El Estado y el control de los medios.

Jorge Javier Romero Vadillo.

En México pocas veces ha habido censura directa de los medios de comunicación. Durante los tiempos clásicos del régimen del PRI no hubo ni en las mesas de redacción ni en las cabinas de transmisión de radio o en los platós de televisión un censor oficial, como lo hubo, por ejemplo, durante el régimen de Franco en España. Aquí no era necesario: cada reportero, cada jefe de redacción, cada director de periódico o locutor sabía perfectamente qué podía decir y qué no. La ley protegía la libertad de prensa, pero los límites de esa libertad estaban claramente interiorizados por prácticamente todos los que ejercían alguna tarea de comunicación. Sin duda había marginales y recalcitrantes, lo mismo que sesudos críticos en publicaciones de nicho, pero el régimen tampoco los perseguía con asiduidad: sabía perfectamente el corto alcance de sus mensajes.

¿Cuál era el secreto que construía aquella unanimidad sobre las virtudes inmarcesibles (por seis años, al final de los cuales se marchitaban de la noche a la mañana) del presidente en turno? ¿Cómo se lograba la magia del consenso sobre las virtudes del régimen a pesar de las diferencias ideológicas, que sí existían, entre los diferentes periódicos y revistas? El hechizo por medio del cual los medios de comunicación ejercían sus críticas en el margen estrecho cuyos límites eran la infalibilidad presidencial, la legitimidad del régimen y la heroicidad de las fuerzas armadas no fue una creación del régimen del PRI, ni de sus antecesores inmediatos. Se remonta a los tiempos de la República Restaurada, los del prócer Juárez, cuando se comenzó a practicar la subvención de los periódicos adictos y el aislamiento económico de los críticos.

Juárez y luego Lerdo entendieron pronto que no tenían necesidad de traicionar sus principios liberales para silenciar a la crítica. En un país sin lectores, donde los periódicos batallaban para sacar sus ediciones, sin capacidad de conseguir financiamiento privado, sin empresarios interesados en sostener aventuras editoriales, solo los periódicos subvencionados por el gobierno tenían capacidad de sobrevivir. Porfirio Díaz, demasiado buen político para ignorar la eficacia del método, aumentó considerablemente las subvenciones a los periódicos oficiosos y favoreció con empleos y oportunidades a los escritores adictos, al paso que organizaba el vacío oficial en torno a los disidentes. Desde luego que a los críticos se les hostigaba y en ocasiones se les perseguía y encarcelaba, pero no era la persecución generalizada lo que caracterizaba a aquella dictadura. Por el contrario, era la generosidad de trato con los periódicos adictos –sobre todo El Imparcial, primer diario industrial del país– el sello del régimen.

Cuando Madero llegó a la presidencia, decidió dar absoluta libertad de prensa, lo que en la práctica significó el retiro de las subvenciones. El resultado fue que los periódicos agraviados se volcaron contra su gobierno, además de que se crearon algunos con el único objetivo de atacarlo, El Mañana, de Jesús M. Rábago. La lección fue aprendida y entre las primeras cosas que hizo Carranza fue propiciar la creación de un periódico adicto, El Universal, fundado por su amigo Félix Palavicini, desde entonces buen ejemplo de prensa adaptable al gobierno en turno, sin importar su signo. También surgieron entonces nuevos diarios, algunos creados por caudillos revolucionarios, pero solo Excélsior, creado por un empresario de la derecha católica, logró subsistir, aunque domeñado por su conversión en cooperativa durante el gobierno de Cárdenas y por el conjunto de restricciones institucionales que sujetaron a toda la prensa.

La creación de un monopolio estatal del papel, PIPSA, fue un mecanismo importante para controlar a los medios impresos, pues a los recalcitrantes se les dejaba de vender o se les cobraban las deudas ingentes acumuladas con la empresa. Pero el instrumento de control más eficaz era el subsidio que por publicidad recibían los periódicos, además del pago directo que con “embutes” o “chayotes” recibían los reporteros. Los medios electrónicos, sobre todo a partir del surgimiento de la televisión, eran controlados principalmente por el sistema de concesiones. El fisco y la seguridad social eran también mecanismos útiles para someter a los medios: a los díscolos se les cobraban las deudas con Hacienda o con el Seguro Social, mientras con los leales había un trato de favor.

Lo más grave de todo este panorama es que el tiempo pasado está mal usado, pues con excepción de la desaparición del monopolio del papel, el resto del arreglo no se modificó con el final del monopolio político del PRI. En un país con periódicos flacos en tirajes, de escasos lectores, solo unas cuantas empresas de comunicación sobreviven sin subvenciones oficiales disfrazadas de venta de publicidad. Y el castigo sigue siendo el mismo que el de los tiempos del Porfiriato: a los díscolos se les deja de otorgar el maná del que subsisten de manera casi exclusiva.

Desde hace años ha estado en la discusión política la necesidad de acabar con este mecanismo de control. Lo ideal sería prohibir cualquier tipo de publicidad pagada por los gobiernos, de manera que solo se difundiera desde el Estado información sanitaria o de campañas educativas para la población. Es ridículo que un gobierno gaste enormes cantidades de recursos en decirle al público que hizo lo que tenía que hacer y es inmoral que decida dónde publicarlo con el objetivo de beneficiar a un medio o de evitar que ese medio critique a los gobernantes. Sin embargo, en las condiciones de México, una desaparición completa de la publicidad oficial llevaría a la extinción de la mayoría de los medios impresos y de muchos electrónicos.

En 2004 se reformó el artículo 134 de la Constitución para limitar el carácter de la publicidad oficial y para evitar su uso con fines de promoción personal, pero esta reforma no fue reglamentada hasta hace unos meses con la Ley General de Comunicación Social, una simulación para institucionalizar formalmente el statu quo de distribución discrecional de recursos para favorecer o castigar a los medios de comunicación, de ahí que acabara siendo conocida como “ley chayote”. Desde su aprobación, diferentes organizaciones manifestaron su rechazo, pero ha sido el colectivo #MediosLibres el que mayor actividad ha desplegado para revertir el despropósito.

Ahora, #MediosLibres ha lanzado una iniciativa para abrogar la “ley chayote” y sustituirla con un ordenamiento legal que elimine la discrecionalidad en la distribución de publicidad oficial. La iniciativa que el colectivo le propone a los partidos para ser discutida con un procedimiento de parlamento abierto retoma los principios sobre regulación de la publicidad oficial y libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, elaborados por la jurista colombiana Catalina Botero cuando era relatora de la OEA para la libertad de expresión. El objetivo es crear criterios objetivos para que la publicidad oficial no sea usada para censurar, castigar o premiar a los medios, y su asignación de acuerdo con consideraciones de idoneidad y de penetración. Sin duda, se trata de una discusión que esta legislatura está obligada a dar.