Diputados locales del PRI y sus
aliados del PRD presentaron un dictamen con proyecto de decreto para reformar
el artículo 14 de la Constitución local, mismo que retoma la iniciativa del
gobernador Héctor Astudillo Flores que plantea desarmar a los 20 grupos de
autodefensa y guardias comunitarias que operan en la entidad.
También propone impedir que las policías
comunitarias sigan desempeñando funciones de seguridad como prevenir,
investigar y castigar delitos mediante esquemas internos de justicia popular.
Un año después de que el mandatario
estatal envió su iniciativa al Congreso y a pocos meses de que dejen el cargo,
los diputados locales del PRI y sus aliados decidieron retomar la reforma
constitucional elaborada por el Ejecutivo para desarmar a los 20 grupos de
autodefensa y guardias comunitarias que operan en la entidad y que fueron
vinculadas con el narco.
Al respecto, la diputada local por Morena, María de
Jesús Martínez Cisneros, advirtió que de esta forma “se pretende dar un golpe”
al sistema comunitario, a la autonomía y libre determinación de los pueblos y
comunidades indígenas.
Por ello,
consideró necesario que “la intentona” del gobernador priista y sus aliados del
PRD, PAN, MC y PT en el Congreso local no se concrete, y remató:
“Que lo piensen bien, a la fecha
existe una advertencia popular y no sólo se trata de echar a andar una mayoría
mecánica para lograr propósitos cupulares. Apelo a que, por lo menos en el
camino que falta, dejen un arrebato de dignidad en este Congreso”, expresó la legisladora.
Esta tarde,
integrantes de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos de la 61
Legislatura local, que preside el diputado priista Cuauhtémoc Salgado Romero, retomaron la iniciativa del Ejecutivo para
reformar el artículo 14 constitucional, relacionado con el tema de derechos y
cultura indígena.
El dictamen de proyecto de decreto
presentado ante el pleno prevé modificar el apartado constitucional para quedar
de la siguiente forma:
“La ley establecerá las bases para
una adecuada armonización entre el sistema jurídico estatal y los sistemas
normativos indígenas y afromexicanos en materia de seguridad pública e
impartición de justicia; así como para aplicar sus sistemas normativos en la
solución de los conflictos internos de sus comunidades; también regulará los
procedimientos de validación de sus resoluciones por los jueces y tribunales
competentes de conformidad con el orden jurídico estatal y federal”.
Y agrega: “Tratándose de delitos que afecten bienes
jurídicos propios de un pueblo o comunidad indígena o afro-mexicana, o bienes
personales de alguno de sus miembros, se estará a lo dispuesto por la
legislación nacional aplicable”.
El proyecto indica que, en tanto se expiden y reforman
las leyes secundarias, continuará aplicándose la legislación en materia de
derechos y cultura indígenas que se encuentren vigentes en la entidad y deberá
ser aprobado la próxima semana durante la sesión legislativa.
El 24 de
abril de 2017, Astudillo envió al
Congreso una iniciativa de decreto para reformar el artículo 14 de la
Constitución local, relacionado con el título segundo de los derechos de los
pueblos indígenas y afro-mexicanos, que pretende desconocer las acciones de
seguridad, prevención del delito y reglamentos internos que implementan
actualmente las guardias comunitarias.
La reforma constitucional enviada por
el mandatario estatal en abril de 2017 plantea desarmar e impedir que las
guardias comunitarias sigan desempeñando funciones de seguridad, como prevenir,
investigar y castigar delitos mediante esquemas internos de justicia popular.
Ello después de que la CNDH recomendó
al gobernador de Guerrero presentar iniciativas de ley y reformas para asegurar
el pleno respeto a la autonomía y determinación de los pueblos y comunidades
indígenas.
Así como considerar la reforma al
artículo 14 de la Constitución estatal, “mediante consulta, para garantizar el
principio de autonomía de los pueblos y comunidades indígenas del sistema
comunitario de justicia y que sea compatible con el sistema internacional de
derechos humanos”, indica la resolución.
La recomendación 9/2016 de la CNDH,
emitida el 3 de marzo de 2016, por el caso de la actual senadora electa por
Morena, Nestora Salgado, líder de un grupo de autodefensa adherido a la CRAC en
la región de la Montaña y quien fue detenida en agosto de 2013 y acusada de
secuestro, determinó que las violaciones a derechos humanos, tanto de las
autoridades comunitarias como de las personas sancionadas por el sistema
comunitario de justicia, “fueron motivadas, en buena medida, porque los ámbitos
de actuación, procedimientos y atribuciones de las autoridades estatales y de
las comunitarias no están claramente delimitados, ya que la fuente normativa es
deficiente, ambigua y omisa en muchos aspectos”.
Además, señaló
el organismo, “no existe vinculación y
coordinación entre el sistema estatal y el sistema comunitario indígena, lo que
obstaculiza el ejercicio de la libre determinación y autonomía de los sistemas
comunitarios, y propicia abusos de las mismas autoridades comunitarias contra
las personas sujetas a la jurisdicción indígena”.
El ombudsman
concluyó que el derecho a la autonomía y
autodeterminación indígenas “no es absoluto y tiene sus límites” en la no
contravención de Constitución federal y el pleno respeto a los derechos
humanos.
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