PGR acumula pruebas contra el Ejército en caso de desaparición, y termina exculpándolo.

La mañana del 24 de febrero de 2015, el ingeniero Francisco Herrera, entonces de 39 años, fue interceptado cuando conducía a su trabajo, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, por al menos dos vehículos que lo encajonaron en una avenida y lo obligaron a parar la marcha.

Tal como registraron las cámaras del C4 de la ciudad, de uno de esos autos descendió al menos una persona, que abordó la camioneta del ingeniero Herrera, y luego los tres vehículos partieron, ya con el ingeniero bajo “privación ilegal de la libertad”, para luego perderse, tal como señalan las averiguaciones previas que por separado iniciaron tanto la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas, el mismo día de los hechos, como la Procuraduría General de la República, un mes después.

Desde entonces, el paradero del ingeniero Francisco Herrera (empleado de una empresa productora de papel, recién separado, que habitaba en una casa de interés social con una cama y una mesa de plástico como únicos muebles) es desconocido.

Aunque los indicios acumulados en los tres años y medio transcurridos desde el rapto apuntan a un presunto responsable, paradójicamente, las mismas averiguaciones previas emprendidas (a las que Animal Político tuvo acceso) evidencian omisiones y actos dilatorios por parte de la autoridad investigadora, cuya consecuencia ha sido la exculpación de dicho presunto involucrado, que es el Ejército Mexicano.

El rapto.

Al mediodía del 24 de febrero de 2015, al no tener noticia del ingeniero Francisco Herrera, y al no lograr contactarlo en ninguno de sus dos teléfonos celulares, su familia comenzó a rastrearlo a través del servicio de geolocalización de su teléfono celular, que ubicó las instalaciones del 15 Batallón de Infantería, de Tampico, como último punto en donde su teléfono celular se había activado.

Tal como indicaba el rastreador GPS, el aparato se había activado dentro del cuartel militar a las 9:35 horas del 24 de febrero, es decir, alrededor de dos horas después de que el ingeniero fue raptado.

Con esta información del GPS, los familiares se trasladaron a dicho cuartel, al frente del cual estaba en ese entonces el general brigadier diplomado del estado mayor Jesús Alejandro Adame Cabrera.

Al rendir declaración ministerial sobre los hechos, este militar reconoció haber atendido a la familia del ingeniero Herrera, a quienes “llevé personalmente a la parte donde supuestamente estaba el teléfono, y no había nada, porque no hay instalaciones, es un área verde”.

Para entonces, habían transcurrido más de nueve horas desde que el teléfono se había activado en ese lugar.

Destaca un hecho: este militar subrayó en su declaración que, con la intención de ayudar a esta familia, él mismo les sugirió buscar en la colonia Tancol, que rodea el cuartel, específicamente en “las casas que colindan con la barda perimetral del campo militar”.

La familia no atendió dicha sugerencia, y en cambio acudió a la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, para formular ante el Ministerio Público local una denuncia formal por la desaparición del ingeniero.

Según consta en la denuncia ministerial de esta familia, una serie de coincidencias peculiares ocurrieron justo cuando acababan de ingresar a las instalaciones del MP: primero, el teléfono del ingeniero Herrera volvió a dar una señal, y una nueva ubicación de GPS, una casa ubicada precisamente junto al 15 Batallón, colindante con su barda perimetral, tal como había sugerido el encargado del cuartel.

Esta nueva ubicación GPS le fue comunicada inmediatamente al general brigadier Jesús Alejandro Adame, quien informó a la familia del ingeniero que, por voluntad propia y sin notificarles, él había integrado un contingente de 50 soldados para salir a buscarlo en la colonia aledaña al cuartel.

Según el militar, el contingente de soldados acudió rápidamente al domicilio señalado por la familia del ingeniero, pero no encontró nadie que les abriera la puerta.

“Fui a tocar –declaró el militar ante el Ministerio Público– y no salió nadie”. Esa fue toda la búsqueda.

Control de daños.

Al día siguiente de la desaparición del ingeniero Herrera, su madre denunció ante el MP que un grupo de al menos cuatro militares estaba vigilando la vivienda de su hijo, y la de otros integrantes de la familia.

Aunque vestían de civil, la familia pudo constatar que se trataba de militares ya que, al detectarlos, se comunicaron al 15 Batallón para denunciar que personas extrañas estaban haciendo rondines en sus viviendas, ante lo cual, el general brigadier Jesús Alejandro Adame les confirmó que se trataba de soldados que realizaban investigaciones para apoyar la búsqueda.

Cabe destacar que, según el marco legal mexicano, el Ejército no está facultado para realizar ningún tipo de investigación relacionada con la comisión de delitos del orden común ni violaciones a derechos humanos cometidas por sus integrantes, facultad exclusiva de las autoridades civiles.

