Georgina
Morett.
Es increíble
que el gobierno entrante plantee disminuir y casi acabar con las áreas de
comunicación de las dependencias, cuando nos ha quedado muy claro que uno de
sus principales problemas es precisamente la comunicación.
Nos
mantuvieron en la expectativa respecto a la información de la consulta
ciudadana para el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, y cuándo Jesús
Ramírez, futuro coordinador de Comunicación Social, da una conferencia de
prensa respecto a este tema, nos deja claro que nunca se comunicó con los
legisladores de su propio partido.
Aunque
parezca absurdo, la respuesta a la organización de la consulta no vino de los
priistas, quienes al parecer optaron por convertirse en una oposición dócil,
quizá en la búsqueda de fortalecerse hacia 2024; no, vino de los morenistas.
Y no de
cualquier morenista, o de cualquier legislador, la respuesta la dieron el
presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y el coordinador de
la bancada de Morena en el Senado.
Ricardo
Monreal manifestó, de acuerdo con información del periódico Reforma, que
“nosotros no vamos a financiar nada, primero porque estamos en un proceso de
austeridad, sólo disponemos de nuestra dieta; y segundo, porque se está
llevando a cabo esta consulta por el Presidente electo y su equipo, y de
ninguna manera nos han planteado alguna situación económica adicional a la que
están viendo ellos”.
Y Porfirio
Muñoz Ledo señaló que “no haya noticias cruzadas sin fundamento. Evidentemente,
los diputados no vamos a financiar nada de eso, absolutamente. Pasó el tiempo
en que los diputados de Morena o antes del PRD, enviaban recursos para la
campaña del Presidente electo. Ahora no, ya ganamos, ya no tiene sentido”.
Pero claro
que en esta lucha soterrada por heredar el poder, el grupo contrario tanto a
Ricardo Monreal como a Porfirio Muñoz Ledo expresó su anuencia de pagar la
consulta.
Mario
Delgado, del equipo de Marcelo Ebrard, quien ha tenido un enfrentamiento por la
titularidad de la oficina de Comunicación Social en el Palacio de San Lázaro,
contradijo al presidente de la Mesa Directiva al señalar que los legisladores
“sí pagarán la consulta” para la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad
de México mediante una aportación voluntaria.
Y como
muestra de la falta de comunicación entre los integrantes de lo que será el
nuevo gobierno, está este botón que nos lleva inevitablemente a la preocupación
respecto a nuestro futuro.
Porque el
problema no es sólo de dónde saldrá el dinero para la consulta, lo más
importante es que no cumple con los requisitos constitucionales de ser
convocada por el Congreso de la Unión a petición de: 1) el presidente de la
República; 2) el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las
Cámaras del Congreso de la Unión; o 3) los ciudadanos, en un número
equivalente, al menos, al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores.
Y sería
bueno que el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez
Espriú, recordara que para ser vinculatoria se requiere una participación de al
menos 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de
electores.
A la Suprema
Corte de Justicia de la Nación le corresponde resolver sobre la
constitucionalidad de la consulta; y al Instituto Nacional Electoral, la
organización.
Pero aquí
nos queda otra duda si los legisladores consideran que no les corresponde
financiar al nuevo gobierno, ¿cómo entregarán a su partido el 50 por ciento de
su dieta como dicen sus estatutos? Habrá que ver si cumplirán con sus
documentos básicos.
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