El coordinador de comunicación social
del Congreso local, Jaime García Montero, benefició a su empresa con recursos
del erario por un monto de más de 400 mil pesos durante los tres años de la
actual LXI legislatura local.
Según un
informe oficial del área administrativa del Legislativo, cada año García adjudicó de manera directa contratos por 139 mil 200
pesos a la agencia Notymas, de su propiedad, que actualmente es administrada
por su testaferro Romel Rodríguez Zavala.
En
consecuencia, durante los tres años de
la actual legislatura, que concluirá este mes, el presidente de comunicación
social, además de cobrar su salario como diputado, triángulo recursos por un
total de 417 mil 600 pesos para beneficiar a su empresa.
Este hecho exhibe el nivel de
corrupción y opacidad que impera en Guerrero, así como los mecanismos de
censura sutil que implementan funcionarios estatales para cooptar medios de
comunicación y vulnerar el derecho de la sociedad a estar informada.
Por ejemplo,
ayer se dio a conocer que los diputados
de la LXI legislatura local, que preside el diputado priista Héctor Vicario
Castrejón, han destinado a medios de comunicación alrededor de 17 millones de
pesos anuales por concepto de “apoyos” y pago por “servicios publicitarios”,
sin criterios transparentes en la asignación de recursos públicos.
De acuerdo
con información oficial, la dirección de
comunicación social del Congreso maneja de manera discrecional y en total
opacidad tres listados donde incluye “convenios” con 117 empresas y
particulares por un monto total de un millón 303 mil 980 pesos, así como el
“pago” a 13 columnistas por 70 mil pesos y “apoyo” a un centenar de reporteros
por 110 mil pesos.
Esta cantidad destinada a periodistas
y empresas de medios suma un millón 483 mil 980 mensuales, y sólo se indica que
forma parte del “fondo 23” administrado por la jefa del departamento de
contabilidad del Congreso, Imelda Pérez Pantaleón, quien depende del
subsecretario de servicios financieros y administrativos Vicente Figueroa
Alanís, según el
informe consultado.
En la extensa lista de beneficiarios
que se maneja de forma discrecional, y no se encuentra disponible en el portal
de transparencia, hay funcionarios estatales y municipales que cobran como
servidores públicos o por “brindar servicios” publicitarios a la LXI
legislatura local.
También aparecen reporteros que cobran a nombre de
empresas y a título personal, incluso esposas y familiares directos.
Los montos de los “convenios” con
empresas de medios, así como “pagos” a columnistas y “apoyos” a periodistas es
variable y no se especifica un criterio o justificación en la asignación del
gasto millonario en medios.
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