Gobernador de Chihuahua presumió caso resuelto de feminicidio; mamá de víctima lo desmintió.

El pasado 7 de agosto, en el marco del Foro Escucha Ciudad Juárez –que congregó a víctimas de la violencia y próximas autoridades federales–, el gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral, informó que el feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade (raptada, torturada sexualmente y asesinada en 2001) “ya está resuelto”, pues, aseguró, se encuentra detenido el “asesino serial” responsable, y contra él se tiene “prueba científica”.

No obstante, la mamá de la joven víctima, la activista Norma Andrade, desmintió en entrevista al gobernador Corral, y reveló que el detenido del que habló el funcionario público fue capturado por su supuesta vinculación con dos casos distintos a los de su hija.

“En abril de 2018 –detalló Norma Andrade–, la Fiscalía de Chihuahua obtuvo orden de aprehensión en contra de un sujeto llamado Manuel N., pero esa orden es por el caso de otras víctimas (Rosa Isela Tena, de 14 años al ser asesinada, y Sonia Ivette Sánchez, de 13 años). La orden de captura –subrayó– no fue emitida por el caso de mi hija, esa es una mentira del gobernador Corral”.

La investigación por el asesinato de Lilia explicó por su parte el abogado David Peña (que da acompañamiento legal a Norma Herrera), sumó más de 17 años de diligencias judiciales, y “en todo ese tiempo se han acumulado diversas evidencias para identificar a los agresores, pero ninguna de esas evidencias ha apuntado jamás a esta persona que ahora el gobernador Corral presenta como culpable”.

Además, subrayó el abogado, “aún si esa persona estuviera relacionada con la muerte de Lilia, de lo cual no hay pruebas, lo que sí se tiene comprobado es que en el ataque del que fue víctima Lilia participaron al menos tres personas, así que no se puede hablar de que el caso está ‘resuelto’, como aseguró el gobernador, porque para eso tienen que estar identificados, procesados y con sentencia firme todos los responsables”.

En el caso de Lilia, insistió Peña, “hasta la fecha, a más de 17 años del feminicidio, no se tiene a ninguna persona detenida y mucho menos sentenciada. No se ha emitido orden de captura contra ningún presunto responsable. Y si la autoridad tiene pruebas de que ese detenido, Manuel N., está involucrado en el asesinato de Lilia, a nosotros, como representación legal de la familia, no nos las ha mostrado, y tampoco a un juez, o de lo contrario ya habrían obtenido una orden de captura por el caso de Lilia, lo cual no ha ocurrido”.

Animal Político buscó a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para conocer la situación legal de este caso, pero al cierre de la edición la dependencia no había emitido postura.

Efectividad fabricada.

En febrero de 2018, Norma Herrera emprendió una campaña internacional de denuncia en contra de las autoridades mexicanas, por la impunidad que han gozado estos 17 años los asesinos de su hija. Esta campaña inició con una solicitud formal de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para exponer su caso.

Justo después de iniciada esta campaña internacional, explicó el abogado David Peña, la Fiscalía de Chihuahua decidió retirar la investigación del caso a la Fiscalía de Homicidios, que hasta entonces había dirigido las diligencias, y la responsabilidad de conducir la investigación fue asumida directamente por Sergio Castro Guevara, quien ocupa el cargo de secretario particular del Fiscal General y, al mismo tiempo, el de agente del MP.

Este solo hecho, destacó Peña, representa una irregularidad, ya que aun cuando el secretario particular del fiscal ostenta un nombramiento como agente del Ministerio Público, dicho nombramiento lo acredita para fungir como tal sólo en el ámbito de la justicia penal “oral”, no así en el sistema penal tradicional, en el cual está radicado el caso de Lilia.

Es decir, subrayó el abogado, que “este funcionario en realidad no está facultado legalmente para conducir esta investigación en particular, ciertamente podría conducir otras que sí estén en el sistema de justicia oral, pero esta no, porque es de los casos que aún quedan del sistema tradicional, que deben seguir en ese sistema hasta su conclusión. Y, aun así, en febrero de 2018 no sólo asumió su conducción, sino que, de manera mágica, en 45 días lo dio por resuelto”.

Este funcionario, destacó el abogado, “en 45 días dio por resuelto el caso, de manera mágica, con lo que podría denominarse alquimia jurídica, aunque sin ninguna prueba real, y su narrativa acerca de cómo llegaron al sujeto que ahora tienen detenido no tiene pies ni cabeza”.

–¿Cómo es que las autoridades llegaron a Manuel N., y cómo es que lo vinculan con el asesinato de Lilia? –se le preguntó.

“Tal como nos lo explicó el secretario particular del fiscal –detalló David Peña–, el 1 de febrero pasado, él recibió el expediente de Lilia para darle prioridad, y como no encontró nada nuevo, decidió pedir una lista con los nombres de todas las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, en varias décadas. Según el funcionario, él se puso a revisar la lista y, casualmente, encontró dos víctimas que tenían los mismos apellidos, así que decidió investigar ese caso, aunque esas víctimas no tienen ninguna relación con el caso de Lilia que, supuestamente, era su prioridad”.

Luego de identificar a esas dos víctimas, “el secretario particular del fiscal nos contó todo un cuento: que fueron a la zona donde habían vivido esas víctimas, y alguien les contó que el que las había matado era el papá de una de ellas, y fueron por él y lo detuvieron”.

