La próxima
administración del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, descarta la posibilidad de abrogar la Ley
de Seguridad Interior, como lo han solicitado organizaciones civiles integradas
en el colectivo Seguridad sin guerra que, según advierten, ratifica la
permanencia del Ejército en labores de seguridad pública que corresponde a
autoridades civiles y vulnera derechos humanos.
Olga Sánchez
Cordero, propuesta para encabezar la Secretaría de Gobernación, afirma en entrevista con Animal Político
que el gobierno entrante esperará la resolución de la Suprema Corte de
Justifica de la Nación (SCJN) respecto a las controversias constitucionales
interpuesta por gobiernos municipales.
En tanto, el colectivo considera que
la abrogación sería el camino ideal para evitar que la Ley resulte, en la
práctica, en violación a los derechos humano. “Podría ser que la Corte sólo
quitara algunos artículos que son evidentemente inconstitucionales, pero
dejaran lo demás. Nos preocupaba mucho”, dice Ixchel Cisneros, directora de Cencos, una de las
organizaciones del colectivo.
“Teniendo mayoría en el Congreso,
(Morena) tendría la capacidad de sacar una ley distinta y abrogar la de
Seguridad Interior, que es una de las solicitudes de las víctimas. Está bien
respetar el proceso de la Corte, pero ellos también podrían incidir, haciendo
su trabajo aparte. Podrían pensar en otra ley distinta”, asegura Cisneros.
Sánchez
Cordero asegura que están esperando la
resolución del máximo Tribunal, “podríamos avanzar en la derogación, pero por
respeto a la Corte debemos esperar el resultado”. Ella, como exministra de la
nación advierte que la Ley efectivamente “es inconstitucional en varios
artículos y sería benéfico cuando menos reformar los artículos que veo
inconstitucionales”, pero por el momento no la abrogarán.
En diciembre
pasado, el Legislativo aprobó la Ley de Seguridad Interior pese al rechazo de
diversas organizaciones civiles y organismos internacionales como la ONU,
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional por
integrar preceptos contrarios al respeto a los derechos humanos contenidos en
tratados internacionales.
Entre las
críticas expuestas por la ONU está la utilización de “conceptos ambiguos y
laxos que favorecen una aplicación extensiva, discrecional y arbitraria”, como
“seguridad interior”, “acciones de seguridad interior”, “amenazas a la
seguridad interior”, “riesgo a la seguridad interior”.
Por ello, los
escenarios que permiten habilitar las acciones previstas en la ley “son
demasiado generales y poco precisos, de modo tal que se podrían activar los
mecanismos previstos en la ley en una cantidad indeterminada de supuestos”.
Incluso, el
precepto de “uso legítimo de la fuerza” no se ajusta a los estándares
internacionales en la materia. En su definición, sólo se hace referencia al uso
“racional y proporcional”.
En tanto, el colectivo Seguridad sin guerra ha
insistido que la Ley de Seguridad Interior normaliza la actuación del Ejército
en las labores de seguridad pública, la cual ha significado una estrategia
fallida en el combate al narcotráfico que inició el expresidente Felipe
Calderón y continuó el actual mandatario, Enrique Peña Nieto.
Luego de la aprobación, los municipios
de Nezahualcóyotl, Ocuilan y Cocotilán en el Estado de México; Hoctun,
Oxkutzcab y Tepakan en Yucatán, Ahuacatlán y Tepeyahualco presentaron recurso
de inconstitucionalidad ante la Corte, mismos que fueron aceptados por el
ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en febrero pasado.
Por otra
parte, parte de la petición de abrogar
esta ley es crear una estrategia real del combate a la violencia. Por ello, el
colectivo Seguridad sin guerra ya tuvo reuniones con Alfonso Durazo, quien fue
propuesto por López Obrador para dirigir la próxima Secretaría de Seguridad
Pública, quien expuso que la política en esta materia incluye que los militares
regresen a los cuarteles en los próximos tres años y el fortalecimiento de las
policías civiles.
Ambos puntos siempre han sido
exigencia de las organizaciones ciudadanas, para que exista una “estrategia
integral de seguridad y que no se enfoque sólo a los militares, que pase por el
mejoramiento de policías civiles, prevención de la violencia, discusión de la
despenalización de la mariguana”, advierte Cisneros.
Aunque es una buena señal que el
colectivo ya fue escuchado por el equipo del próximo presidente, cosa que nunca
ocurrió con el actual mandatario y Calderón, aún no hay precisión sobre cómo se
aplicará en lo particular la estrategia de seguridad. “Esperemos que no sólo se
quede en dichos, sino que vaya más allá; es fundamental para que se diferencie
el futuro gobierno, que tanta credibilidad tiene con respecto a los otros”, dice la directora de Cencos.
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