Al rendir declaración ministerial, el encargado del 15 Batallón subrayó que en todo momento los militares actuaron de buena fe, para apoyar en la búsqueda. Sin embargo, de su misma declaración se desprende que la información que admite haber recabado el Ejército, luego le fue ocultada a la familia y a las autoridades judiciales.

En el reporte interno titulado “Urgente. No. PTN.INF.333”, el general reporta que entró en contacto con la encargada del C4, para que personal militar realizara “una exhaustiva búsqueda en los registros de grabación con que cuentan en el citado centro de monitoreo”, para identificar el momento, lugar y forma en que fue privado de la libertad el ingeniero Herrera.

Ese rastreo en los archivos del C4, realizado por los militares, permitió identificar el momento en que fue interceptada la camioneta del ingeniero Herrera, y éste raptado.

No obstante, tal como informó el encargado del 15 Batallón, una vez que las imágenes fueron recabadas y llevadas al cuartel “ahí las dejé, en el batallón, porque no tenía yo ningún objeto (sic) de mandárselas a nadie”, y luego añadió: “esas imágenes no se las mostré a la familia Herrera”, bajo la lógica de que ellos, por su cuenta, “en algún momento iban a pedir esa información” al C4.

Esos videos también revelaron que el contingente de vehículos en el que iba secuestrado el ingeniero Herrera se detuvo, por unos minutos, en una gasolinería.

Esa gasolinería tiene ocho cámaras de seguridad, por lo que, según la declaración ministerial del general brigadier, al lugar acudieron elementos de la Policía Militar Ministerial, cuyo nombre y grado afirmó no recordar, para confiscar los videos del día del secuestro, cuyo contenido no ha sido incluido enteramente a la investigación, porque el Ejército, hasta la fecha, sólo ha entregado a la PGR fragmentos editados.

Dos días después del rapto, el mismo encargado del 15 Batallón elaboró un informe interno, en el cual concluyó, sin aportar ningún elemento de prueba, que el ingeniero Herrera es “parte de algún grupo de la organización delictiva Cartel del Golfo que opera en el área, y pudo haber sido objeto de una agresión por parte de la misma organización delictiva”.

Con eso, el Ejército dio por concluida su participación en la búsqueda, y se deslindó de cualquier responsabilidad.

Tres semanas después del rapto, el general brigadier Jesús Alejandro Adame Cabrera fue relevado de sus funciones al frente del 15 Batallón de Infantería en Tampico, y reubicado por el mando militar en Badiraguato, Sinaloa.

Campo Militar Número 1

Los peritajes elaborados por la PGR revelaron que el 28 de febrero de 2015, cuatro días después del rapto del ingeniero Francisco Herrera, los dos teléfonos celulares que portaba consigo registraron actividad, y la señal de uno de estos aparatos pudo ser rastreada mediante sistemas de geolocalización hasta un lugar preciso: latitud 19º, 26″, 14′ Norte, y longitud 99º, 14″ 20′ Oeste, coordenadas que corresponden exactamente con la ubicación del Campo Militar Número 1, en la frontera entre la Ciudad de México y el municipio mexiquense de Naucalpan, el cuartel central del Ejército Mexicano.

Tal como consta en la averiguación previa, la PGR no hizo ninguna diligencia para saber por qué el teléfono de esta víctima de desaparición emitió una señal, cuatro días después de su rapto, desde el principal cuartel militar del país.

El auto.

Cuando el ingeniero Francisco Herrera fue raptado, los perpetradores también se llevaron consigo su camioneta, un Jeep Grand Cherokee con 14 años de antigüedad.

La versión oficial indica que este vehículo fue localizado cinco meses después, tras un enfrentamiento con integrantes del crimen organizado ocurrido en el rancho “El Perro”, del ejido Ruiz Cortines, en el municipio de González.

No obstante, la versión oficial, sin embargo, queda desmentida con la misma averiguación previa.

La dueña del rancho El Perro, por ejemplo, declaró ante el MP que su propiedad no se encuentra en el ejido Ruiz Cortines, y que en su rancho nunca hubo enfrentamientos entre fuerzas oficiales y grupos del crimen organizado.

Asimismo, aclaró que tampoco era un lugar llano y despoblado, como fue descrito por la autoridad, sino que es un rancho en constante producción agrícola, con permanente presencia de trabajadores y comercializadores.

Por su parte, el operador de la grúa contratada para arrastrar la camioneta, del servicio privado Grúas Aries, también informó al MP que él originalmente había sido convocado para retirar un vehículo distinto, custodiado por el Ejército en el municipio de González.

Según su testimonio, cuando ya había levantado ese auto, yendo en camino de vuelta hacia su base en Tampico, un vehículo militar lo alcanzó y sus tripulantes le solicitaron que enganchara un segundo auto, ubicado en un municipio Villa Gómez, es decir, un municipio distinto al que las autoridades señalaron.

Se trataba del Jeep Grand Cherokee del ingeniero Herrera que, según el operador, estaba en un camino de terracería, custodiada por militares quienes, además, estaban manipulando los objetos de su interior al momento en que él llegó.

