La Procuraduría de Justicia de
Tlaxcala ofrecerá hoy una disculpa pública a seis expolicías estatales que hace
más de tres años fueron detenidos y torturados para que se declararan culpables
de secuestros que no cometieron. Fue una acusación fabricada utilizada por el
gobierno estatal como un “ejemplo” de lucha contra la corrupción en las
corporaciones policiales.
La disculpa pública que será ofrecida
por el procurador estatal José Antonio Aquiahuatl Sánchez es en cumplimiento a
una recomendación emitida en mayo pasado por la Comisión de Derechos Humanos
local, en la que se acreditó, entre otras irregularidades graves, la tortura
que sufrieron los expolicías.
De acuerdo
con el excomandante Juan Carlos Yáñez
Osornio, uno de los policías que en su momento fueron acusados – y que recobró
su libertad gracias a un amparo el año pasado –, esta disculpa es apenas un
primer paso en el cumplimiento de una serie de obligaciones que tiene Tlaxcala,
y que incluyen investigar y castigar a los funcionarios responsables y, a la
vez, reparar el daño físico, sicológico y moral que les fue causado.
“A raíz de todos los maltratos que
sufrí a mí me ha quedado ya una lumbalgia crónica que requiere atención. Fui
torturado de múltiples formas y todo ha dejado consecuencias. Esta disculpa de
entrada llega con un mes de retraso y faltan muchas cosas”, dijo.
De acuerdo con el comandante la
disculpa pública también será ofrecida por el actual titular de la Secretaría
de Gobierno, José Aarón Pérez Carreón, ya que esa dependencia es la encargada
de los abogados de oficio que en su momento intervinieron en este caso y que
tampoco hicieron un trabajo adecuado para evitar los abusos cometidos.
El caso
fabricado.
Fue el 21 de enero de 2015 cuando la
entonces procuradora del estado, Alicia Fragoso, encabezó personalmente la
detención de los expolicías.
“La basura se va dónde debe estar…”,
fueron las palabras que pronunció al anunciar la detención y presumir el caso
como un ejemplo de la “limpieza” que había ordenado el gobernador de la
entidad, al interior de las corporaciones.
En los medios locales se difundieron
las fotos de todos los policías detenidos con las acusaciones de la
procuradora. Se dijo que eran responsables de al menos cinco plagios exprés, y
que incluso se había rescatado a una víctima durante el operativo.
Pero Animal
Político publicó el 14 de marzo de 2016
que el caso era fabricado. La supuesta persona rescatada, Gesarel Hernández
Santacruz, declaró por escrito ante el juez que nunca estuvo plagiada y que los
agentes eran inocentes. Además, se revelaron fotografías que evidenciaban que,
por ejemplo, el comandante Yáñez Osornio estaba en un sitio físico distinto del
que señalaba la Procuraduría en el momento del secuestro.
La demanda de amparo que un juez
federal concedió a los detenidos y que a la postre derivó en su liberación
mostró que las supuestas confesiones de los policías tenían similitudes que
hacían pensar que estos fueron aleccionados, o que simplemente se trató de un
texto fabricado que les fue obligado a firmar a todos ellos.
A lo anterior se suman incongruencias
en las horas asentadas en el expediente de la averiguación previa, estudios
periciales ilógicos que habrían durado menos de cinco minutos, supuestos
testigos de asistencia sin identificar, la falta total de asesoría por parte de
los abogados de oficio defensores, la inasistencia de los agentes del
Ministerio Público a las audiencias para retrasar el proceso, entre otros.
La sentencia
de la demanda de amparo, y el expediente de la recomendación 2/2018 de la
Comisión de Derechos Humanos del estado, detallan
además la tortura física y sicológica que sufrieron los policías detenidos para
que confesaran ser culpables, y que fue confirmada con los exámenes practicados
siguiendo el Protocolo de Estambul.
Por ejemplo,
en el caso específico del comandante
Yáñez Osornio, los peritos médicos contabilizaron más de 30 lesiones físicas de
todo tipo causadas por los maltratos que sufrió como traumatismos por golpes
con objetos contundentes, asfixia con métodos secos (bolsas de plástico o
prisión sobre su cuello y nariz), y choques eléctricos en los testículos.
Los especialistas también confirmaron
el estrés postraumático que padece el expolicía producto de las amenazas que
sufrió. En su declaración Yáñez detalló que fue amenazado varias veces con el
homicidio de su esposa y de su hijo si es que no aceptaba declararse culpable.
La gravedad de las heridas causadas
fue tal que en el caso del comandante le dejaron males crónicos como una lesión
permanente en la columna vertebral que requiere tratamiento continuo.
¿Y la
justicia y reparación?
La disculpa pública que ofrecerá el
gobierno de Tlaxcala, aunque inédita en la entidad, es vista por Yáñez Osornio
como un primer paso de un proceso, aunque aún le faltan muchos pasos de mayor
trascendencia para que se haga justicia y se repare el daño causado.
La
recomendación emitida por la Comisión Estatal subraya en sus puntos recomendatorios que los afectados deben ser
indemnizados económicamente. El monto que se otorgue debe incluir el pago de
salarios y demás prestaciones que marca la ley que los policías dejaron de
percibir durante todo el tiempo en que estuvieron procesados; así como la
cobertura de todos los gastos médicos que requiera las lesiones físicas y
sicológicas causadas por la tortura padecida.
Incluso el expediente de la recomendación ordena que
en el caso de Yáñez Osornio se cubra un tratamiento para atender la lumbalgia
crónica que padece desde que fue golpeado por los policías ministeriales.
De acuerdo con el excomandante hasta
ahora no se les ha dado a conocer formalmente la propuesta de indemnización
pues las autoridades continúan cuantificando el monto.
“El monto tiene que cuantificarse
entre los gastos médicos, los salarios no pagados y también la reparación del
daño, pero tenemos cierta desconfianza porque la persona de la comisión de víctimas
de Tlaxcala que debe hacer esto también es jurídico de la Secretaría de
Gobierno. Si el gobierno debe reparar no deberían ser ellos mismos los que
calculen cuanto debe ser”, dijo Yáñez Osornio.
El otro tema
clave que exige la recomendación es una
investigación formal para sancionar – administrativa y penalmente – a los
responsables de todas las violaciones graves a derechos humanos que se
presentaron.
En
específico se ordena a la Procuraduría
que inicie una carpeta de investigación por el delito de tortura y los delitos
que resulten en contra del grupo de policías ministeriales responsables de la
detención, y que también se verifique si los agentes del Ministerio Público y
abogados de oficio que participaron incurrieron en algún ilícito.
Cuestionado
sobre los avances en estos puntos de la recomendación, Yáñez Osornio dijo que
la Comisión Estatal de Derechos Humanos les indicó que la Procuraduría ya
inició las carpetas de investigación.
“Lo que
sabemos es que (los funcionarios involucrados) siguen trabajando en la
institución y que supuestamente ya se iniciaron las investigaciones, pero no
sabemos de ningún avance”, dijo el excomandante de la policía estatal.
Se prevé que
durante el evento de disculpa pública que se lleve a cabo el día de hoy se den
a conocer avances por parte de las autoridades en el cumplimiento de los puntos
recomendatorios.
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