Una prisión federal en
el norte de México, proyecto de BlackRock, inició sus operaciones, informó el
Gobierno, parte de la iniciativa de expansión en infraestructura del
administrador de activos más grande del mundo.
Una portavoz de la Comisión Nacional de Seguridad, Órgano
Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) dijo que los internos comenzaron a llegar
al Centro Penitenciario Coahuila en agosto y que al final de ese mes había 139
personas.
El Gobierno mexicano es responsable de la seguridad de la
prisión mientras que una subsidiaria de
BlackRock se encarga de alimentos y mantenimiento.
El contrato para
construir y mantener la prisión se otorgó hace casi ocho años a otra empresa. Sin embargo, BlackRock asumió el proyecto en 2016, después de que el Gobierno
mexicano hizo cambios en la prisión y aumentó los pagos prometidos.
BlackRock recibirá al
menos 1, 281 millones de pesos (65.5 millones de dólares) de pagos anuales
durante 20 años para cubrir la construcción, alimentos y otros mantenimientos, según documentos obtenidos por
Reuters a través de una solicitud de información y un informe de la Auditoría
Superior de la Federación.
Ni el gobierno ni
BlackRock confirmaron la nueva cifra, que fue calculada por Reuters.
Durante los últimos
años, el administrador de activos ha profundizado su inversión en
infraestructura, principalmente en proyectos como carreteras de peaje, energía
eólica y tuberías.
La empresa dijo en un comunicado que cualquier retorno del
proyecto iría a los clientes mexicanos. "BlackRock ha estado trabajando
con el gobierno para completar de manera efectiva y eficiente las instalaciones
de Coahuila, que ahora están en funcionamiento," dijo.
El penal es el último
en abrir de ocho prisiones semiprivadas, comprometidas por el expresidente
mexicano Felipe Calderón, para reducir el hacinamiento crónico. Su programa fue
criticado por organizaciones civiles.
Desde que se introdujo un nuevo sistema de justicia en 2016,
la población carcelaria de México ha disminuido ya que menos delitos merecen la
detención automática previa al juicio.
OADPRS, que ha tenido
seis líderes diferentes bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto,
originalmente otorgó el contrato de Coahuila a la constructora mexicana Grupo
Tradeco en diciembre de 2010.
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