Daniela
Barragán.
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI) excluyó a
comunidades zoques de Veracruz, Campeche, Jalisco y Chiapas (que actualmente se
mantienen en resistencia contra megaproyectos) del Atlas de los Pueblos
Indígenas de México.
El Centro de Lengua y Cultura Zoque
denunció que esto es un acto que constituye una forma sistemática de etnocidio
contra esos pueblos, ya que se pretende “borrar del mapa a las comunidades
zoques”.
En un comunicado de prensa dirigido a
la relatora especial de la ONU, Victoria Tauli-Corpus, el Centro explicó que al
no ser reconocidos como pueblos zoques en el Atlas de los Pueblos Indígenas de
México, no sólo constituye un acto discriminatorio y de exclusión, sino un
trato desigual de las instituciones públicas hacia los pueblos zoques porque es
a partir de esos datos oficiales que se diseñan las políticas públicas y se
decide la distribución del gasto público en educación, salud, infraestructura,
justicia, representación política, entre otros. Esta decisión los estaría
dejando fuera, como comunidad indígena, del diseño del Plan Nacional de
Desarrollo de los próximos seis años.
“El Gobierno mexicano sigue
imaginando las geografías indígenas detrás de un escritorio para facilitar el
saqueo del territorio y los bienes comunes (aguas, tierras, bosques) donde los
pueblos son borrados, achicados y excluidos de forma sistemática y la mentira
es legitimada como historia. Así es como la CDI, en un coletazo de muerte,
busca generar una nueva imagen colonial de nuestros pueblos”, plantea el comunicado.
En el marco
del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, acusaron que este acto se da justo cuando el Gobierno mexicano busca
despojarlos de 170 mil hectáreas de tierras para entregarlas a las empresas
extranjeras y desarrollar los proyectos de las Zonas Económicas Especiales del
Sureste y la Gran Selva Maya Zoque del Corredor Biológico Mesoamericano, que
incluye la instalación de pozos petroleros, gasoductos, oleoductos, minería,
geotermia, presas hidroeléctricas, geoparques y privatización de millones de
metros cúbicos de agua en ocho subcuencas de la región hidrológica
Grijalva-Usumacinta, que impactan directamente en la vida cotidiana de más de
60 mil hablantes zoques y decenas de comunidades en 14 municipios del norte de
Chiapas.
Que los zoques no estén en el Atlas,
aseguraron, también libra a las autoridades de realizar consultas previas para
realizar un mega proyecto, ya que no estarían reconocidos como tal.
En
entrevista con SinEmbargo, el antropólogo y defensor de los territorios de los
pueblos indígenas y poblaciones en riesgo, Ramón Martínez Coria, explicó que el Atlas también estaría
afectando las cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi)
por el registro censal de la población identificada como indígena, que cuenta
con una historia y con valores de quien se reivindica en esa categoría.
“Estar en el Atlas no es sólo
aparecer en una foto, porque no es un documento celebratorio, es de referencia
y se vuelve fuente de consulta hasta de jueces que pueden asumir que las
referencias en ese Atlas son una probanza de ser o no ser población indígena”, comentó.
En el caso
concreto de las comunidades zoques, dijo, se
le deben añadir las problemáticas que tienen sobre sus territorios por
megaproyectos. En defensa de territorios, hay protocolos de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) que requiere de probar que la población que se
reclama indígena es realmente una población originaria, con una cultura étnica,
que tienen derechos sobre sus territorios desde antes de la conformación del
Estado mexicano.
Hace dos años, Petróleos Mexicanos y
la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), anunciaron la subasta de 12 pozos
petroleros ubicados en la zona norte del estado de Chiapas. Cuando los zoques
–el pueblo indígena que habita la zona que se pretendía licitar– se enteraron
de las intenciones gubernamentales, se opusieron de manera rotunda y su
organización continúa hasta la fecha y en alerta permanente.
Son 84 mil 500 hectáreas que los
zoques defienden de los proyectos de la Reforma Energética, que a la vez se
traducen en una inversión de más de 300 mil millones de dólares. Pero las
actividades extractivas no se limitan a los hidrocarburos: hay 12 concesiones
mineras en 70 mil hectáreas, la ampliación de la Presa Chicoasén, un proyecto
geotérmico sobre 15 mil hectáreas –que abarca las poblaciones de Francisco
León, Chapultenango y Ostuacán… y una represa en San Antonio Poyanó, Ocotepec.
“El subregistro de la población
indígena no es una novedad, el asunto es saber si existen razones menos
ingenuas […] Los zoques alzaron su voz de inmediato y creo que los pueblos sí
pueden tener un efecto colateral de esta publicación, porque cuando no se está
ahí queda en duda tu identificación para efectos legales”, agregó Martínez Coria.
Desde su
perspectiva, la CDI debe verificar con
las comunidades el documento que elaboró, que explique si los borran o no, y si
se requiere, se defiendan de los daños colaterales que eso podría tener para
sus intereses colectivos.
“Los megaproyectos están detrás de la
puerta. Hay una pelea asimétrica de los pueblos por sus territorios y si
apareces borrado de un instrumento que identifica a las poblaciones de las que
hablamos, habría que revisarlo, porque debe estar al servicio de ellos y no en
su contra. Puede haber más omisiones, esta es una muestra”, señaló.
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