La
Procuraduría General de la República
(PGR) presentó un nuevo argumento legal para no cumplir la resolución del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI) que la obliga a transparentar la carpeta del caso
Odebrecht, revela un documento obtenido por este medio.
Con el argumento de que podría
violarse el principio de presunción de inocencia y la secrecía de las carpetas
de investigación que se aun encuentran abiertas, la PGR respondió al INAI que
antes de dar cumplimiento al resolutivo acordado por el Pleno del Instituto el
pasado 2 de octubre,
deberá esperar un pronunciamiento del Órgano Interno de Control (OIC) de la
propia procuraduría.
Mediante un
escrito entregado al INAI el pasado 12 de octubre, la PGR advirtió que la consulta a su órgano de control interno es para
no incurrir en responsabilidades administrativas y penales por una presunta
violación a la secrecía de la investigación y para no violar presunción de
inocencia de las personas imputadas en dicha indagatoria
De manera
paralela, sin que exista una petición
expresa de la PGR y sin que haya sido parte del litigio, el Consejo de la
Judicatura Federal solicitó al INAI una copia de la resolución del caso
Odebrecht, con el objetivo de pronunciarse sobre la procedencia de un posible
recurso de revisión extraordinario que puede interponer la Presidencia de la
República, en este caso para negar la información con el argumento de que se
vulnera la seguridad nacional o de que se trata de un caso de delincuencia
organizada.
El Consejo
de la Judicatura, mediante su Comité de Transparencia, solicitó al INAI que le notifique todos los recursos de revisión
administrativa de las dependencias de gobierno que nieguen algún tipo de
información pública por estimar que hay un riesgo a la seguridad nacional o que
tienen relación con la delincuencia organizada.
Ante estos
dos hechos, fuentes del INAI consultadas
por Aristegui Noticias prevén que PGR podría incumplir la entrega de la carpeta
de investigación, puesto que el plazo legal vence el próximo 2 de noviembre.
En tal
situación, la PGR a cargo de Alberto
Elías Beltrán podría incurrir en un desacato y los servidores públicos que se
nieguen a transparentar la carpeta se podrían hacer acreedores a una multa y al
inicio de un proceso para fincarles responsabilidad administrativa.
La resolución pública del INAI dice
que elaborar una versión pública del caso Odebrecht no viola el debido proceso ni
la presunción de inocencia de los implicados, debido a que se trata de un
ejercicio de rendición de cuentas ante el reclamo social que existe para
aclarar hechos de corrupción.
Incluso, ante el argumento de que el expediente
contiene datos susceptibles de ser clasificados como confidenciales o
reservados, mismos que pueden eliminarse en una versión pública, el INAI
argumentó que el interés y el beneficio de la sociedad sobre este caso es mayor
a la reserva del mismo.
“La clasificación de la información
como reservada argumentada por la PGR, no puede considerarse como una regla
absoluta, pues es preferible dar a conocer la información por interés público
en un caso trascendental como este, ya que mantenerla en secrecía ocasiona
mayores perjuicios en un régimen democrático” estimó el INAI en su resolución del pasado 2 de
octubre.
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