El balance del gobierno de Enrique
Peña Nieto en materia de desarrollo social es “aterrador”: 55.3 millones de
mexicanos viven en pobreza –100 mil más que al inicio de su sexenio–, 62
millones no tienen un ingreso suficiente para adquirir lo más básico para
vivir, y las brechas de desigualdad entre los estados del sur y el resto del
país “se mantienen igual o peor” que cuando el mandatario tomó el poder.
“No podemos seguir así. México no es
un país pobre. Esta situación no es normal. Estas políticas no deben
mantenerse”, destacó
el colectivo Acción Ciudadana Contra la Pobreza, en un informe publicado este
miércoles.
El documento
resalta que durante el actual sexenio la
pobreza se agravó en algunos de los estados más marginados del país –Chiapas,
Oaxaca y Veracruz–, mientras que en Guerrero se redujo de manera apenas
perceptible, pues seis de cada diez habitantes en la entidad siguen en la misma
situación.
También destaca que la población indígena continúa
con las más altas tasas de marginación, que empeoraron durante el gobierno del
PRI: el 93% de los indígenas sufre carencias o tiene un ingreso insuficiente y
72% de ellos viven pobres –igual que en 2012–, puntualiza.
Según el
colectivo, al ritmo actual de reducción
de las carencias se requerirían 118 años para erradicar el hambre y 130 años
para que toda la población tenga ingresos superiores a la canasta básica.
El colectivo expone algunas de las
razones que explican el fracaso de la lucha contra la pobreza: el gobierno de
Peña Nieto impulsó “políticas generadoras de pobreza” –obstinado en establecer
un salario mínimo debajo de la línea de pobreza o su negativa a redistribuir
las riquezas del país–, aplicó medidas de “simulación” y desvió los programas
sociales con fines electorales.
Ocurrencias
y corrupción.
A lo largo del sexenio, la Secretaría
de Desarrollo Social (Sedesol) estuvo marcada por escándalos de corrupción –por
ejemplo, durante la gestión de Rosario Robles Berlanga se desviaron miles de
millones de pesos a través de empresas fantasmas– y políticas de desarrollo
basadas en “ocurrencias”, denunció el colectivo.
En un primer
momento, el gobierno de Peña Nieto concentró su política contra la pobreza
extrema en la Cruzada Nacional Contra el Hambre, que encabezó Robles.
Pero conforme avanzó el sexenio, la
Cruzada pasó al olvido, sobre todo después de que el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reveló en julio de
2015 que la carencia por acceso a la alimentación había crecido durante los
primeros dos años del gobierno de Peña.
El informe del Coneval marcó la
salida de Robles, quien fue sustituida en la Sedesol por José Antonio Meade
Kuribreña, en agosto de 2015. Durante su corta estancia en la dependencia, el
excanciller no continuó con la Cruzada: se aferró en viajar 145 veces para
colocarse como candidato del PRI a las elecciones, y brincó a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) un año después.
Su
reemplazo, el priista mexiquense y operador político Luis Enrique Miranda Nava
–ahora senador–, tomó el control de la Sedesol en septiembre de 2016, y en mayo
de 2017 lanzó la llamada “Estrategia Nacional de Inclusión (ENI)”, que según
Acción Ciudadana Contra la Pobreza no tuvo “ni explicación ni documentos
técnicos”, pero “sirvió para abrir espacio para la simulación y el maquillaje
de las cifras”.
Gracias a la
ENI, la Sedesol infló las cifras de
reducción del rezago escolar –sus guarderías fueron reconocidas como “centros
educativos de preescolar”–, así como de atención a la salud mediante la
afiliación masiva al Seguro Popular, que no tiene recursos suficientes, y trató
de influir en las personas para que aseguren que su vida mejoró en los
cuestionarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
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