En los últimos dos sexenios la
Procuraduría General de la República (PGR) ha perdido a la mitad de los
policías que tenía para investigar delitos federales y detener a los probables
responsables de cometerlos. Pasó de registrar a más de 8 mil elementos en sus
filas en el 2006, a tener hoy 4 mil 79 elementos.
Lo anterior
provoca que actualmente cada agente del
Ministerio Público Federal (MPF) tenga, en promedio, a un solo policía
ministerial para que lo apoye en los casi 35 casos nuevos que se le suman al
año. Y ello sin tomar en cuenta que, en realidad, no todos los policías de la
PGR investigan delitos, pues hay algunos comisionados como escoltas o
vigilantes.
Datos
oficiales de la Procuraduría proporcionados vía solicitudes de transparencia, revelan que fue en el gobierno de Felipe
Calderón donde comenzó la caída significativa en el número de policías
ministeriales PGR (conocidos antes como agentes federales de investigación AFI)
la cual continuó hasta mediados del actual sexenio.
En 2006 la PGR contaba con 8 mil 127
agentes federales. Para 2008 la cifra de elementos ya había caído a poco menos
de 6 mil elementos. Y en 2012, último año del sexenio de Calderón, la cifra era
de 3 mil 670 elementos.
La cifra continuó en descenso en la
primera parte del actual sexenio con 3 mil 621 agentes en 2013 y 3 mil 492 en
2014. Así, en ocho años, la PGR perdió el 57 por ciento de su estado de fuerza
policial para investigar delitos federales.
A partir de 2015 el número de
elementos de la Policía Federal Ministerial se ha incrementado ligeramente y ha
pasado a 3 mil 620 elementos en 2016, a 3 mil 922 en 2017 y 4 mil 79 en 2018.
Pero aun con ello el estado de fuerza sigue siendo de apenas la mitad en
comparación a lo que se tenía en el actual sexenio.
¿Por qué la
caída drástica en el número de policías?
De acuerdo con autoridades federales esto tuvo como detonante la decisión del
gobierno de Calderón de privilegiar el fortalecimiento de la Policía Federal
con unidades de investigación, inteligencia, y antidrogas. Ello provocó que
parte de la estructura material y humana de la entonces AFI se trasladara a la
otra dependencia.
A ello se suma que los programas de
reclutamiento no han logrado compensar la baja de elementos de la institución.
De acuerdo
con datos que también fueron entregados vía transparencia, de 2012 a 2018 un total 1 mil 59 elementos de la Policía Federal
Ministerial fueron dados de baja por distintos motivos, entre ellos 332 que no
superaron los exámenes de control de confianza, y 55 que incurrieron en delitos
y hoy están sometidos a un proceso penal.
Pocas manos,
mucho trabajo.
De acuerdo con información de la
propia PGR, no todos sus policías ministeriales están abocados activamente a la
investigación de delitos. Hay algunos comisionados a protección de víctimas y
testigos, otros asignados a funcionarios, y otros con labora de vigilancia. No
se proporcionó una cifra exacta.
Pero aun cuando el 100 por ciento de
los 4 mil 79 policías ministeriales estuviera asignado en tareas de
investigación, en promedio se trata de poco más de un policía por cada fiscal
(agente del MP) con el que cuenta la institución: 3 mil 660 en total.
De acuerdo
con el Código Nacional de Procedimientos Penales, los policías ministeriales son un eslabón clave en la investigación de
los delitos. Son una suerte de “detectives” que realizan en el terreno los
trabajos de investigación, bajo la coordinación de los fiscales. Además, ellos
son los responsables de detener a los probables responsables de cometer los
delitos.
Si se toma como referencia el número
de carpeta de investigación que la PGR tenía abiertas en 2017 (contando las
iniciadas y las pendientes) respecto al total de fiscales, esto significa que a
cada uno de ellos le tocaría indagar 35 casos nuevos en total. Y en
consecuencia, para atender todos ellos cada fiscal tiene un solo policía
ministerial en promedio.
Fiscales y
peritos, tampoco sobran.
Los agentes
de Ministerio Público Federal (MPF) o fiscales son los responsables de
coordinar las investigaciones. A diferencia de lo que ocurre con el número de
policías ministeriales, la PGR registra
hoy el doble de agentes del MPF de los que se tenían hace dos años, aunque su
crecimiento se ha estancado en el actual sexenio.
De acuerdo
con los datos recibidos vía transparencia en
2012 la dependencia reportaba 3 mil 234 agentes del MPF en sus fialas, mientras
que para 2018 el registro es de 3 mil 660 agentes, un crecimiento de apenas 13
por ciento.
Los otros actores claves en la
investigación de los delitos son los peritos, responsables de recabar y
analizar científicamente distintos tipos de evidencias. En el actual sexenio la
PGR pasó de contar con 1 mil 509 peritos en 2013 a 1 mil 756 peritos en 2018,
que equivale a un crecimiento del 16 por ciento.
Un desglose entregado por dependencia
arroja que los peritos con los que cuenta, los especializados en química
representan la mayor cantidad con 174 en total. Le siguen los peritos en
medicina forense – responsables de determinar las causas de muerte de una
persona – con 131 en total. Y a su vez cuenta con 121 peritos en
criminalística, especializados en indagar la escena de un crimen.
Por otro
lado, llama la atención que la PGR solo
reporta contar con 21 peritos en genética forense, que son los responsables de
buscar y extraer ADN en restos humanos. Además, reporta solo 13 peritos especializado en odontología forense y apenas 3
en antropología forense. Este tipo de peritos son los responsables de indagar,
por ejemplo, restos humanos hallados en fosas clandestinas.
Malos
resultados.
El estancamiento en cuanto al
crecimiento de recursos humanos en la PGR (y franco decremento en cuanto a policías
ministeriales), es un fenómeno que ha acompañado a la caída de eficiencia de la
dependencia en varios indicadores clave.
Por ejemplo,
Animal Político publicó el pasado 5 de
septiembre como de 2012 a 2017 creció significativamente el número de casos que
los jueces le rechazan a PGR, de 13 a 80 por ciento. Además, la Procuraduría se
ha hecho significativamente más lenta para terminar de investigar cada caso,
con un promedio que hoy supera los tres años por expediente.
Incluso, en el cumplimiento de las
órdenes de aprehensión pendientes – tarea que exclusivamente le atañe a los
policías ministeriales – la PGR también reporta un decremento de casi el 50 por
ciento en los últimos tres años.
Más allá de la estadística denuncias
acumuladas que la PGR no ha podido resolver. Entre ellas se encuentran, por
ejemplo, las más de 480 carpetas de investigación iniciadas por denuncias de la
Auditoría Superior de la Federación sobre el mal uso de recursos públicos, de
los que no hay hasta ahora una sola persona detenida ni procesada.
Y hay hechos significativos como la
desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa en donde la
investigación, a la que la PGR dice haber dedicado el mayor número de recursos
en la historia, no ha derivado hasta ahora en una explicación solida a lo
sucedida. Y en las últimas semanas, incluso, han quedado en libertad varios de
los supuestos implicados.
A ello se suman fracasos en casos de alto impacto
como el del exlíder minero Napoleón Gómez Urrutia o el de la exlideresa del
sindicato de maestros Elba Esther Gordillo, donde las investigaciones de la PGR
terminaron, a la postre, cayéndose en los juzgados por falta de pruebas para
sostener las acusaciones por mal uso de recursos.
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