Ya detenido, “este funcionario nos dijo que le hicieron pruebas de ADN, y descubrieron que él era el atacante de otras dos niñas que no son ni sus dos familiares muertas, ni tampoco Lilia –explica el abogado–. Es decir, investigando el caso de la víctima A, las autoridades dan con el supuesto feminicida de las víctimas B y C, pero finalmente lo procesan por los asesinatos de las víctimas D y E… y entonces lo presentan como un ‘feminicida serial'”.

Como representantes legales de Norma Herrera y de su hija asesinada, destacó Peña, “nosotros no estamos cerrados a la posibilidad de que esta persona pudiera estar vinculada con el asesinato de Lilia, pero exigimos pruebas, y no sólo no hay pruebas de que Manuel N. haya participado en la agresión a Lilia, sino que las pruebas existentes indican lo contrario, que él no está involucrado en este feminicidio. Quizás tengan pruebas contra él en otros casos, pero en este no las hay. Y aun así, según el gobernador, el caso de Lilia ya está resuelto.”

Feminicidas seriales.

Durante los 17 años transcurridos desde el asesinato de Lilia, cuyo cuerpo fue encontrado una semana después de su desaparición, en febrero de 2001, en un lote baldío de Ciudad Juárez, las autoridades estatales de Chihuahua han encabezado formalmente las investigaciones realizadas, aunque subrayó Norma Herrera, todas las diligencias han sido propuestas no por el Ministerio Público, sino por ella misma y su acompañamiento legal.

Como parte de esas diligencias, destacó David Peña, del cuerpo de Lilia se lograron recuperar muestras genéticas de al menos dos agresores distintos, de las cuales sólo una permitió la obtención de un perfil de ADN, ya que la otra muestra estaba contaminada.

Durante los siguientes siete años, señaló el abogado, el perfil genético que sí logró obtenerse fue contrastado con el de casi dos centenares de personas del círculo social de Lilia, en el intento de identificar a la persona a la que correspondía dicho ADN, sin éxito.

Sin embargo, en 2008, “solicitamos al MP que contrastara ese perfil de ADN del agresor de Lilia con las bases de datos genéticos que hubiera disponibles, y nos encontramos con que la única base de datos genéticos con la que contaba en ese momento el gobierno de Chihuahua era la del personal de la Fiscalía estatal. Era una base que habían integrado con el objeto de poder identificar los cuerpos de aquellos agentes que el crimen organizado raptaba y luego abandonaba”.

Cuando la Fiscalía estatal contrastó el perfil de ADN del agresor de Lilia, detalla el abogado, “la sorpresa fue que había una coincidencia parcial con una persona que había sido agente ministerial, y que recientemente habían asesinado”.

El análisis realizado permitió determinar que el agresor de Lilia compartía todos los marcadores genéticos del lado paterno con ese agente ministerial, lo que quería decir que dicho agente no era el agresor, pero sí alguien de su familia paterna.

Con esa información, la Fiscalía logró determinar que en el lado paterno de ese agente había 45 hombres que, por su edad, eran compatibles con el perfil del agresor de Lilia. De ellos, 21 hombres han sido localizados y en 16 casos se comprobó que se compartían todos los mismos marcadores genéticos paternos del agresor.

Es decir, ninguno de ellos era el agresor de Lilia, pero las 16 pruebas confirmaron que el agresor sí es un integrante de esa familia.

En 2008, señaló Peña, “pedimos también que el perfil genético del agresor de Lilia fuera contrastado con los perfiles genéticos de agresores de otras víctimas de feminicidio, y así fue como la Fiscalía se dio cuenta que la persona que atacó a Lilia había participado al menos en otros tres feminicidios”.

El asesinato de Lilia y de esas otras tres mujeres ocurrieron entre 1993 y 2005, y en todos los casos, subrayó Peña, “se encontraron rastros genéticos de más agresores, o sea, que esas niñas fueron atacadas por varias personas. Esas pruebas indican que, por lo menos desde 1993, en Juárez opera un grupo de pederastas que se dedica a raptar niñas, torturarlas sexualmente y asesinarlas”.

Al detenido Manuel N., detalló el abogado, se le vinculó con la muerte de dos de esas niñas agredidas por la misma banda que atacó a Lilia, y por esos casos fue detenido, pero el ADN de ese procesado no corresponde con el perfil genético del agresor de Lilia.

–¿El ADN del detenido Manuel N. es compatible con la muestra genética con la que se cuenta del agresor de Lilia? –se le preguntó al abogado.

–Ese es el problema: en el marco de la investigación por el feminicidio de Lilia, a ese sujeto nunca se le había relacionado y, por lo tanto, su ADN no obra en la carpeta de investigación; entonces, si su ADN no forma parte de la indagatoria, obviamente tampoco lo pueden comparar con el ADN del agresor de Lilia. Por lo tanto, no tienen elementos para asegurar que es compatible con el perfil genético del agresor de Lilia.

Debido a que, a través de 17 dictámenes de ADN, el agresor de Lilia ya fue vinculado científicamente con una familia en particular, “por lógica, el detenido Manuel N. tendría que estar emparentado con dicha familia, pero no es así, este detenido no tiene nada qué ver con ese grupo familiar, entonces, aquí hay una contradicción grande en la versión de las autoridades”.

Esa contradicción, de hecho, quedó plasmada en documentos oficiales: en 2008, la Fiscalía emitió un dictamen pericial en el que afirma que hay una coincidencia plena entre el ADN del agresor de Lilia, y la familia paterna de uno de sus agentes.

Luego, diez años después, en 2018, la misma especialista emitió un nuevo documento, ahora para señalar lo contrario: que el agresor no es parte de dicha familia. En ese documento se sustentan las nuevas conclusiones de las autoridades de Chihuahua.