Un grupo de empresarios arreció su
lucha legal y propagandística contra diputados locales que se aprobaron “jubilaciones
doradas”, pero también desaparecieron fideicomisos y fondos de promoción
turística.
La campaña
#MorelosDiputadosdeVerguenza, que primero fue lanzada a través de anuncios
espectaculares y luego en las partes traseras de las unidades de transporte colectivo,
ha obtenido un amplio respaldo de distintos sectores sociales, aunque también
generó molestia entre varios legisladores que se ubicaron como víctimas.
En
entrevista, Ángel Adame, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), informó que hasta el momento se han
presentado 18 recursos de amparo contra la desaparición –en junio pasado– de
los fideicomisos de Promoción Turística y de Competitividad.
“Se tomó la decisión entre todos los
integrantes del CCE y otras organizaciones empresariales de hacer patente
nuestra inconformidad mediante medios publicitarios e impresos. Cabe hacer la
aclaración que en un principio eran sólo unos cuantos, pero se comenzaron a
sumar diferentes organizaciones y empresarios de forma independiente para hacer
patente su sentir ante esta Legislatura”, apuntó.
Molestos, algunos legisladores protestaron por la
campaña propagandística. Por ejemplo,
Hortensia Figueroa Peralta, exlíder del PRD en Morelos y exalcaldesa de
Jojutla, pidió a los empresarios promover al estado con los recursos que han
destinado para sus campañas en los espectaculares y el transporte.
Sin mencionar para nada las jugosas
“pensiones doradas”, la diputada dijo que se trataba de “un linchamiento”, y en
entrevista con medios de comunicación de plano soltó:
“Lamentamos que los recursos que
pueden tener disponibles los empresarios los utilicen de esta manera
denostativa, en lugar de promover al estado en un periodo en que Morelos sin
duda es tránsito para muchas familias que van a otros lugares, y que se haga
esta confrontación evidentemente política”.
En
respuesta, el líder del CCE subrayó: “En
primer lugar, nosotros estamos haciendo uso de nuestros derechos en cuanto a la
libertad de expresión, y en segunda instancia no deseamos que sea un pleito de
ida y vuelta, no es nuestra intención, hemos sido muy puntuales estamos
manejando las cosas conforme a derecho, y en ese caso puedo decirle a la
diputada, en ese tenor, que en lo que se refiere a los espectaculares o la
publicidad que se ha suscitado, también si se trata de ver por el bien del
estado, ellos hubieran revisado todo lo que se gastan en las campañas políticas
y por qué no buscan que eso se redireccione al turismo y al desarrollo
económico del estado y al desarrollo social del mismo”.
Por
separado, el líder de la Federación Auténtica del Transporte, Dagoberto Rivera
Jaimes, denunció que el gobierno de
Graco Ramírez amenazó con detener unidades del transporte que porten en sus
medallones las denuncias promovidas por los empresarios.
Advirtió que desde la semana pasada
las autoridades empezaron a establecer operativos de supervisión con el
objetivo de detener a las unidades que exhiben los rostros de los legisladores
con la campaña #MorelosDiputadosdeVerguenza.
Pese a ello,
dijo, la campaña seguirá porque está
apegada al derecho a la libertad de expresión.
“Tenemos la libertad de hacer público
lo que está pasando, no hay motivo por el cual tendríamos que pedir permiso a
la SMT (Secretaría de Movilidad y Transporte), no la vamos a retirar (la
campaña) y no permitiremos que sigan dañando a Morelos”, expresó.
Fiscal
anticorrupción desecha denuncia.
Por su lado,
el presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, denunció que el pasado 18 de julio presentó una
demanda penal ante la Fiscalía General de Justicia en contra de los
legisladores locales.
No obstante, esa instancia se declaró
incompetente para conocer del asunto, por lo que remitió la denuncia a la
Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, a las pocas Juan Salazar Núñez, su
titular, declaró que se abstenía de investigar el caso.
“En su afán de proteger a sus
patrones, los diputados, el fiscal Anticorrupción Juan Salazar Núñez emite un
acuerdo en el que se abstiene de investigar y decide que no hay delito por
parte de los diputados imputados, sin fundamentar ni motivar su resolución,
cuando generalmente en un asunto cotidiano tardan hasta seis meses para llegar
a esta conclusión”,
lamentó.
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