El Sindicato Independiente de
Trabajadores Universitarios (SITU) de la Universidad de Colima (Ucol) exigió a
la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y al Congreso local auditar el
manejo de los recursos del Fondo Social de Apoyo al Pensionado (Fosap) de la
institución educativa.
De igual
manera, demandó la inmediata
reinstalación de siete académicos despedidos y cesar el hostigamiento laboral
como represalia por el movimiento que inició hace más de cuatro años para
exigir transparencia en el fondo de pensiones.
Entre los despedidos se encuentran el
exsecretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de
Colima (SUTUC), Leonardo César Gutiérrez Chávez, y los docentes Yanalum Cerda
Guzmán, Pedro Vidrio Pulido, José Jesús Lara Chávez, Hugo Marcelino Coronado
Carreón, Teresa Hernández Ortiz y Sergio Elenes Cepeda.
En un
pronunciamiento realizado este jueves, el
SITU pidió que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) le otorgue el
reconocimiento legal negado desde hace cuatro años, así como la reinstalación
de Leonardo Gutiérrez Chávez como líder del SUTUC, del que fue destituido para
evitar el inicio de una huelga laboral en la casa de estudios en 2014.
Otra de las demandas del SITU, que
encabeza el profesor José Miguel Rodríguez Reyes, es la suspensión de la
deducción “ilegal” denominada APPS, realizada vía nómina, y la devolución de lo
descontado a los trabajadores hasta la fecha.
En el marco
de un evento conjunto de la Nueva Central de Trabajadores, realizado en la
ciudad de Guadalajara en solidaridad con los docentes despedidos de la
Universidad de Colima y del magisterio jalisciense, el SITU denunció que en los últimos años los universitarios han
sufrido atropellos de parte de las autoridades de la Ucol, con la anuencia de
las autoridades laborales del estado de Colima.
“Desde hace varios años –refirió– los
universitarios de Colima hemos hecho público un reclamo legítimo: la
transparencia en el manejo de los dineros de la institución para la que
trabajamos, en particular el de nuestro fondo de pensiones”.
Leonardo
Gutiérrez Chávez señaló que el reclamo,
hecho por las vías legales a través del SUTUC, fue acallado mediante un albazo
orquestado por la autoridad universitaria con la anuencia de la JLCA, mediante
el cual lo sustituyeron a él por “un dirigente a modo, quien cuatro años
después sigue controlando el SUTUC, violando los estatutos del mismo sindicato y
pasando por alto la voluntad de los agremiados de dicho sindicato”.
Lo anterior motivó una huelga de
hambre de siete académicos por 45 días, de abril a junio de 2014, pero no hubo
respuesta de las autoridades universitarias ni del gobierno del estado.
Con el propósito de continuar los
reclamos por la vía legítima, fue conformado el SITU, que hasta la fecha sigue
sin ser reconocido por la JLCA, a pesar de haber ganado dos juicios de amparo,
pues ante la imposibilidad de seguir postergando el registro, la Junta de
Colima llegó al extremo de “extraviar” el expediente inmediatamente después de
haber recibido la orden definitiva del juez.
“No se comprende la razón por la
cual, a pesar de haber repuesto el expediente de registro, seguimos a la espera
de éste a más de ocho meses de que la orden de registro fue expedida”, indicó.
Asimismo, a más de cuatro años del conflicto,
denunció el SITU, los trabajadores sufren una deducción de una parte de su
salario que “nadie puede explicar, mucho menos justificar, que aparece en los
recibos de nómina como ‘APPS’, pero nadie sabe a qué corresponde ni para qué
sirve, pero equivale a un aproximado de 8% del salario de cada trabajador”.
Añadió: “Millones de pesos son sustraídos
mensualmente del salario de los trabajadores universitarios sin que podamos
legalmente defendernos, pues el SUTUC, con su dirigente a modo, hace como si no
pasara nada”, mientras que “a la deducción anterior se suman el 5% del salario
base que es deducido para la integración del FOSAP, más el 10% de la nómina que
la rectoría debería depositar al fondo y que no hace desde hace cinco años”.
Lo más grave de esta situación,
apuntó, es la indefensión en que viven quienes han sido despedidos a raíz de
este conflicto, pues a cuatro años en ningún caso se ha dictado laudo por parte
de la JLCA, sin que parezca haber voluntad de atender sus reclamos.
“Se ha despedido sistemáticamente, de
manera escalonada y sin mediar proceso conforme a los estatutos y reglamentos
vigentes de la misma institución, a compañeros que participaron o apoyaron en
la huelga de hambre y/o a compañeros fundadores del SITU; los primeros de
manera punitiva y los segundos a fin de debilitar el movimiento”.
El SITU
resaltó que lejos de defender el derecho de los trabajadores a asociarse
libremente, conforme al artículo 1º Constitucional, y a sancionar a la
autoridad patronal por despedir arbitrariamente a quienes conforman un nuevo
sindicato, la autoridad laboral ha llegado el extremo de usar el asunto en
contra de la organización, pues argumenta que no cumple los requisitos.
“Urge un alto a esta situación, pues
un ambiente laboral nocivo termina ineludiblemente por afectar la calidad de la
educación que nuestros jóvenes reciben en la más noble de las instituciones con
que cuenta el estado de Colima”, remató el SITU.
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