Comunidades de Chiapas y Puebla
lograron frenar cuatro importantes proyectos mineros a los que venían
oponiéndose desde el año 2015 por considerar que violaron sus derechos al no
ser consultados cuando se otorgaron las concesiones.
Este
domingo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) suspendió de manera total las actividades del proyecto
denominado: “Aprovechamiento Integral de Recursos Minerales ubicado en el Ejido
Nueva Francia” del municipio de Escuintla, Chiapas.
La Profepa decidió sancionar a la empresa minera Obras
y proyectos Mazapa SA de CV, extractora de titanio, por carecer de autorización
en materia de cambio de uso de suelo de terrenos forestales que expide la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), además de la
apertura de brechas y caminos de acceso con una afectación aproximada de 5 mil
629 metros cuadrados, donde se removió suelo y vegetación forestal.
Desde 2015, habitantes de Nueva Francia se unieron al
Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS), que se mantiene en resistencia
de 21 concesiones mineras promovidas por el Gobierno estatal y federal en los
municipios de Acacoyagua y Escuintla.
El Frente conformado por habitantes
de los dos municipios afectados se comprometieron a defender la tierra y
proteger ecosistemas importantes para la biodiversidad chiapaneca como lo son:
los ríos Cacaluta y Jalapa, el Bosque de Niebla de la Reserva de la Biósfera
del Triunfo y de los manglares de la Encrucijada.
Los
habitantes desde hace tres años han
demandado la presencia de la Profepa y de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) para que verificar el impacto ambiental que ocasionan cada una de
estas empresas en su territorio.
A tres años
de protesta, la Profepa realizó una
inspección el 14 de febrero del 2018 a Nueva Francia, en la que constató que el
Proyecto no cuenta con autorización en materia de cambio de uso de suelo
expedida. Además, observó la afectación de aproximadamente 5 mil 629 metros
cuadrados.
“Se considera hubo remoción de suelo
y vegetación hubo remoción de suelo y vegetación de las especies Tepenahuaste,
Laurel (Hormiguillo), Capulín (Prunus salicifolia), Chile Blanco, Castaño
(Castanea sativa), Hormiguillo (Cordia alliodora) y Zacate insurgente”, indicó el comunicado.
El Proyecto consta de una superficie
de 3.3 hectáreas, dentro de las cuales se llevó a cabo la apertura de brechas o
caminos de acceso, con una longitud aproximada de 804 metros y un ancho promedio
de 7 metros.
EN PUEBLA
AMPARAN A COMUNIDADES.
Integrantes del pueblo Maseual
(nahua) de la Sierra Nororiental de Puebla obtuvieron un amparo y protección de
la justicia en contra de las concesiones mineras Atexcaco I, Atexcaco II y
Macuilquila, que afectan principalmente sobre los municipios de
Tlatlauquietepec, Yahonoahua y Cuetzalan.
La sentencia, otorgada el pasado 26
de septiembre por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil,
Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla,
sienta un precedente importante respecto de la minería en territorios
indígenas.
De acuerdo
con un comunicado difundido por el Centro Nacional de Comunicación Social AC
(Cencos), en marzo del 2015 el pueblo
Maseual interpuso una demanda de amparo después de varios procesos de reflexión
colectiva y por mandato de la Asamblea, que determinó defender el territorio
ancestral y por lo mismo reclamar los actos de autoridad.
La decisión de interponer esta
demanda de amparo fue por considerar que estos actos de autoridad constituyen
una grave violación al derecho del pueblo maseual a la libre determinación y
control de su territorio, derechos de los pueblos indígenas consagrados en la
Constitución Mexicana y en varios tratados internacionales ratificados por
México.
Después de
varios años de litigio, el pueblo
maseual obtuvo una sentencia favorable donde se le ordena a la Secretaría de
Economía (SE): dejar sin efectos las tres concesiones mineras, así como su
inscripción en el Registro Público de Minería; llevar a cabo una consulta
previa, informada, culturalmente adecuada, y de buena fe; y emitir un nuevo
pronunciamiento respecto la procedencia de las concesiones.
En septiembre de 2014, tres mil
indígenas maseual reunidos en asamblea en la comunidad de Zacatipan, municipio
de Cuetzalan del Progreso, Puebla, ejercieron su derecho a la autonomía y
encomendaron al Consejo Maseual Altepetajpianij llevar a cabo las acciones
necesarias para la defensa del territorio.
Con la asesoría del Centro Mexicano
de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), se presentó la demanda de amparo alegando
la inconstitucionalidad de la Ley Minera, así como la violación de los derechos
del pueblo maseual a la autodeterminación y al control de los recursos
naturales por la expedición de las concesiones mineras referidas.
En la
sentencia, el Juzgado reconoció tal
ejercicio de autodeterminación, junto con los peritajes en antropología,
impacto ambiental y topografía y agrimensura, para corroborar el interés
legítimo para acudir al juicio de amparo del pueblo Maseual.
Con base en el peritaje en impacto
ambiental, la Jueza reconoció que la actividad minera “conlleva afectaciones en
el ecosistema y sus habitantes, que transitan desde un impacto negativo en la
biodiversidad, flora, fauna, en el ciclo hidrológico, sistema hidrogeológico,
(subterráneo y superficial), calidad del agua, composición del suelo,
agricultura, servicios de aprovisionamiento, de regulación de clima, de
crecidas, de inundaciones, de control de erosión, depositación de sedimentos,
sequías, regulación de enfermedades, purificación del agua y fertilización de
suelos; hasta influencia relevante en la calidad del aire, ruido y modificación
de la topografía y del paisaje”.
Este fallo
judicial, destacó Cencos, “deja en claro
que el marco jurídico de la minería en México debe ser revisado y modificado,
pues es imprescindible que se garantice la autonomía de los pueblos indígenas y
comunidades equiparables y no se interfiera con el control cultural de los
recursos naturales tradicionalmente manejados”.
De acuerdo
con datos del Sistema Nacional sobre Economía Minera, en México operan un total de 345 mineras, de las cuales 21 son
mexicanas.
Un documento
de Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC, cita cifras de la SE: hasta julio de 2016, existían en toda la
República Mexicana 25 mil 178 títulos de concesiones mineras vigentes en 22
millones de hectáreas.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.