Una
auditoría a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos detectó irregularidades en un contrato por
2 mil 172 millones de pesos firmado por el organismo, cuyo director es Benito
Neme Sastré –compadre del presidente Enrique Peña Nieto–, con una empresa
outsourcing. El caso implica también a dos de sus subalternos y, según el
Órgano Interno de Control, comporta un daño patrimonial de 38.5 millones de
pesos.
A pesar de
contar con más de 3 mil empleados en su nómina, Caminos y Puentes Federales de
Ingresos y Servicios Conexos (Capufe)
firmó bajo la dirección de Benito Neme Sastré un contrato de outsourcing hasta
por 2 mil 172 millones de pesos con una empresa denominada Servicios Integrales
Trujillo Romano con vigencia de diciembre de 2016 al 31 de mayo de 2019, pero
con un domicilio fiscal “fantasma” y con irregularidades evidentes en la
supuesta contratación de más de 4 mil personas.
De acuerdo
con una investigación que realiza el Órgano Interno de Control (OIC),
consultada por Proceso, se presume un
daño patrimonial de 38.5 millones de pesos por concepto de “sueldos pagados no
devengados” que involucra al administrador del contrato, Carlos Fernández
Sánchez, subdirector de Administrador de Capital Humano y Desarrollo
Organizacional.
Fernández
Sánchez y Adolfo Isaac Riveroll Sánchez, director de Administración y Finanzas
de Capufe, fueron los que firmaron el
contrato con el representante del outsourcing. Los dos subalternos de Neme
Sastré –compadre de Enrique Peña Nieto– son investigados también “por concepto
de comisión al proveedor al 30 de julio de 2018, por 28.4 millones de pesos”.
Según la
auditoría del OIC, entre las
irregularidades del contrato se encuentra la contratación de personal
administrativo “que no cumple con el perfil requerido”, pues “realiza” actividades que competen al
personal de mando de Capufe; además, “no
cumple con el objeto del contrato que especifica la necesidad de personal
especializado para la operación y administración de las unidades de atención a
usuarios, así como la operación y conservación de la red de carreteras” del
Fideicomiso Nacional de Infraestructura (Fonadin).
La empresa Servicios Integrados Trujillo Romano ha
presentado documentación apócrifa, y en la evaluación realizada de la
licitación pública nacional que derivó en este multimillonario contrato.
La Secretaría de la Función Pública
(SFP) ha detectado también que de las 12 empresas que supuestamente emitieron
documentación, 10 no existen, una tiene presunto conflicto de interés, y en el
caso de la ganadora se desconoce la autenticidad de los documentos.
Los
auditores acudieron a Lago Victoria 74, piso 11, colonia Granada, en la Ciudad
de México, donde la empresa tiene sus oficinas corporativas. Las observaciones,
cuya copia tiene Proceso, destacan que
“no se advierte ninguna razón social del proveedor”.
Sólo se
identificó un logotipo de la empresa Grupo Proyección Fiscal, sin relación
alguna con una compañía de outsourcing, “por
lo que se infiere que el personal que presentó el proveedor en su propuesta
para concursar en la licitación pública nacional no existe”.
Lo más grave
de este caso es que el propio Fernández
Sánchez ha obstaculizado el trabajo de los auditores internos y ha incurrido en
otras irregularidades, como subcontratar a su pareja sentimental con un sueldo
de 65 mil pesos, según consta en las actas y copias de la nómina consultadas por
este semanario.
Las cerca de 4 mil personas que
debieron contratar con sueldos de entre 7 mil y 8 mil pesos mensuales para dar
servicios “para la operación y administración de las unidades de atención a
usuarios, así como para la operación y conservación de la red de carreteras”
del Fonadin que administra y opera Capufe, en su mayoría no existen o no
realizan las funciones que establece el contrato 4500025581.
El contrato estipula que los comprobantes fiscales
serán autorizados por la Gerencia de Administración de Capital Humano a nombre
del Fonadin –no de Capufe–, mientras que el outsourcing deberá cubrir “el monto
autorizado para la capacitación, los viáticos generados, pasajes terrestres,
peajes y gasolina generados en las comisiones que se le asignen” al personal
especializado.
