La
Procuraduría General de la República (PGR)
abrió una nueva carpeta de investigación por una denuncia de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), sobre un posible fraude que ascendería a 100
millones de pesos cometido con la modalidad de La Estafa Maestra, es decir, a través de convenios firmados con
universidades por servicios que estas no realizan y que terminan subcontratando
con otras empresas, todo ello sin licitaciones de por medio.
En este caso la denuncia involucra dos convenios que la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) firmó en 2015 con la Universidad
Autónoma de Zacatecas; esto durante las últimas semanas de la gestión de
Rosario Robles. El objetivo de dichos convenios era fortalecer los padrones de
beneficiarios de programas sociales.
Por estos
servicios Sedesol pagó 222 millones de
pesos. Al final, las empresas subcontratadas irregularmente supuestamente
realizaron todo el trabajo por 116 millones, sin que haya claridad de dónde
quedó el resto del dinero.
Las
irregularidades encontradas en este caso son resultado de la auditoría
financiera 277-DS relacionada con la Cuenta Pública 2015. Esta es la cuarta denuncia penal que se desprende de dicha auditoría.
En enero
pasado, Animal Político reveló las
primeras tres denuncias derivadas de la auditoría 277-DDS por convenios que la
Sedesol firmó con dos universidades públicas del Estado de México y una más con
la Universidad Politécnica de Chiapas, y en los que también hubo múltiples
irregularidades. Dichos convenios fueron firmados y pagados tanto en la gestión
de Rosario Robles como en la de José Antonio Meade al frente de Sedesol.
Con este nuevo caso ya suman 18 las
averiguaciones previas y carpetas de investigación que la Procuraduría General
de la República inicia por presuntos fraudes y desvíos con la modalidad de La
Estafa Maestra.
Dinero
desaparecido, el nuevo fraude.
La nueva denuncia penal se presentó
el pasado 12 de septiembre ante la Subprocuraduría Especializada de
investigación de Delitos Federales de PGR.
De acuerdo
con la misma, la Sedesol firmó dos
convenios con la Universidad Autónoma de Zacatecas, ambos para que se
realizaran trabajos orientados a integrar y fortalecer padrones de
beneficiarios de programas sociales.
El primer convenio fue por un monto
de 52 millones 200 mil pesos, y el segundo por 170 millones 520 mil pesos.
Para asignar estos recursos no hubo
licitación ni competencia alguna. Como es habitual en el esquema de La Estafa
Maestra, la dependencia involucrada asignó directamente el recurso a una
universidad aprovechando una cláusula establecida en el artículo 1 de la Ley de
Adquisiciones, que exenta de dicho procedimiento a los contratos que se firmen
con instituciones públicas.
La condición
que se establece es que sea la institución pública, en este caso la Universidad
Autónoma de Zacatecas, la que realice los servicios. De hecho, como parte del
procedimiento, la institución tiene que asegurar que cuenta con el personal
para llevar a cabo los servicios que se le asignan.
Pero lo que los auditores encontraron en este
caso (como en todos los demás) es que la Universidad terminó “subcontratando la
totalidad de los trabajos que entregó a Sedesol”. Lo hizo firmando contratos
directamente con dos proveedores privados, sin que hubiera algún proceso
público o de competencia que garantizara que esos eran los proveedores más
adecuados.
“La Universidad de Zacatecas al haber
subcontratado la totalidad de los trabajos, se demostró que la SEDESOL no
aseguró las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, oportunidad
y demás circunstancias pertinentes”, indicaron los auditores.
El informe
de resultados de la auditoría señala que
sí existe constancia de que los servicios se llevaron a cabo por las empresas
subcontratadas por la Universidad, pues hay copias de que los estudios se
entregaron. Esto sin que se verificara la calidad de los mismos.
Sin embargo,
lo detectado por los auditores y que
representa un posible fraude al erario público, es que la Universidad
transfirió mucho menos dinero a las empresas que realizaron el 100 por ciento
de los servicios, sin que haya constancia de dónde está el resto del dinero o
en qué se habría usado.
Por ejemplo,
en el caso del convenio por el cual
Sedesol transfirió a la Universidad Autónoma de Zacatecas 52 millones 200 mil
pesos, dicha institución pagó al proveedor subcontratado 25 millones 578 mil
pesos. Y en el caso del segundo convenio por el cual la Universidad recibió 170
millones, lo que se pagó al proveedor fueron 90 millones 911 mil pesos.
Lo anterior significa que la Sedesol entregó a la
Universidad 222 millones 720 mil pesos por los dos convenios, pero dicho
plantel solamente gastó (subcontratando indebidamente a terceros) 116 millones
489 mil pesos que realizaron el 100 por ciento del trabajo. En estas
triangulaciones quedaron en el aire entonces más de 106 millones de pesos.
Es por ello
que la ASF presentó la denuncia penal
ante la PGR, con la finalidad de que se investigue a fondo el destino del
dinero y se proceda en contra de los servidores públicos o ex servidores
públicos que resulten responsables.
Muchas
denuncias, varias congeladas.
El pasado 29
de junio el titular de la ASF, David Rogelio Colmenares Páramo, dio a conocer
que su institución había presentado hasta ese momento 17 denuncias penales ante
la PGR, por las irregularidades cometidas en la contratación irregular de
servicios abusando de las excepciones del artículo 1 de la Ley de
Adquisiciones, casos periodísticamente conocidos como La Estafa Maestra.
Dichas denuncias, dijo el auditor,
involucraban un monto de 3 mil 37 millones de pesos hasta ese momento.
Con este nuevo caso entre la Sedesol
y la Universidad de Zacatecas, el balance asciende a 18 denuncias penales
presentadas por la ASF, por un monto que ya sobrepasa los 3 mil 100 millones de
pesos.
Hasta ahora el estatus oficial de
todas las averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por PGR
a partir de estas denuncias es en integración.
Ningún caso
ha sido enviado, hasta ahora, ante un juez federal y tampoco se ha procedido
penalmente en contra de algún funcionario responsable.
En una
reunión con periodistas el pasado 3 de octubre el subprocurador de Delitos
Federales de PGR, Felipe Muñoz, reveló
que varias de las averiguaciones previas abiertas por estas denuncias ya tienen
un grado de avance importante y prácticamente estaban listas para ser
consignadas ante un juez.
Sin embargo,
Muñoz dijo que se tomó la determinación
de dejarlas en espera ya que las investigaciones se hicieron a partir de datos
bancarios obtenidos sin autorización de un juez, facultad con la que contaba la
PGR antes de un criterio de la Suprema Corte emitido a finales del año pasado,
y en el que se establece que romper el secreto bancario es ilegal si no hay un
aval de un jugador.
En ese
contexto Muñoz dijo que esos casos
tendrán que esperar hasta que quede claro si la Corte aplicará retroactivamente
ese criterio. De ser el caso, habría que reiniciar las investigaciones desde
cero.
Animal Político publicó el pasado 19
de septiembre que por el caso de La Estafa Maestra hay 11 exfuncionarios
sancionados, pero se trata de procesos administrativos llevados por la
Secretaría de la Función Pública, y no de los casos penales a cargo de PGR.
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