Mauricio Razo Sánchez, como titular
del Órgano Interno de Control, fue llamado 171 veces por la Auditoría Superior
de la Federación (ASF) para que realizara las investigaciones pertinentes y, en
su caso, iniciara el procedimiento administrativo contra servidores públicos
responsables de las irregularidades señaladas en las observaciones a programas
y contratos gestionados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de
2013 a 2015 y por la de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) en 2016,
periodos tutelados por Rosario Robles Berlanga.
A pesar de los insistentes llamados
del órgano fiscalizador en 2013, 2014 y 2015 sobre anomalías como la
contratación de Sedesol con recursos públicos a instancias sin capacidad para
cumplir con los servicios, que a su vez contrataban a terceros privados, Razo
les dio carpetazo argumentando falta de elementos.
En agosto de
2015, cuando Robles Berlanga fue
trasladada por el Presidente Enrique Peña Nieto de la Sedesol a la Sedatu, la
Secretaria de Estado que este martes comparece ante el Congreso decidió
continuar con Razo como cabeza del órgano encargado de quejas y sanciones.
Entonces en la Cuentas Pública 2016
se acumularon más señalamientos archivados, ahora sobre la Sedatu.
El posible daño al erario público de
2013 a 2016 se estima en 11 mil 224 millones 956 mil 667 pesos en ambas
dependencias, de acuerdo con las mil 469 páginas de la ASF revisadas por
SinEmbargo.
El funcionario público acompañó a
Robles desde que inició su gestión en la Sedesol en diciembre de 2012. Ahí tuvo
bajo su mando a 41 personas en oficinas como el Área de Auditoría Interna, de
Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, de Quejas y de
Responsabilidades. De las cuales se desprenden el Departamento de Seguimiento,
de Inconformidades y Sanciones, de Investigaciones de Responsabilidades, tres
de Quejas y Denuncias, entre otros.
Todo ese equipo tuvo la tarea de dar
seguimiento a 120 llamados de la ASF a investigar a los relacionados con el
posible daño a recursos públicos por 6 mil 558 millones 420 mil 667 pesos
correspondientes a las auditorías hechas a Sedesol de 2013 a 2015.
En la
Sedatu, el Órgano acumuló otras 51
promociones de responsabilidad administrativa por el posible daño por 4 mil 666
millones 536 mil 010 pesos en las auditorías de 2016. La ASF no ha publicado
todas las auditorías de 2017.
Fue hasta abril de 2018 cuando la
Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó a Mauricio Razo inhabilitándolo
de la administración pública por dos años.
LOS LLAMADOS
IGNORADOS.
Mauricio
Razo Sánchez, como Contralor Interno de
la Sedesol y luego de la Sedatu, tuvo las facultades y tareas de recibir quejas
y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos y
darles seguimiento; también debía investigar y fincar las responsabilidades e
imponer las sanciones respectivas y determinar la suspensión temporal del
presunto responsable de su empleo, cargo o comisión, “si así conviene a la conducción
o continuación de las investigaciones”, de acuerdo con la normativa.
Está
establecido que el Contralor debe “calificar los pliegos preventivos de
responsabilidades que formulen las dependencias, las entidades y la
Procuraduría, así como la Tesorería de la Federación, fincando, cuando proceda,
los pliegos de responsabilidades a que haya lugar o, en su defecto, dispensar
dichas responsabilidades”.
En una
auditoría de 2015, se analizaron convenios de la Sedesol con la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl, Politécnica de Texcoco y Tecnológica del Sur del
Estado de México como parte del Programa para el Desarrollo de Zonas
Prioritarias que consistió en la instalación de sistemas de agua pluvial, de
baño ecológico y de techos fijos para ser colocados en viviendas.
Ante lo
observado, la Auditoría Superior requirió al Órgano Interno que investigara a
los servidores públicos que en su gestión suscribieron los convenios sin que
las universidades contaran con la capacidad técnica, material y humana para la
realización de los objetos, y “declararon en falsedad” que no se requeriría de
la contratación con terceros para el cumplimiento de los trabajos contratados,
aunque así lo hicieron.
En el caso
de los baños ecológicos, por ejemplo, el órgano autónomo pidió al área de
Mauricio Razo que investigara a los servidores públicos que no vigilaron el
estricto cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público y su Reglamento, y contrataron a la empresa BPG Ingeniería,
en participación conjunta con la empresa Grupo Daxme y Muebles y Mudanzas, sin
verificar previamente que la propuesta económica presentada discrepaba notablemente
con las ofertas del mercado. Además, el costo real de los bienes, su
distribución e instalación es notablemente inferior a lo pagado por la Sedesol.
Para 2016, cuando Robles y Razo ya
estaban en la Sedatu, la Auditoría Superior detectó un caso parecido.
Auditó 19 convenios de Sedatu con
universidades públicas y entes públicos estatales para diversos servicios,
entre ellos, con las de Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Sinaloa u otros.
Entonces, la
petición al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano se repitió. La ASF
pidió investigar las irregularidades de los servidores públicos que en su
gestión no garantizaron las mejores condiciones en cuanto a precio, oportunidad
y calidad pertinentes para los recursos públicos del Estado, toda vez que no
constataron con evidencia documental fehaciente que las Universidades Públicas
y Entes Públicos Estatales con quienes suscribieron los convenios contaran con
la capacidad técnica, material, humana y financiera para cumplir con las
obligaciones establecidas.
Además, se comprobó que para la ejecución de los
servicios, los funcionarios de la Sedatu realizaron la contratación de terceros
en más de un 49 por ciento permitido por la Ley de Adquisiones, sin que los
anexos técnicos y órdenes de trabajo contaran con la descripción pormenorizada,
cantidad y precio unitario de cada uno de los bienes y servicios requeridos por
las áreas solicitantes, para acreditar y justificar el importe convenido.
El Órgano Interno además, es apoyada
por la Oficialía Mayor a cargo de Emilio Zebadúa González en ambas
dependencias, de acuerdo con el Manual de Organización Específico de la
Oficialía Mayor.
“[La Oficialía Mayor] coadyuva con el
OIC en la atención de asuntos relacionados con las unidades de su competencia,
designando y facultando al efecto a funcionarios de la propia Oficialía Mayor o
de las unidades administrativas adscritas a ella para que sirvan como enlaces
entre ésta y aquél”,
reza el manual.
Es decir, Mauricio Razo trabajó durante su estancia
en ambas Secretarías de manera conjunta con Zebadúa, quien también ha
conservado su puesto de Oficial Mayor en Sedesol y Sedatu.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.