Adela
Navarro Bello.
Un reporte
de la secretaría de la defensa nacional indica que actualmente, hay poco más de
530 generales en el Ejército Mexicano,
pero la tradición impone que entre 25 de ellos, es seleccionado el secretario
general de la defensa por el presidente de la República.
Andrés Manuel López Obrador, ya fue
claro en dos cuestiones relacionadas con el ejército mexicano. Primero, que
quien encabece la SEDENA será un general en activo, desechando con ello la
comentada probabilidad que el general Audomaro Martínez Zapata -parte de su
equipo desde 2006- llegara a esa posición, con todo y que se retiró como
general brigadier. Segundo, que el ejército mexicano, como la marina, seguirán
en las calles colaborando en el combate al narcotráfico y la criminalidad
organizada.
En esas
condiciones, los ojos están puestos entre los generales de división, todos
ellos diplomados del estado mayor, que integran el llamado cuadro de honor. Los
que colaboran en primera línea con el actual secretario de la defensa nacional,
general Salvador Cienfuegos Zepeda. Se trata de cuatro hombres para integrar la
lista corta: el general Roble Arturo Granados Gallardo, subsecretario de
defensa, el oficial mayor de la SEDENA, general Eduardo Emilio Zárate Landero,
también el inspector y contralo de la fuerza aérea, general Pedro Felipe
Gurrola Martínez, y el comandante de la fuerza aérea mexicana, (que en el
nombre lleva el oficio), Aéreo Miguel Enrique Vallín Osuna.
Después de
la lista corta, está la ampliada, donde se suma a nueve titulares de posiciones
preponderantes en la defensa nacional: el comandante del primer cuerpo militar,
el general Raúl David Guillen Altuzar, el director del instituto de seguridad
social para las fuerzas armadas mexicanas, general Francisco Ortiz Valadez, el
director general de personal, general Gustavo Nieto Navarro, el titular de la
policía militar, Lucino Carlos Piedra Lezama, el jefe de caballería, general
Adolfo Domínguez Martínez, el de artillería, general Francisco de Jesús Leana
Ortega, el director de industria militar, general José Ricardo Bárcena Rosiles,
y el titular de fábricas de vestuario y equipo, general Juan Manuel Castillo
Segura.
Si entre la
lista el presidente electo no coincide con alguno de los generales para
acreditar el nombramiento, tiene más nombres para seleccionar. Los generales de
división encargados de cada una de las doce regiones militares en la República
Mexicana. En la primera región, el general Dagoberto Espinoza Rodriguez,
segunda, Gabriel García Rincón, tercera, Andre Georges Foullon Van Lissum,
cuarta, Luis Cresencio Sandoval González, quinta, David Corona Campos, sexta,
José Luis Sánchez León, séptima Carlos Ramón Carrillo del Villar, octava,
Alfonso Duarte Múgica, novena, Juan Manuel Rico Gámez, décima, Francisco
Aguilar Hernández, onceava, Raúl Guillen Altuzar, y doceava, Ángel Prior
Valencia.
En total, 25 generales de división de
entre los cuales elegirá el presidente electo al sucesor del general Salvador
Cienfuegos Zepeda, para seguir coordinándose con las autoridades civiles en el
combate a la criminalidad en el país.
Aun cuando López Obrador ha
presentado a la mayoría de quienes integrarán su gabinete, en el caso de las
fuerzas armadas ha sido reservado. No se sabe si decidirá del cuadro de honor, donde
destacan los generales Granados y Gurrola, o enfocará su mirilla hacia las
regiones, pero de donde sea, resulta importante conocer la estrategia militar
interna que seguirá la presidencia de Morena.
Aun cuando
fue en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa que los elementos del ejército
primero, y los de la marina después, salieron a las calles de México para
perseguir narcotraficantes y criminales organizados, y la acción permaneció
durante la administración de Enrique Peña Nieto, el liderazgo presidencial ha
preponderado en la forma en que los militares actúan con los civiles.
Por ejemplo,
si con Calderón podían acudir a realizar operativos para rescatar secuestrados,
aprehender narcotraficantes y coordinarse con los gobernadores para ejercer un
mando único en la práctica, con Peña recularon un mucho. De hecho, al inicio de la presente administración
fueron retirados muchos puestos de seguridad en las carreteras, que impedían en
la medida de su capacidad, el trasiego de droga por México. Retenes que estaban
instalados en las zonas de mayor tráfico de drogas entre un estado y otro,
fueron eliminados de tajo.
Felipe
Calderón mantuvo una política de cuarteles abiertos a la sociedad, los
generales organizaban actos no solo de convivencia para civiles, también de
información para los grupos de la sociedad civil y de participación con otros
órdenes de gobierno. La información fluía en la misma medida. En el último sexenio panista los generales
se volvieron protagonista de la lucha contra las drogas.
A la llegada de Enrique Peña Nieto,
los generales se resguardaron más en sus centros militares. Se les prohibió
compartir información, se les obligó a trabajar a la par de la policía más
corrupta del País, la federal. Y con la entrada del nuevo sistema de justicia
penal, prácticamente fueron marginados de los operativos para la aprehensión de
narcotraficantes y criminales.
Sin un marco jurídico que regule la
participación de las fuerzas armadas junto a las autoridades civiles en materia
de combate a la inseguridad, y una ley de seguridad del interior sobre la cual
la suprema corte de justicia de la Nación analiza su constitucionalidad, solo
queda el cariz que Andrés Manuel López Obrador le dé a su política sobre
seguridad. Si como Calderón confiará mayormente en la labor de militares en el
combate a la criminalidad, o si como Peña mantendrá a los soldados en los
cuarteles y solo actuando en la periferia de los operativos.
Considerando que no ha habido una
depuración en la policía federal (tampoco en las estatales), la labor del
ejército y la marina en el próximo sexenio será determinante para disminuir la
inseguridad en México. Ha sido evidente, tan solo por el número de ejecutados,
poco más de 100 mil con Calderón y unos 150 mil con los que concluirá el periodo
de Peña, que la paulatina retirada del ejército no fue la estrategia adecuada.
Ojalá, así como ha realizado
designaciones, que ciertamente concretará el 1 de diciembre cuando tome
posesión, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, también sea transparente
con los nombramientos en las fuerzas armadas, y especialmente con la estrategia
que seguirá.
Y claro, que elija a un general
comprometido, operativo, con capacidad e inteligencia para, en el contexto de
inseguridad y violencia que vive el país, contribuir a la tranquilidad de
tantas familias que lloran a sus muertos o buscan a sus desaparecidos, en un
país sin ley, sin estado de derecho, y en el cada seis años cambia la política
en todos los sectores, para someterla a la personalidad del comandante supremo
de las fuerzas armadas, el presidente de la República.
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