La
Secretaría de la Función Pública (SFP)
sancionó al extitular del área de quejas del Órgano Interno de Control de la
Sedesol, Mauricio Razo, por supuestas irregularidades en la exoneración de
cuatro funcionarios presuntamente implicados en La Estafa Maestra y por dar
carpetazo, sin justificación, a las investigaciones sobre supuestos desvíos
millonarios en la dependencia.
Mauricio Razo fue inhabilitado
temporalmente por dos años del servicio público. Es una sanción que llegó un
año después de que dejara su encargo en Sedesol en 2017. Por esta sanción,
Mauricio Razo podría recurrir ante un tribunal federal para tratar de revocar,
o para que se decida si el castigo queda firme.
La
investigación al interior de la Sedesol, a partir de la cual Mauricio Razo supuestamente indagó y
exoneró el actuar de cuatro funcionarios implicados en los contratos con
universidades, derivó de informes forenses hechos por la Auditoría Superior de
la Federación (ASF), que señalaron presuntos desvíos por más de 850 millones de
pesos, a través de los convenios firmados entre la Sedesol y las universidades
autónomas del Estado de México y de Morelos.
Por esos
convenios, las universidades debían realizar una serie de servicios que
presuntamente no se cumplieron, puesto que las universidades subcontrataron a
empresas fantasma para hacerlos.
Ante estos casos, la Auditoría ha
interpuesto nueve denuncias penales ante la Procuraduría General de la
República, en 2015 y 2017.
Los
exonerados.
La
investigación de Mauricio Razo concluyó
que los funcionarios, presuntos implicados en la asignación de convenios que
terminaron en la desviación de recursos públicos, según la SFP, cumplieron con
sus funciones. Por lo tanto, los exoneró de cualquier responsabilidad.
Se trata de Emilio Zebadúa, Oficial
Mayor de la Sedesol entre 2012 y 2015, el puesto de mayor rango nombrado por la
entonces titular, Rosario Robles y, por tanto, su subalterno directo. Además,
nuevamente ocupa ese cargo en la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedatu),
encabezada precisamente por Rosario Robles desde agosto de 2015, tras dejar
Sedesol.
Zebadúa firmó el convenio
protocolario en el que establecía la relación de la Sedesol con las
universidades del Estado de México y Morelos, en marzo y mayo de 2013,
respectivamente. Aunque ese convenio fue legal, derivó en los convenios que
otros funcionarios a su cargo hicieron y cuyos recursos terminaron presuntamente
en empresas fantasma.
Los otros tres servidores públicos
investigados dependían directamente de Emilio Zebadúa y firmaron los convenios
con las Universidades de Morelos y el Estado de México, para hacer supuestos servicios de la
Cruzada Nacional contra el Hambre en 2013 y 2014, durante la gestión de Rosario
Robles.
De acuerdo con los informes de la
ASF, a través de la firma de esos convenios la Sedesol y las universidades
entregaron presuntamente a empresas irregulares 857 millones de pesos.
La investigación
periodística La Estafa Maestra documentó que entre las empresas beneficiadas
figura, por ejemplo, Grupo Comercializador Cónclave, declarada por el Servicio
de Administración Tributaria (SAT) como empresa fantasma; es decir, como
sociedad que no tiene infraestructura real, personal laborando, ni activos, y
que simula operaciones comerciales para cometer posibles ilícitos como evasión
de impuestos o desvíos de recursos púbicos.
Los funcionarios que firmaron dichos
documentos son Humberto René Islas, entonces director de Recursos Materiales de
la Sedesol, y Sonia Angélica Zaragoza, exdirectora de Recursos Humanos, ambos
dependientes directos del Oficial Mayor. Y Enrique Prado Ordoñez, exdirector de
Adquisiciones, quien era subalterno de Humberto Islas.
Estos cuatro funcionarios son parte
del equipo que repiten cargo en la Sedatu y que firmaron convenios mientras
estaban en Sedesol, ambas dependencias dirigidas por Rosario Robles, y que
derivaron en denuncias penales interpuestas por la Auditoría ante la PGR por el
presunto desvío de recursos públicos.
El análisis.
Mauricio
Razo llegó a la dirección de quejas del OIC-Sedesol el 26 de mayo de 2015. El
25 de agosto de ese año inició la investigación interna en Sedesol, contra los
presuntos servidores públicos señalados por los contratos a universidades,
quienes a su vez subcontrataron a empresas fantasma.
Poco más de
un mes después, el 1 de octubre presentó los resultados, en los que exoneró a
los cuatro funcionarios “por falta de elementos”. Y tan solo quince días más
tarde, el 16 de octubre, pasó con el mismo cargo a la Sedatu de Rosario Robles.