El mismo
contrato obliga al outsourcing a
“mantener y guardar en estricta y absoluta confidencialidad y reserva toda la
información o documentación que le sea proporcionada por Capufe o de cualquier
otra fuente” y “deberán abstenerse de publicarla, reproducirla o comunicarla a
personas ajenas a Capufe”.
En la
cláusula décimo octava se establece que
el outsourcing, “como empresario y patrón del personal que empleen con motivos
de los servicios del presente contrato, serán los únicos responsables de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en
materia de trabajo y de seguridad social, y se obligan a responder a todas las
reclamaciones de carácter individual o colectiva que sus trabajadores y los
sindicatos a los que pertenezcan e inclusive terceros presenten en su contra o
en contra de Capufe”.
Irregularidades
en el telepeaje.
Además de las irregularidades en este
contrato de prestación de servicios laborales, existen cerca de 800 millones de
pesos de “cuentas por cobrar” en el servicio de monitoreo de peaje que Capufe
subrogó a una empresa denominada Telepeaje Dinámico S.A. (Tedisa), con la que
se firmó en 2014 un contrato por 4 mil 250 millones de pesos, uno de los más
caros para telepeaje en las 41 carreteras que administra.
El contrato
con Tedisa debió vencer el 31 de julio
de este año, pero se amplió ocho meses, mediante adjudicación directa de
Capufe, por un monto de hasta 463 millones de pesos. Es decir, casi 5 mil
millones de pesos para una sola empresa.
El objetivo del contrato es que
Tedisa realice un control de la interoperabilidad de las carreteras y entregue
un reporte mensual a Capufe, pero la auditoría interna indica que no se ha
cumplido con lo estipulado en el contrato.
Tedisa es propiedad del empresario mexiquense
Roberto Alcántara, propietario de Grupo IAMSA y Viva Aerobús. El contrato con
esta empresa tenía por objetivo que Telepeaje Dinámico garantizara la
“interoperabilidad”, es decir, que sin importar su tag, cada conductor pudiera
cruzar cualquier caseta. Debió entrar en vigor desde agosto de 2014.
El periódico
Reforma publicó el martes 2 de octubre
que “de última hora” Banobras, en su carácter de fiduciario de Fonadin, convocó
desde el 21 de septiembre a una licitación para sustituir a Telpeaje Dinámico
en el servicio de interoperabilidad. El fallo se dará a conocer el 12 de
noviembre, 18 días antes de que termine el sexenio, y tendrá vigencia hasta el
31 de marzo de 2023.
Esta licitación de última hora se
realiza en medio de las investigaciones que realiza la SFP a las múltiples
irregularidades que existen en el sistema de telepeaje y en los trabajos de
varias de las 41 carreteras que Fonadin tiene a su cargo.
Otras
irregularidades en el manejo de las carreteras de Capufe involucran los trabajos de estabilización de la autopista
Tijuana-Ensenada, recientemente auditada por trabajos no realizados por 150
millones de pesos y otras irregularidades que ascienden a 50 millones de pesos.
La auditoría
de julio de 2017 (la número 16/127) observó
que la empresa Gluyas Construcciones “no realizó los trabajos conforme a lo
presupuestado, determinándose pagos en exceso, sin cuantificar el posible
quebranto patrimonial”.
A raíz de
esta auditoría, Capufe firmó el 17 de
mayo pasado un convenio modificatorio con la empresa para autorizarle un
“ajuste” en el precio unitario, pagándose una diferencia de 2.9 millones de
pesos a favor de Capufe.
El 14 de
mayo último, el OIC realizó una visita
de inspección en la autopista Tijuana-Ensenada y detectó deficiencias en la
integración de los precios extraordinarios, en los que se presume un daño
patrimonial por 33.4 millones de pesos derivado de errores de cálculo y falta
de soporte documental en la integración de los auxiliares que conforman la
matriz del precio, entre otras.
Apenas el pasado 10 de septiembre se
envió un informe de detección de irregularidades que implica a funcionarios de
Capufe por “actos y omisiones”.
Por esas fechas se concluyó otra
auditoría interna en la autopista Monterrey-Nuevo Laredo en la cual se
encontraron otras irregularidades, como pagos en exceso y sobreprecios, así
como falta de servicios, entre otros.
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