Aunque el vehículo tenía las llaves, le faltaba una de las llantas delanteras, por lo que no se explica cómo llegó hasta ese camino de terracería.

Dentro de la camioneta (cuyos objetos del interior fueron manipulados por militares, según testimonio del operador de la grúa) fue reportado el hallazgo de un uniforme de la Secretaría de Marina, que pudo ser vinculado a un marino que estuvo asignado a Tamaulipas entre 2012 y 2013, es decir, un año antes del rapto del ingeniero Herrera.

Según la declaración de ese marino, él entregó su uniforme gastado en 2013, una vez que concluyó su asignación en Tamaulipas y salió del estado, al cual, desde entonces, nunca fue nuevamente destacamentado.

Las puertas.

La última prueba que destaca, de entre el cúmulo de indicios recabados en tres años y medio de investigación judicial de este caso, es un conjunto de llaves y llaveros encontrados por la Procuraduría de Tamaulipas en la vivienda ubicada junto al cuartel del 15 Batallón de Infantería, en Tamaulipas, en donde el teléfono del ingeniero Herrera pudo ser geolocalizado por segunda ocasión el día de su rapto.

Se trata, explica el peritaje realizado, de un inmueble adyacente a la barda del cuartel, que estaba pintado con el mismo color que las instalaciones militares.

Según el peritaje, el inmueble estaba deshabitado, aunque en una repisa fueron encontradas las llaves y llaveros, entre los cuales la familia del ingeniero Herrera pudo reconocer el llavero de la víctima.

Luego de ese hallazgo, la Procuraduría estatal dejó pasar 48 horas para acudir a la vivienda del ingeniero Herrera, a verificar si esas llaves abrían las puertas, lo que permitiría comprobar que la víctima, o sus captores, sí habían estado en el inmueble aledaño al cuartel militar.

Finalmente, cuando la Procuraduría estatal acudió al domicilio del ingeniero, a verificar si las llaves abrían las puertas, se encontró con que los sellos de aseguramiento habían sido quebrantados, y las chapas destruidas, lo que impidió realizar la comparación.

Curiosamente, el objetivo de violentar las chapas de las puertas no fue robar la vivienda, ya que la televisión, el aparato de aire acondicionado y el equipo de sonido del ingeniero, los únicos objetos de valor dentro del inmueble aún permanecían ahí.

La Procuraduría estatal no realizó ningún acto orientado a rastrear huellas dactilares de las personas que destruyeron las chapas.

Ante ese escenario, la familia propuso una segunda forma para verificar si las llaves encontradas en el inmueble adyacente al cuartel militar pertenecían al ingeniero Herrera: compararlas con el juego de llaves de la vivienda de la víctima, que la misma familia había entregado al MP cuando esta autoridad puso su casa bajo resguardo.

Sin embargo, la Procuraduría estatal les informó que tampoco podían realizar dicha confronta, ya que esa copia de las llaves de la casa del ingeniero (que la familia había entregado al MP) se extraviaron.

El presente.

A lo largo de dos años, la PGR requirió al Ejército (a través de una decena de oficios) que entregara la lista del personal que estaba asignado al 15 Batallón el 24 de febrero de 2015, así como los partes de novedades y la bitácora del cuartel, sin obtener respuesta.

Finalmente, en enero de 2017, el Ejército anunció oficialmente a la PGR que no entregaría esa información (aunque la ley obliga a todas las instituciones de gobierno entregar al Ministerio Público la información que se les requiera como parte de sus investigaciones), bajo el argumento de que está “reservada por comprometer la Seguridad Nacional”.

Parapetándose en esa respuesta del Ejército, la PGR informó a la familia del ingeniero Herrera que no había logrado recabar información suficiente y que “no es posible acreditar la probable responsabilidad de elementos adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional” en el rapto.

Además, les notificó y que este caso no puede ser investigado como una “desaparición forzada de personas”, ya que dicho tipo penal exige la participación, directa o indirecta, de agentes del Estado. Lo anterior, a pesar del cúmulo de pruebas recabadas por la PGR, empezando por la geolocalización de los teléfonos de la víctima en dos cuarteles militares, de forma posterior a su rapto.

El argumento de la PGR con el que descarta la participación de agentes del Estado en el rapto es contradictorio, ya que en la misma notificación aclara que no puede investigar al Ejército en este caso, pues “autoridades del fuero común también pudieran estar implicadas en la desaparición de Francisco Herrera”.

Tal como muestran las averiguaciones previas estatal y federal, las autoridades investigadoras no han realizado ninguna acción orientada a determinar si, además del Ejército, otras autoridades locales “también” están implicadas en esta desaparición.

Para conocer la postura del Ejército en torno al rapto y desaparición del ingeniero Francisco Herrera, Animal Político solicitó una entrevista con un representante de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin que se obtuviera respuesta.