un restaurante mexicano de la zona de la circunscripción del
consulado.
Silvia Elena Segovia
Trujillo y Rocío Carolina Valdez Galaviz, dos empleadas, fueron habilitadas por
Rosas Ramírez como meseras y les tocó repartir el pastel que, al igual que las
bebidas y el pago al grupo de mariachis, salieron del Departamento de
Administración del consulado mexicano en San Bernardino.
El político priista
tamaulipeco transformado por el gobierno de Peña Nieto en diplomático ante el
gobierno de Estados Unidos cobra 7 mil dólares al mes. Además, el gobierno federal le paga su vivienda y tiene asignado un vehículo
oficial por el que no paga ni el combustible que consume.
El presidente de
Caminemos Juntos USA-MEX presume de su amistad con Rosas Ramírez y de llevar
una vida envidiable en Estados Unidos como presidente de una organización civil
creada apenas hace un año y supuestamente dedicada a asistir a la comunidad
migrante.
El miércoles 18, Proceso se
comunicó con la oficina del cónsul de México en San Bernardino para escuchar su
versión sobre los hechos y el contenido de los documentos que aquí se
describen.
En un primer intento, su asistente personal tomó nota de la
solicitud del reportero, y explicó: “El cónsul no se encuentra en este momento
en sus oficinas”.
Horas después, la asistente personal de Rosas Ramírez se
comunicó con el corresponsal para informarle que el cónsul estaría “ausente dos
semanas por vacaciones”. Y cuando se le pidió notificarle sobre la intención de
Proceso de publicar un reportaje sobre Caminemos Juntos USA-MEX y solicitarle
su versión, la asistente se comprometió a pasarle el recado.
Hasta el cierre de esta edición, Rosas Ramírez no devolvió la
llamada.
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