Junto a Mauricio Razo también pasó de
Sedesol a la Sedatu su jefe directo, el contralor interno Miguel Ángel Vega
García, quien continúa en la dependencia, según consta en el portal Declaranet.
Animal Político obtuvo una copia de
la indagatoria que realizó Mauricio Razo para exonerar a los entonces
funcionarios de la Sedesol, y de acuerdo con organizaciones como Fundar y
México Evalúa, que la analizaron, se trató de una investigación “imparcial”,
“limitada”, “sin sustento” y “carente de certeza jurídica”.
Esta misma investigación de Mauricio
Razo, incluso, fue presentada a medios por Rosario Robles, extitular de la
Sedesol entre diciembre de 2012 y agosto de 2015, como prueba de inocencia de
los funcionarios a su cargo, y para deslindarse de cualquier responsabilidad
por presuntos malos manejos en Sedesol.
Incluso, entregó una copia del
expediente a Animal Político; por eso las dos organizaciones de la sociedad
civil pudieron analizarlo a detalle.
En el
análisis, los investigadores de México Evalúa y Fundar identificaron los puntos en los que Razo hizo interpretaciones erróneas
o parciales a la Constitución, la Ley de responsabilidades de los funcionarios
públicos y la Ley de Adquisiciones, bajo las cuales debía analizar la actuación
de los cuatro funcionarios implicados en los convenios de la Sedesol con las
universidades.
Fundar concluyó en su análisis que el desempeño
del Órgano Interno de Control “fue limitado, imparcial y carecía de certeza
jurídica”. Mientras que México Evalúa señaló que la investigación “carece de
sustento” y “no hay evidencia de que haya hecho investigación propia o
diligencias para concluir que no existen elementos para sancionar a servidores
públicos de Sedesol”.
Según el
documento oficial, Razo hizo cinco
investigaciones, según los expedientes 2015/SEDESOL/DE911 y terminación DE912,
DE913, DE914 y DE918, y en todos concluyó que “no existen elementos para
atribuir presunta responsabilidad administrativa a cargo de servidores públicos
de la Sedesol, en razón de que dicha dependencia actúo en términos dos
convenios de colaboración”.
Los expertos
de Fundar sostienen que el artículo 108 de la Constitución Mexicana, y el
artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos vigente, establecen
que los funcionarios son responsables del uso del presupuesto.
Por lo tanto, recalcaron los
especialistas de Fundar, “los servidores públicos de la Sedesol eran
responsables del manejo indebido de recursos públicos por acción o por omisión
del ejercicio de sus facultades”.
Y agregaron:
“La Sedesol, al contratar servicios, es
responsable de que se cumplan los procedimientos y de mantener el adecuado y
satisfactorio aseguramiento de los bienes o recursos que erogan para dichos
fines”.
“La actuación de Razo se limitó a las
pruebas documentales presentadas por la Sedesol, pero éstas son insuficientes y
no permiten valorar si fueron aptas, idóneas o concluyentes”, advirtió Fundar.
Otro argumento de Razo para exonerar
a los funcionarios fue que si las universidades habían contratado a empresas
para cumplir el 100% de los servicios, ya no era responsabilidad de la Sedesol,
aunque esto suponga una violación a la ley de adquisiciones que solo permite
subcontratar el 49% de los servicios.
Sobre este
punto México Evalúa sostuvo que “las
subcontrataciones de las universidades no se realizaron de acuerdo con lo
mandatado en Ley de Adquisiciones, por lo que se pueden considerar violatorias
de una ley federal”.
Pese a que el Órgano Interno de
control dijo no tener las capacidades para investigar a las universidades y
aunque la Sedesol argumente que no tuvo conocimiento de los contratos con
terceros porque la universidad no le pidió una autorización previa, “esto no
exime de responsabilidades a los servidores públicos de tal dependencia
federal”, añadió
México Evalúa.
Por tanto, Razo debió hacer las investigaciones para
resolver sobre las irregularidades que planteó la Auditoría sobre el egreso,
manejo, custodia y aplicación de recursos federales por parte de la
universidad.
“El fin del Órgano Interno era
determinar la existencia o no de una actuación irregular con impacto en los
recursos públicos, así como el perjuicio a la colectividad (…). Pero la
resolución del OIC-Sedesol muestra poca imparcialidad, pues no se valoraron de
la misma manera las irregularidades del pliego de observaciones de la Auditoría
que las pruebas presentadas por los servidores públicos de la Sedesol”.
Es decir,
concluyó Fundar, “Mauricio Razo fue
exhaustivo para garantizar la presunción de inocencia de los servidores
públicos (de Sedesol), pero no en el análisis para desvirtuar o confirmar las
irregularidades”.
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